A propósito de la fallida creación del régimen laboral de jóvenes, muchas personas y medios de comunicación defensores de la Ley trataron de destacar sus ventajas y responder a sus cuestionamientos[1].
Valgan verdades, el objetivo de la norma era impecable e invitaba al consenso: buscaba aumentar la empleabilidad de los jóvenes ya que éstos tienen mayores problemas para insertarse en el mercado laboral. Para lograrlo era necesario crear un régimen especial que regule la prestación de sus servicios y que contemple beneficios acordes con su experiencia y productividad (que no podrán ser equivalentes al régimen general). Asimismo, era necesario establecer incentivos a las empresas para que capaciten a los jóvenes una vez que hayan sido contratados con el propósito de asegurar su permanencia en el mercado de trabajo.
Cabe recalcar que hablo de mejorar la empleabilidad y no de formalizar los vínculos ya existentes: desde mi punto de vista no es posible regularizar los actuales contratos de trabajo informales que emplean a los jóvenes bajo este nuevo régimen ya que éstos deberán regirse por el régimen general[2].
Por otro lado, ya hemos señalado en otro trabajo que el protagonismo exclusivo y excluyente de las normas laborales de cara a la formalidad –en nuestra opinión- no parece lo más determinante[3]; pero nos encontramos ante un tema debatible, donde existen estudios, cifras, referentes y tesis para ambas orillas y donde de modo alguno existe una última palabra.
Pues bien, frente a este panorama nos asalta una duda: ¿por qué esta norma no tuvo una tasa de aprobación favorable en la población? El hecho que se haya adelantado su discusión a una sesión extraordinaria antes de debatirla en la Comisión Permanente del Congreso evidenciaba el temor del gobierno de su probable derogación, situación que al final ocurrió.
No quiero con esto afirmar que la popularidad o no de una norma tiene correspondencia directa con su idoneidad o calidad. Tal afirmación sería un absurdo y estamos lejos de tal posición.
Pero sí sorprende que pese al apoyo que ha tenido esta Ley desde el gobierno, de varios partidos políticos en el debate de su promulgación, de renombrados estudiosos y de determinados medios, haya tenido un resultado tan pobre de acuerdo a las encuestas realizadas por DATUM[4]e Ipsos[5]:
*Hacer clic en los gráficos para apreciar con claridad.
Es más, mientras más se conocía la Ley, la desaprobación aumentaba.
Asimismo, es interesante que la mayor desaprobación apareciera en los sectores socioeconómicos más altos en comparación con los sectores más bajos[6].
Claro está que estos pobres resultados tienen como punto de inicio la actuación del gobierno quien no tuvo la pericia ni la visión para promover, convencer y defender una regulación que –sin ninguna sorpresa- tendría serios cuestionamientos de parte de las centrales sindicales y de un sector académico especializado en lo laboral[7]. Esta responsabilidad es evidente.
Así también lo señala Godoy[8] pero añade que la respuesta desfavorable al nuevo régimen también proviene de “cierto malestar con el modelo”. Para él, quienes “han protestado son los hijos de una clase media que se sacrificó con la promesa de un futuro mejor a través del ajuste y las nuevas reglas de mercado” y que tal esfuerzo aún no ha sido recompensado. Finalmente, plantea que los movimientos que se han planteado contra la nueva regulación carecen de un liderazgo político, así “quienes marchan no confían en el APRA ni en el fujimorismo, partidos vistos como oportunistas” y, de otro lado, “la izquierda se subió a la ola de la protesta, pero difícilmente capte a muchos con sus propuestas.”
Una visión distinta, sobre los magros resultados de aprobación del régimen laboral de jóvenes, tienen aquellos que apoyan la iniciativa legislativa[9].
Así, en la editorial de El Comercio se señala que tal desaprobación ha tenido mucho que ver con “la manera astuta como los demagogos de siempre le han vendido el tema a la población –ganándole, lamentablemente, la batalla de la comunicación a un gobierno que la inició muy tarde (…). Después de todo, si la ley trata de ´quitar derechos´ a los trabajadores jóvenes, ¿quién podría estar de acuerdo con ella?”
Aunque no define “quienes son los demagogos de siempre”, le queda claro al diario que si la población conociera el nivel de informalidad existen en nuestro mercado laboral y las resistencia de dicho mercado para la contratación de jóvenes, otra sería la historia: “Si esto fuese conocido o entendido, este Diario se resistiría a creer que habría quien salga a protestar de buena fe en nombre de la ´justicia social´ porque se está dando una ley que hace más barato – y por lo tanto más posible– que parte de personas que hoy no tienen ningún derecho laboral pasen a acceder a alguno de ellos.”
Asimismo, la editorial orienta la crítica a quienes atacaban a la norma de una perspectiva que no toma en cuenta las realidades económicas y aterriza en ejemplos donde la flexibilidad laboral ha obtenido beneficios para los trabajadores: “¿Por qué tendría que importarme, por ejemplo, entender cuáles son las mejores formas de generar más inversión y crecimiento de modo que pueda haber más riqueza y mayor demanda por los trabajadores si puedo asumir simplemente que el legislador es como el Dios del Génesis, que puede decir: ´Créese tales y tales derechos para los trabajadores´, para acto seguido verlos hechos realidad? ¿Por qué tendría que preocuparme por mirar, por ejemplo, el caso de los valles agroexportadores de la costa peruana donde hace mucho tiempo rige un régimen laboral especial más flexible que el general –es decir, con muchos menos “derechos” mandados por ley– y donde, sin embargo, los jornales de los trabajadores suben continuadamente, año a año, por efecto de la competencia que existe por ellos?”
Finalmente, señala que quienes lideraron las marchas fueron las asociaciones sindicales por culpa de los (nuevamente mencionados y no aclarados) demagogos y que hubo también una ausencia multitudinaria: “de esa enorme mayoría de jóvenes peruanos que, no teniendo trabajo formal, no pertenecen a sindicato alguno y no ven ninguno de sus derechos laborales puestos en riesgo por esta ley porque, sencillamente, no tienen ni uno solo de ellos.«
En suma, parece haber consenso en que una buena parte de la desaprobación del régimen laboral juvenil recae sobre los hombros del gobierno. Sin embargo, mientras unos opinan que se trataba de una protesta al margen de las organizaciones sindicales y de los partidos políticos; otros, mas bien, sostienen que estas instituciones lideraron las marchas y protestas contra el régimen especial y que son ellos quienes han capitalizado los resultados de la desaprobación que antes hemos reflejado[10].
En realidad, quienes escudan o embisten a la norma de manera honesta (es decir, con información, estudios, estadísticas, uniendo el plano jurídico y el plano económico; en suma con argumentos y no con frases huecas) han contribuido a sumarle protagonismo a las noticias laborales, sobre todo aquellas relacionadas a los cambios normativos y a la informalidad laboral[11].
Sin embargo, en ambos enfoques parece obviarse un hecho de vital importancia que podría sumarse a los intentos de explicar el fracaso de la aprobación ciudadana del nuevo régimen laboral de jóvenes: la experiencia propia o de terceros en el trabajo y nuestro comportamiento como empleadores o como representantes de los trabajadores. De ese modo, parte de los decepcionantes resultados es también responsabilidad nuestra.
Me explico: los jóvenes –y los no tan jóvenes- que han salido a las calles a protestar y aquellas personas que han respondido a las últimas encuestas en contra del nuevo régimen (desde los distintos estratos sociales), a diferencia de lo que piensan algunas personas, no se han sometido a las directivas de un partido político o forman parte de organizaciones sindicales.
Las centrales sindicales en un país que tiene una tasa de afiliación menor al 6% de la población económicamente activa (dejando de lado el sector público al cual no se dirige la norma), no tienen la posibilidad de organizar a las personas que han participado de las protestas ni mucho menos convencer a grupo tan heterogéneo de ciudadanos en contra del nuevo régimen.
Todo lo contrario: se trata de una movilización que aglutina una indignación o rechazo a una regulación -que piensan- no va a generar mayor empleo sino precarizará los puestos de trabajo futuros. La fórmula “van a tener trabajo los que aún no acceden a él” y, por tanto, no existe ninguna reducción de derechos “porque no es posible reducir aquello que no se tiene” no ha tenido eco.
Y este rechazo no se basa en los discursos políticos, ni en sesudos tratados económicos o jurídicos laborales, sino en la propia experiencia laboral de los jóvenes y de los que fueron jóvenes[12], que han sido testigos de excepción de la apatía y aprovechamiento de sus empleadores o representantes. Es ahí, precisamente, donde nuestro grado de responsabilidad se encuentra presente.
En efecto, el trabajo juvenil en nuestra realidad ha tenido como característica ser precario e informal. Y la precariedad no sólo alcanza a los jóvenes menos cualificados (o que no tienen estudios universitarios o técnicos) ni a las microempresas sino que es transversal a todos las parcelas educativas y a todas las organizaciones.
Como empleadores o representantes –en una gran parte- no nos hemos preocupado del empleo juvenil; en los hechos les hemos pedido a los jóvenes sacrificios y la esperanza de un mejor futuro y terminamos otorgándoles menores beneficios, o peor aún les desconocemos sus derechos o no los promovemos.
¿Qué le sucedía a nuestra generación cuando recién empezaba a realizar sus prácticas o se insertaba inicialmente en la vida laboral? Existía algo muy común (pese a que la norma lo prohibía) que era “trabajar sin pago o con una retribución casi inexistente”[13].
El economista Morón revela en uno de sus artículos que “Mi primer trabajo a los 18 años fue como practicante en la Gerencia de Finanzas del Banco de la Nación. Lo conseguí gracias a los contactos de mi papá, porque yo recién había cursado un año de carrera. No me pagaron nada, pero aprendí mucho.” [14]
Pues lo anterior era un incumplimiento del ordenamiento legal (o llámenlo, si prefieren, una informalidad). Lo curioso es que esto no sólo ocurría con las pequeñas empresas sino que era recurrente en las empresas estatales y en las entidades privadas de renombre. En la actualidad gracias a la fiscalización y al cambio normativo de las prácticas pre y profesionales, estos escenarios parecen haberse reducido, pero siempre encontramos noticias que puedan darnos la contra: hace poco la cocina peruana fue objeto de denuncias por la informalidad que se presentaba en algunos grandes restaurantes (no en el carretillero de la esquina) que mereció la sanción pública de la ciudadanía y motivó algunas respuestas (a veces prudentes y otras francamente inconsistentes) de determinados cocineros[15]. Nuevamente, se tratan de casos distintos a las economías sumergidas o informales integrales: son decisiones de informalidad parciales de entidades que prefieren ser formales en otras esferas y no en lo laboral.
¿Cuántos despachos o estudios de abogados emplean a sus abogados bajo un régimen de trabajo? ¿Cuántos medios de comunicación cumplían con la totalidad de los derechos laborales hasta hace algunos años? Lamentablemente pocos.
Hace poco el hermano de un amigo renunció a una reconocida organización no gubernamental que defiende derechos fundamentales de los ciudadanos. Pues bien, tras diez años de servicios ininterrumpidos; brindados bajo una relación de dependencia y realizados de manera exclusiva, nunca le habían pagado ningún beneficio laboral “porque no son una entidad lucrativa”. Intentó reclamar sus beneficios sociales al momento de su cese y la reconocida organización –de manera inverosímil- no le quiso reconocer ningún pago, es más, se indignó por el reclamo.
¿Cuántos sindicatos o federaciones incluyen, en su agenda pública, temas como la informalidad, la productividad o el fortalecimiento del empleo juvenil?
¿Cuánto de nosotros cumplimos en otorgarles a las personas que realizan el trabajo doméstico en nuestros hogares todos los beneficios que la Ley contempla?[16]
¿Qué tipo de legitimidad tiene una norma que es auspiciada por el Estado, quien como empleador ha tenido una conducta errática que incluye desde contratos laborales encubiertos hasta normas que lo escudaban frente a las acciones de pago de deudas reclamadas por sus trabajadores?[17]
Curiosamente en todos estos ejemplos no estamos hablando de micro o pequeñas empresas u organizaciones atomizadas. Los jóvenes aspiran y quieren ser parte de grandes organizaciones, de quienes lideran el mercado, observan a los líderes y se entusiasman; pero también se desilusionan si corroboran que el liderazgo no se equilibra con el respeto de las normas legales (sobre todo de las laborales).
Trahtemberg, en un artículo ya clásico, señala que “La mala imagen de los empresarios ya les ha costado bastante a lo largo de nuestra historia no tan distante (…). Si los empresarios quieren mejorar su imagen y convertirse en un actor social confiable, tienen que asumir algunas iniciativas en el terreno ético, educativo y en sus estrategias de comunicación social, que es una de sus debilidades. (…) Los gremios empresariales y los propios empresarios individuales tienen que asumir roles sociales solidarios y educativos más visibles, incluyendo acciones de reivindicación de la conducta ética como un valor al que aspiramos todos. De lo contrario, perderán la oportunidad de contribuir no solo a la paz social sino al desarrollo de una cultura de respeto al empresariado, que tiene un alto valor preventivo para los momentos de tensión más críticos por los que pueda pasar nuestro país.”[18] Este mismo discurso se les aplica a las centrales sindicales y a los empleadores que no tienen una actividad lucrativa.
Seamos sinceros, la indignación de los jóvenes no es el logro de los demagogos, ni de los sindicatos, ni del oportunismo de algún político, ni del error de algún catedrático bienintencionado.
La indignación nos pertenece ya que como empleadores (estatales o privados, lucrativos o no) y cómo representantes no hemos cumplido con ellos. Nos hemos aprovechado de su necesidad de empleo, de aprender, de la esperanzadora integración en el mundo laboral a fin de otorgarles migajas de beneficios y/o derechos “ya que lo importantes es aprender”. En el caso de las organizaciones sindicales, la estrategia ha sido concentrarse –de forma pública- en los asalariados más que en los que posiblemente lo serán o que siéndolos, son informales; lo que de alguna manera los aleja de gran parte de la población económicamente activa.
Y luego de ello, nosotros –ingenuamente- pretendemos que entiendan que la creación de un régimen menos costoso para el empleador en realidad busca favorecerlos. ¿Cómo vamos a favorecerlos si ni siquiera hemos podido cautelar los beneficios laborales de los actuales jóvenes que laboran en organizaciones visibles y mayormente formales salvo en el aspecto laboral?
Quizá el primer paso, para que los jóvenes entiendan que su situación es crítica y que se requiere de una modificación integral a fin de acogerlos en el mundo laboral, es que cambiemos nosotros: evidenciar que nos interesan.
Existe –qué duda cabe- una lucha pendiente contra la empleabilidad de los jóvenes. Pero es absurdo pretender que los jóvenes apoyen medidas legislativas que- teniendo una intención de empleabilidad- no vengan acompañadas de un esfuerzo de nosotros como empleadores y representantes para sujetarnos a la legalidad y velar por sus intereses. Definitivamente, si ser “pulpín” es ser “inexpertos” o “monses”[19], los pulpines hemos sido nosotros; no los jóvenes.
[1] Algunos ejemplos: http://elcomercio.pe/politica/opinion/utopia-jaime-althaus-noticia-1780936, http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/juventud-robada-alfredo-bullard-noticia-1779677, http://vozliberal.blogspot.com.es/2014/12/el-progresismo-pulpin_21.html o http://semanaeconomica.com/article/economia/150819-ley-pulpin-tres-mitos-sobre-ella-que-es-necesario-desmontar/.
[2] Ver: http://enfoquederecho.com/algunos-comentarios-a-la-ley-que-promueve-el-acceso-a-los-jovenes-al-mercado-laboral-y-proteccion-social/
[3] Ver: https://ius360.com/privado/laboral/el-derecho-laboral-impide-que-crezcamos-economicamente-a-proposito-de-las-referencias-laborales-en-la-comparacion-del-crecimiento-economico-de-peru-y-colombia/)
[4] http://www.datum.com.pe/pdf/PUL0115.pdf
[5] De acuerdo a lo señalado por El Comercio la desaprobación llegaría a un 72%.
[6] Data proporcionada por Hans Rothgiesser en su cuenta de twitter @mildemonios.
[7] El comunicado de diversos laboralistas sobre la reducción de normas laborales ya había adelanto sobre tales hechos: https://wilfredosanguineti.wordpress.com/2014/11/01/en-defensa-de-los-derechos-trabajadores-del-peru/
[8] http://exitosadiario.pe/jgodoy/pulpines
[9] http://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-que-no-marchan-noticia-1785449?flsm=1
[10] Quiero entender que los “demagogos de siempre” a quienes se refiere El Comercio son aquellos políticos o partidos políticos que votaron y defendieron la norma en el momento inicial (en la discusión de su promulgación e inicial publicación) y que, posteriormente, decidieron dejar abandonados al gobierno de turno con un problema donde tuvieron directa participación. Ya todos los conocemos así que sobra enumerarlos. No parece la frase referirse a aquellas personas que, desde una perspectiva distinta pero con sustento técnico, tienen una opinión contraria.
[11] Como lo he mencionado anteriormente, un aspecto positivo de las discusiones emanadas del nuevo régimen laboral juvenil es que amplía el escenario de opinión de los contenidos laborales: ya no se concentra en los técnicos, en los empresarios agremiados o en los trabajadores organizados (sindicatos) sino que se extiende a todos los ciudadanos de distintos sectores, profesiones o especialidades. “Qué duda cabe que una masificación de los temas involucra también mayor atención para filtrar las opiniones más cualificadas debido a la experiencia, documentación y profesionalidad. Pero también es una buena prueba para forzarnos a dialogar, convencer, informar, debatir y respetar. Salvo que tengamos una herencia o bienes que nos permitan percibir rentas sin brindar un servicio a favor de otro; lo cierto es que la gran mayoría nos ponemos a disposición de otra persona o empresa a fin de brindarle nuestra actividad, nuestro esfuerzo, nuestro propio ser para adquirir dinero y, con ello, subsistir o mejorar nuestras condiciones de vida. De ahí la relevancia de la regulación del trabajo y del impacto de las relaciones laborales y normativa en nuestra economía.” Ver Post de mi Facebook de fecha 22 de diciembre de 2014.
[12] Una opinión similar sostiene Luis García Ayala: https://doblaje.lamula.pe/2014/12/26/ser-pulpin-es-algo-relativo/paolososa/
[13] Existía la leyenda urbana de que algunos lugares te cobraban por aprender en sus instituciones a través del trabajo que realizabas. Nunca lo pude comprobar así que lo tomo como algo irreal salvo que alguien me corrija.
[14] http://elcomercio.pe/economia/opinion/cuatro-pasos-salir-pulpin-eduardo-moron-noticia-1780951
[15] http://utero.pe/2014/10/08/3-porciones-del-articulo-que-revela-la-incomoda-verdad-del-boom-gastronomico-peruano/
[16] Muchas de estas personas tienen edades por debajo de los veinticuatro años.
[17] Ver: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00015-2001-AI%2000016-2001-AI%2000004-2002-AI.html
[18] http://www.trahtemberg.com/articulos/1126-la-mala-imagen-de-los-empresarios.html
[19] http://diariocorreo.pe/ciudad/ley-pulpin-conoce-como-nacio-el-termino-552836/
