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La pregunta que vendrá

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Qué pasaría si de buenas a primeras a alguien se le ocurriera decir: ¿Por qué no eliminamos el Tribunal Constitucional? Si esa pregunta la propusiera, por caso, usted o yo, posiblemente no pasaría nada, a fin de cuentas la opinión de unos legos en derecho no tendría porque interesar a nadie, pero si la propusiera el Presidente de la República, o un Ministro, o un congresista del oficialismo, entonces, ahí sí, que deberíamos estar alertas. No digo que la propuesta sea mala per se, de hecho en otras circunstancias sería, incluso, una propuesta deseable, pero visto el nivel de discusión que existe en nuestro país no parece ser una propuesta que deba preocuparnos poco.

La propuesta no ha sido hecha, felizmente, aún, pero poco falta para que alguien la haga, habida cuenta de las enormes suspicacias que esta institución genera en nuestro medio académico y político. De hecho, ya en el pasado se han planteado propuestas de ese calibre, como las recordadas del ex parlamentario Antero Flores Araoz, o de la bancada fujimorista en pleno que de un plumazo desapareció, de facto, esta institución el año 1997 sólo porque constituía un obstáculo para los fines re-reeleccionistas del ex presidente Alberto Fujimori. La propuesta del Congresista Flores Araoz consistía en lo siguiente: que las competencias del TC fueran trasladadas, como antaño, a la Corte Suprema, de tal suerte que sea este órgano, y no otro, el encargado de llevar a cabo el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes, así como el control difuso, el cual compartiría, además, con todos los jueces del Poder Judicial. La propuesta no prosperó, pero motivó la publicación de interesantes y sesudos artículos académicos y de opinión que explicaban las bondades y peligros de esta iniciativa.

Hoy pende sobre los hombros del Congreso una propuesta semejante: ¿se debe eliminar el TC? Aunque expresada en otros términos. Esta propuesta surge como resultado de la incapacidad que ha mostrado el Congreso en los últimos años de elegir a jueces probos y de probada trayectoria democrática, para designar en su lugar a abogados sin mayores pergaminos o, como diría el tribuno Javier Valle Riestra, sin biografía. Han sido estos jueces, y no el Tribunal, los responsables de su desprestigio.

A esta propuesta se llegará naturalmente, por tanto, como una respuesta frente a la incapacidad mostrada por el TC en los últimos años para frenar los embates del poder contra los derechos fundamentales y por el triste espectáculo mostrado por algunos de sus miembros liados en escándalos de diversa índole. No será, en esa medida, una propuesta aislada, talvez hasta goce del apoyo mayoritario de la ciudadanía, cansada de ver como se instrumentaliza un órgano creado, supuestamente, para protegerlos del gobierno y de los poderes fácticos. Lo trágico será, no obstante, que se llegará a ello en base a las razones incorrectas, proponiendo un remedio que apunta a los síntomas pero no a las causas de la enfermedad. Señores del Congreso entiéndanlo de una vez: el problema del TC no es el TC como idea, el problema del TC son sus integrantes. Hagan su tarea y elijan jueces probos, sólo así el TC será lo que tenga que ser.

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