“La vida es bella, el valor de los papapas y las mamamas” I Patricia Beltrán

Una mirada analítica respecto a los derechos de las personas adultos mayores

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Escrito por Patricia Janet Beltrán Pacheco*

A manera de Introducción

Al 2050, la población de adultos mayores en nuestro país pasará a incrementarse en un veintidós por ciento en comparación al once por ciento que es al día de hoy, por lo que niños, niñas y adolescentes llegarán a conocer fácilmente a sus antepasados: abuelos, tíos abuelos, bisabuelos y quizás tatarabuelos, debido a que la expectativa de vida se incrementa encontrándonos a portas de un mundo longevo multigeneracional[1].

Muchas personas que son parte de este grupo vulnerable, han sido y siguen siendo víctimas de maltrato, discriminación, desprotección y abandono por parte primordialmente de su familia, pero también de la sociedad y del Estado el cual, si bien se encuentra en la obligación de replantear sus políticas públicas con la finalidad de cautelar los derechos humanos de este grupo fundamental de personas – ya que gracias al esfuerzo de cada uno de ellos y ellas a través de su trabajo diario, nuestra economía ha subsistido- también lo es que sólo se ha avanzado en algunos aspectos sociales, económicos, políticos y culturales, no siendo aún ello suficiente.

¿A quiénes consideramos personas adultas mayores?

Se suele identificar como persona adulta mayor (PAM) a toda aquella persona que tiene sesenta (60) años a más, por lo que cabe precisar que se trata de una clasificación cronológica, independientemente de la condición física, psicológica o emocional de la persona, similar a lo que sucede con la edad de jubilación laboral.

¿Qué normativa internacional reconoce los derechos de los adultos mayores?

Existe un conjunto de normas en favor de las personas adultas mayores, que se encuentran en el ámbito del derecho internacional, estableciendo referentes de derecho comparado, contribuyendo así en el diseño de buenas políticas públicas de orden social, económico y jurídico en beneficio de dicha población.

Entre las principales normas internacionales que regulan los derechos de los adultos mayores podemos destacar: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador, las 100 Reglas de Brasilia y la Convención Interamericana sobre la protección de las personas adultas mayores, respecto a ésta última, debemos señalar que hasta la fecha no ha sido ratificada por el Perú, a pesar que diversos estados de la Región ya la han incorporado a su ordenamiento jurídico, siendo importante destacar que desde su dación, las instituciones y entidades públicas nacionales, entre ellas la Defensoría del Pueblo, han solicitado su aprobación reiteradamente[2], acotando que necesitamos fortalecer las políticas existentes a fin de viabilizar de manera real e inmediata los derechos de las personas adultas mayores[3] idea que compartimos.

¿Qué normas regulan los derechos de los adultos mayores en el Perú?

En nuestro ordenamiento jurídico interno, también tenemos normas que reconocen los derechos de las personas adultas mayores, aunque consideramos que, a pesar de ello, se requiere aun un mayor impulso a fin que se efectivicen sus derechos en todos los grupos en los que se desarrollan.

En primer lugar debemos destacar que nuestro texto constitucional – Constitución Política del Perú de 1993-  en su artículo cuatro señala que: “(…) la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono (…)”, si bien es cierto se consigna de manera expresa que la protección se refiere a las personas adultas mayores que se encuentran en situación de abandono – que puede ser material, personal o moral- lo cual incrementa su vulnerabilidad ante la sociedad, también lo es, que dicha norma debe interpretarse de manera conjunta con lo establecido en el texto constitucional citado, el cual en el artículo uno reconoce “el derecho a que se defienda a la persona humana y se respete su dignidad al ser estos el fin supremo de la sociedad y del Estado”, cuya lectura y análisis debe realizarse en concordancia con lo establecido en el artículo seis del acotado texto, en el cual se impone que es deber de los hijos respetar y asistir a sus padres, situación que muchas veces en nuestro país no se cumple dejándose a nuestros adultos mayores en estado de abandono material, personal y sobretodo moral, considerándoseles unas “cargas” y olvidando que gracias a ellos somos a la fecha las personas que somos, por lo que sin necesidad de que se nos lo pida, requiera o solicite, somos los hijos e hijas los llamados a brindarles apoyo – considerando el sistema nacional de pensiones que existe- en torno a sus alimentos, salud, recreación y comida, manteniéndolos así rodeados de los cuidados, apoyos y ajustes razonables que pudieran necesitar colmándolos de amor, atención, cariño y felicidad.

Por otra parte, debemos destacar que tenemos la Ley de la persona adulta mayor – Ley Nº 30490[4], de fecha 20 de julio del 2016, reglamentada a través del Decreto Supremo Nº 007-2018-MIMP;  la cual reconoce una serie de principios, derechos y deberes tanto de la familia como del Estado. Consideramos que es fundamental e importante que se le dé mayor publicidad a las citadas normas, pues solo así la sociedad otorgará a las personas adultas mayores el lugar que merecen, tomando conciencia de la importancia de que se refuercen los valores, buen trato, respeto hacia dichas personas, promoviéndose el cumplimiento irrestricto de sus derechos como ciudadanos, situación que permitirá que se eduque a la población desde edades tempranas para que en el futuro todos y todas seamos amigables, respetuosos y accesibles con ellos, cooperando con el reconocimiento y promoción de su autonomía e independencia con el fin de mejorar su calidad de vida y preservar su salud, siendo imprescindible que siempre recordemos que el tiempo transcurre muy rápido, por lo que hay que tratarlos como queremos ser tratados nosotros en el futuro.

Hoy a pesar de la normativa existente debemos con gran tristeza e impotencia reconocer que sigue existiendo respecto a los adultos mayores, discriminación política, cultural, social y sobretodo familiar, siendo lo peor de todo, que a la fecha el cuarentitres punto nueve por ciento de familias peruanas tienen al menos entre sus miembros, una persona mayor de sesenta años de edad a la que no se le reconocen o mínimamente se les reconoce sus derechos, por ello es imprescindible que el compromiso en pro de las personas se viabilice para otorgarles la calidad de vida que merecen después de haber aportado a favor de su país, su estado, su comunidad y su familia.

¿Qué sucede con los derechos de las personas adultas mayores en el Perú?

Si bien es cierto en los últimos años hemos observado que en algunos aspectos los derechos de las personas adultas mayores se vienen respetando, también lo es que debemos señalar que existen una serie de derechos humanos que aún están por ser reconocidos, para ello es importante precisar que se consideran como tales a las prerrogativas, principios y libertades que tenemos todos los seres humanos por el solo hecho de serlo, sin que sea relevante la edad, raza, orientación sexual, entre otros.

Pero ¿qué derechos consideramos deben ser reconocidos fundamentalmente? La persona adulta mayor es titular de libertades fundamentales y tiene, entre otros, el derecho a:

  • Una vida digna, plena, independiente, autónoma e integral y saludable.
  • La no discriminación por razones de edad y a no ser sujeto de imagen peyorativa o de maltrato, respetándose la autorrealización en todos los aspectos de su vida, sean: personales, profesionales, académicos, morales e incluso espirituales
  • La igualdad de oportunidades, permitiéndoseles participar en todo aquello que le afecte directamente sea en procesos productivos, culturales, económicos, deportivos, políticos, entre otros.
  • Recibir una atención integral e integrada, cuidado y protección familiar y social, de acuerdo a sus necesidades contando con asistencia social adecuada, y no solo atenderlas en su domicilio cuando están en una situación de inamovilidad o postrados en una cama de manera permanente.
  • Vivir en familia y envejecer en el hogar donde ellos elijan o donde se encuentren los miembros de su grupo parento filial, quienes a su vez deben encontrar la forma de insertarlos de manera activa en su comunidad, cuidando no hacerlos responsables de la crianza de sus nietos o nietas – ya que esa etapa de su vida ya la cumplieron con sus hijos e hijas- no siendo justo para ellos que no se les permitir disfrutar con plenitud de las cosas simples de la vida, teniendo que  asumir responsabilidades que no les corresponden, cuando su función en torno a sus descendientes debe ser de orientación, consejo, cariño y engreimiento hacia ellos y ellas.
  • Una vida sin ningún tipo de violencia sea física, psicológica, sexual, moral y económica o patrimonial, en estos casos se suele a veces observar que los hijos e hijas adultos pasan a disponer de los bienes e ingresos económicos de sus padres y madres, ya que no los consideran personas independientes y autónomas que pueden disponer libremente de ellos, visión paternalista que debe de cambiar ya que las personas adultas mayores deben y pueden realizar por si mismos todos aquellos actos que consideren necesarios para sí o para los suyos, realmente no se pueden imaginar la cantidad de procesos judiciales que hemos conocido en torno a estas situaciones, las cuales muchas veces tienen como objetivo “cuidar los bienes de la futura masa hereditaria”, lo que demuestra el egoísmo, necedad y frialdad de los descendientes.
  • Acceder a programas de educación y capacitación de acuerdo a sus decisiones personales y nivel de preparación con la que cuente, nunca es tarde para aprender, para reforzar conocimientos y para capacitarse en lo que a cada uno hace feliz, ello es indispensable para que la persona logre su plenitud intelectual y académica a la edad que sea.
  • Atención preferente en todos los servicios brindados en establecimientos públicos y privados, lo cual, a la fecha en nuestro país, se respeta en la mayoría de situaciones.
  • Información adecuada y oportuna en todos los trámites que realice, contando con un apoyo cuando voluntariamente lo considere necesario, ello si la persona adulta mayor tiene alguna discapacidad que imposibilite que actúe por si misma.
  • Realizar labores o tareas acordes a su capacidad física o intelectual, este es uno de los principales roles que mantienen activos y activas a las personas adultas mayores, generándoles satisfacciones personales que alimentan su autoestima, desarrollo y permiten que se colmen de energía y vida.
  • Brindar su consentimiento previo e informado en todos los aspectos de su vida.
  • Atención integral y participación en el proceso de atención de su salud por parte del personal capacitado para ello, sea a través de una escucha activa, proactiva y/o empática, que le permita expresar sus necesidades e inquietudes. Al respecto debemos de señalar que el derecho a la atención integral de salud, lo pueden recibir en EsSalud o Minsa, de manera prioritaria recibiendo un buen trato por parte del personal de salud, permitiéndoles explicar adecuadamente sobre sus enfermedades, otorgándole alternativas, resolviendo sus dudas, brindándole apoyo y sobretodo tranquilidad.
  • Acceder a condiciones apropiadas de reclusión cuando se encuentre la persona adulta mayor privada de su libertad realizando los ajustes necesarios de requerirlos en un momento determinado.
  • Acceso a la justicia de manera individual y voluntaria, encontrándose en la condición de iniciar un proceso civil o penal en caso que su cónyuge o conviviente, los hijos, nietos y hermanos no cumplan con el deber de apoyarlos para cuidar de su integridad (física, mental y emocional), o no cumplan con apoyarlos en caso que lo necesiten para satisfacer sus necesidades básicas (salud, vivienda, alimentación, recreación y seguridad), o se nieguen a brindarle los cuidados necesarios y/o visitarlos o permitirles las visitas periódicamente. Recordemos que las Cien Reglas de Brasilia[5] señala expresamente: “El envejecimiento también puede constituir una causa de vulnerabilidad cuando la persona adulta mayor encuentre especiales dificultades, atendiendo a sus capacidades funcionales, para ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia”.
  • Finalmente, el derecho a una pensión justa, la cual debe ser acorde a los aportes que efectúo durante su vida laboral, permitiéndosele un nivel de vida adecuado. Respecto a este punto aún hay mucho por hacer, ya que los pensionistas del Decreto Ley 19990 entre otros perciben pensiones mínimas que sin la ayuda o apoyo de su familia no les permiten a los jubilados y jubiladas llevar una vida decorosa que les permita cubrir sus necesidades básicas.

¿Qué herramientas legales tiene el derecho de familia para velar por protección y respeto del adulto mayor?

En primer lugar, debemos señalar que el Poder Judicial del Perú ha instaurado el Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables – entre los que se encuentran consideradas las personas adultas mayores-  y Justicia en tu Comunidad, para acercar a la Administración de Justicia a las personas de los grupos vulnerables para lo cual se aplica de manera concordante las Cien Reglas de Brasilia y la Carta de los Derechos de las Personas ante la Administración de Justicia de Perú e Iberoamérica.

Como consecuencia de lo expuesto, el usuario adulto mayor es el centro de atención de la labor jurisdiccional, por lo que debe lograr la satisfacción plena de sus necesidades propiciando una justicia profunda, oportuna, eficiente, transparente e inclusiva. Estas características se deben encontrar en todas las especialidades, sobre todo en aquellas donde se ven obligados a recurrir por la ineficiencia de organismos como la Oficina de Normalización Previsional (ONP) cuya tarea en lugar de ser en beneficio de ellos es contraria a sus derechos e intereses obligándolos a litigar en sendos procesos jurisdiccionales , los cuales tienen una duración prolongada por la conducta poco ética de los abogados y representantes de la mencionada institución, conforme la Defensoría del Pueblo lo determinó en el Informe Defensorial Nº 135, de fecha 15 de julio del 2008[6].

En el ámbito jurisdiccional familiar, tenemos diversos tipos de procesos vinculados a las personas adultas mayores, entre los cuales podemos destacar:

a) Los procesos de violencia familiar, tanto aquellos que se tramitaron conforme a la Ley Nº 26260[7] como aquellos cuyos procesos se desarrollan conforme a la Ley Nº 30364[8]. Al respecto debemos señalar que se considera violencia contra la persona adulta mayor, cualquier conducta única o repetida, por acción u omisión, que le cause daño de cualquier naturaleza. Puede ser violencia física, sexual, psicológica, patrimonial o económica, de abandono (en la calle, el hogar, centros de salud, establecimientos penitenciarios, entre otros).

Cabe precisar que en la vía de un proceso civil se han analizado casos justiciables en los cuales se ha declarado heredero indigno y se le excluye de la sucesión o herencia, a la persona incursa en una sentencia expedido en un proceso de violencia familiar en agravio de un adulto mayor.

b) Los procesos de alimentos, las personas adultas mayores pueden demandar una pensión de alimentos por parte de sus hijos o nietos en caso no pueda velar por sí mismo. Ello conforme a lo normado en el artículo 474 del Código Civil, en el cual se establece el deber de otorgar alimentos por parte de sus hijos a favor del padre, madre o ambos que se encuentre en estado de necesidad económica y con imposibilidad de mantenerse por sí mismo. Recordemos que el Poder Judicial tiene un formato para la petición de una pensión de alimentos, las demandas se tramitan ante el Juzgado de Paz Letrado ubicado en el ámbito de competencia según su lugar de residencia, adjuntando los siguientes documentos: Copia del DNI del que demanda, partida de nacimiento del demandado, domicilio de la persona que es demandada, lugar de trabajo del hijo o hijos, asimismo deberá de señalar los gastos del demandante, adjuntando de ser el caso medios probatorios que lo sustenten y los documentos que acrediten los ingresos de quien o quienes son codemandados. También se puede presentar una medida cautelar de asignación anticipada y otras en favor del demandante. En estos casos, los defensores públicos están a la disponibilidad para brindar asesoría legal gratuita a las personas que necesitan realizar este trámite ante el Poder Judicial, aunque lo más recomendable en estos casos es que se solucionen este tipo de casos ante los centros de conciliación extrajudicial.

c) Los procesos de apoyos y salvaguardias, en torno a este tema se deben ordenar que las entidades públicas y privadas deben facilitar el acceso y desplazamiento de la persona adulta mayor, con instalaciones adecuadas, sin barreras arquitectónicas que impidan su libre tránsito o desplazamiento. Este proceso se estableció a la luz del Decreto Legislativo Nº 1384[9], cuyo reglamento se encuentra normado en el Decreto Supremo N° 016-2019-MIMP, debiéndose señalar que la visión de los temas relacionados a las personas adultas mayores ha tomado nuevos horizontes en tanto, a la persona se le escucha y considera respecto a quienes desea nombrar como apoyos en caso que lo necesitara en algún momento de su vida, pero no se les quita la oportunidad de vivir y de decidir por sí mismos , como sucedía antes con la interdicción.

¿Qué desafíos debemos enfrentar para lograr que los derechos de las personas adultas mayores sean respetados?

Tres de los grandes desafíos en torno a los derechos de las personas adultas mayores, los podemos identificar en relación a los factores que limitan su ejercicio, como lo son:

  • Se debe considerar que las personas adultas mayores necesitan que sus derechos humanos sean respetados por su familia, sociedad y el Estado, de tal forma que se respete su autonomía, su capacidad de acción y decisión, evitándose así que sean víctimas de discriminación y maltrato.
  • Se debe evitar identificar a los adultos mayores como sujetos de beneficencia, no se les debe considerar como niños o niñas, pues esta postura denominada de la “carga social” limita innecesariamente su capacidad de decidir, dañándose sus vidas, sus proyectos, ilusiones, ideales tanto en lo personal como patrimonial.
  • Se deben evitar restricciones, exclusiones o distinciones por razón de la edad, ya que todo ello implica actos de discriminación que impiden su autorrealización en condiciones adecuadas, muchas veces se les impide socializar con su comunidad, con su grupo de amigos e incluso con algunos miembros de la familia sin ningún motivo justificado, lo cual les genera ansiedad y estrés dañando su salud.

¿Qué retos tenemos que asumir ante la pandemia del COVID-19?

Ante la pandemia por el COVID-19, se nos han presentado grandes retos, que nos llevan a repensar sobre las instituciones jurídicas y las normas de relaciones sociales, como lo son:

  • La necesidad de sensibilizar a la población, ya que se les ha hecho personas invisibles, cuando realmente debería ser valorada como consecuencia de su rol social y la contribución que aporto para el desarrollo del país.
  • Establecer estrategias y acciones concretas a favor de las personas adultas mayores permitiéndoles ejercer sus derechos por sí mismas.
  • Establecer pautas que le permitan ejercer con responsabilidad su libertad al libre tránsito, ya que muchos de ellos han considerado que la decisión estatal de que no salgan de casa, es un acto de discriminación social contrario a su voluntad, sobre todo ello ha acontecido en torno a aquellos adultos mayores que se encuentran en adecuadas condiciones de salud, ya que son de la opinión que el aislamiento social afecta sin razón justificada su salud física y mental.
  • Es necesaria la capacitación a los servidores públicos, personal de instituciones privadas, la familia y la sociedad; respeto a los ajustes razonables que se deben establecer tanto en las casas, empresas o instituciones públicas o privadas, comprendiéndose que por la edad, muchas personas adultas mayores sufren de alguna discapacidad, es así que, al mes de marzo del año en curso se ha determinado que del cuarentiseis punto uno por ciento de dicho grupo ciudadano, el veintinueve punto seis por ciento tiene problemas físicos con el uso de piernas y brazos, el catorce punto dos por ciento tiene dificultad para oír, el doce punto cinco por ciento tiene dificultad para ver, el seis punto ocho por ciento tiene dificultad para atender o aprender y el treinticuatro punto cuatro por ciento del total tiene más de dos discapacidades nombradas.
  • Finalmente, es importante que los criterios jurisprudenciales que se adopten sean respetuosos de los derechos de las personas adultas mayores, por lo que todos los operadores jurídicos deben de capacitarse en torno a las normas existentes sobre la materia.

A manera de conclusión:

  1. Es fundamental, relevante e importante que el Perú ratifique la Convención Interamericana de los Derechos de las personas adultas mayores.
  2. Es indispensable que de manera efectiva se reconozca el derecho al envejecimiento activo y saludable. Hay que priorizar el respeto al adulto mayor, a su dignidad, independencia, autonomía, cuidado, autorrealización y a la no discriminación.
  3. Se debe promover una imagen positiva del envejecimiento, reconociendo públicamente a la persona adulta mayor como miembro importante en la vida en sociedad, empoderándola para cambiar el concepto negativo que se tiene de la vejez, brindarle oportunidades para que se sientan útiles, desarrollando habilidades e incentivando su acceso a la educación y tecnología.
  4. El Estado debe establecer políticas públicas que prevengan, sancionen y erradiquen actos de discriminación cultural, política, social, económica y familiar por cuestión de la edad.
  5. El Estado debe establecer ajustes razonables ante la discapacidad de las personas adultas mayores que lo requieran, debiéndose publicitar su definición, en qué consisten y cuando es necesario que se establezcan.
  6. El Estado debe establecer medidas afirmativas en torno a las personas adultas mayores, por ejemplo, las denominadas cuotas laborales a fin que se mantengan activos después de cumplir los sesenta años.
  7. La sociedad peruana debe participar activamente en la integración e inclusión plena de las personas adultas mayores, para ello, los gobiernos locales deben de establecer actividades culturales, deportivas y de índole constructivo a favor de este importante grupo humano.
  8. La familia debe tomar conciencia sobre su rol trascendental en la vida de las personas adultas mayores, quienes deben ser tratados con respeto y cariño, otorgándoseles el lugar que merece en la sociedad y en el grupo familiar, dándoseles accesibilidad para usar servicios, sentirse útil y valorado, sin que se le trate como un niño o niña.
  9. Finalmente, debemos de reconocer que los adultos mayores deben ser valorados como fuente de conocimientos y experiencias, ya que trasmiten cultura y tienen gran potencial educador que debe ser aprovechado por el resto de generaciones para crecer y evolucionar como sociedad.

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* Sobre la autora: Patricia Beltrán

Jueza Superior de la Corte de Justicia de Lima, Magister por la Universidad de Jaén-España, Docente de la Facultad de Derecho de la PUCP, autora de artículos jurídicos y expositora en eventos académicos a nivel nacional e internacional. Este artículo se lo dedico a mis padres Jorge y Esperanza con Amor.


[1] Villarreal Martínez, Mónica “La legislación en favor de las personas mayores en América Latina y El Caribe”, CEPAL, Santiago de Chile, diciembre 2005, página siete, encuéntrese en el siguiente link: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7206/S0501092_es.pdf?sequence=1#:~:text=Los%20derechos%20fundamentales%20est%C3%A1n%20compuestos,recreaci%C3%B3n%20y%20deporte%3B%20oportunidades%20de  “Es el grupo poblacional con la tasa de crecimiento más rápida del mundo: entre 1950 y el 2025 se multiplicará por diez, mientras que el número de personas de 60 años o más se multiplicará por 6 y el número total de habitantes del planeta se triplicará durante el mismo período”.

[2] Véase en: https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-solicita-aprobacion-de-convencion-interamericana-por-los-derechos-de-las-personas-adultas-mayores/

[3] Informe de Adjuntía Nº006-2019.DP/AAE, obsérvese en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/08/DEFENSORIA-DEL-PUEBLO-INFORME-ENVEJECER-EN-EL-PERU.pdf

[4] Accédase a la Ley Nº 30490, en el siguiente Link:

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-la-persona-adulta-mayor-ley-n-30490-1407242-1/#:~:text=La%20presente%20ley%20tiene%20por,y%20cultural%20de%20la%20Naci%C3%B3n.

[5] Véase: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.pdf

[6] Léase en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/informe-defensorial-135.pdf

[7] Ley de protección frente a la violencia familiar, reglamentado mediante Decreto Supremo Nº 006-97-JUS, véase en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/256907-26260

[8] Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, reglamentado por el DS Nº 009-2016-MIMP: https://www.mininter.gob.pe/sites/default/files/4.Ley-30364.pdf

[9] Léase en: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-reconoce-y-regula-la-capacidad-jurid-decreto-legislativo-n-1384-1687393-2/

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