La necesaria rendición de cuentas en la lucha contra la trata de personas | Carlos Romero

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Escrito por Carlos Romero[1]

La trata de personas implica la cosificación de las víctimas, afectando su condición de seres humanos, con el propósito de someterlas a distintas formas de explotación. Se ha extendido a todo el territorio nacional y el 2019 —conforme a la Policía Nacional—[2] tuvo como principal finalidad la explotación sexual, que representó las dos terceras partes de los casos, y la explotación en el ámbito laboral (23.7%), para lo cual la forma más usual de captación de sus víctimas fueron las falsas ofertas de empleo, presente en ocho de cada diez casos, y el internet y redes sociales, cuyo uso se incrementó los últimos años.

Cuatro de cada cinco víctimas fueron mujeres, entre las cuales el 56.5% fueron adultas jóvenes de dieciocho a veintinueve años de edad y el 37.3% niñas y adolescentes, siendo la mayoría de nacionalidad peruana y, entre las extranjeras, se identificaron venezolanas, ecuatorianas, colombianas y bolivianas. Estos datos corroboran que la trata de personas constituye una de las manifestaciones más graves de la violencia de género, donde los tratantes ejercen una posición de dominio sobre sus víctimas y se aprovechan de su situación de vulnerabilidad.

Distintas son las situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las víctimas, que pueden ser —según la tipología elaborada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público— de índole física, psicológica, mental y antropológica–social.[3] Estas vulnerabilidades, incluso, se han incrementado el último año como consecuencia de la pandemia del coronavirus y la consiguiente cuarentena que se decretó en el país.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe prevé que nuestro producto bruto interno caerá 13.0%, mientras que la desigualdad en la distribución del ingreso aumentaría más del 6.0%  y la pobreza y pobreza extrema del 16,5% al 25.8% y del 3.7% al 7.6%, respectivamente;[4] y, el Instituto Nacional de Estadística e Informática ha revelado que el trimestre abril–junio se perdieron 6 millones 720 mil empleos, equivalente al 39.6% de la población ocupada[5]. Por su parte, el Ministerio de Educación informó que 230 mil escolares no se matricularon y 200 mil matriculados no acceden al servicio educativo,[6] y la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior estima que 350 mil universitarios y 250 mil estudiantes de institutos tecnológicos dejarán de estudiar [7].

Para hacerle frente a este fenómeno criminal, sus factores de riesgo y las vulnerabilidades de las víctimas, el país cuenta con una arquitectura interinstitucional en los distintos niveles de gobierno, así como un marco normativo integral, una política aprobada el 2015 y un plan de acción para el período 2017–2021, que comprende los ejes temáticos de la prevención y sensibilización, la fiscalización y persecución penal, y la atención, protección y reintegración de las víctimas, así como el eje transversal de la gobernanza institucional.

El Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre Trata de Personas 2020 constató que si bien el Perú realiza esfuerzos significativos, principalmente para la atención y reintegración de las víctimas, no cumple totalmente los estándares mínimos. Por ello, recomienda aumentar la eficacia de la persecución penal, hacer efectivo un enfoque centrado en la víctima, implementar servicios especializados para hombres y población LGTBI que sufren explotación sexual y para víctimas de explotación laboral, asignar presupuesto suficiente y diseñar un sistema de información confiable.

Esta misma realidad ha sido advertida por Capital Humano y Social Alternativo en su último balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata de personas en el país durante los años 2018 y 2019, denominado VII Informe Alternativo. Pero, ¿cuál es la evaluación que ha efectuado el Gobierno —en especial la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes—[8] sobre el cumplimiento de las acciones del vigente plan nacional 2017–2021 y su impacto en los resultados esperados?, y ¿cuáles las perspectivas para el siguiente año?

La Ley 29918,[9] publicada el 23 de setiembre del 2012, dispone que el presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Interior deben acudir al Pleno del Congreso de la República el mes de setiembre de cada año para rendir cuentas  sobre el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el plan nacional de acción contra la trata de personas. Sin embargo, por tercer año consecutivo estas autoridades no han cumplido su obligación legal. Es imprescindible, por tanto, que el presidente del Congreso los convoque en el más breve plazo.


[1] Abogado por la Universidad de San Martín de Porres, magister en Derecho con mención en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y exbecario del Programa de Visitantes Internacionales «Crímenes Internacionales: Terrorismo, Narcotráfico y Trata de Personas» del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Fue el primer secretario técnico del Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas, que continúa como Comisión Multisectorial. Actualmente integra CHS Alternativo, organización que protege los derechos de las víctimas de trata de personas y las distintas formas de explotación.

[2] Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020). Estadísticas de Seguridad Ciudadana. Octubre 2019 – Marzo 2020. Informe Técnico 2, Lima, abril, páginas 162 y siguientes.

[3] Ministerio Público (2018). Protocolo para la Acreditación de la Situación de Vulnerabilidad de las Víctimas de Trata de Personas. Resolución de la Fiscalía de la Nación 2636-2018-MP-FN, Lima, 18 de julio.

[4] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2020). Enfrentar los efectos cada vez mayores del Covid–19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones. Informe Especial 5, Santiago de Chile, 15 de julio.

[5] Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020). Comportamiento de los indicadores de mercado laboral a nivel nacional. Trimestre: Abril–Mayo–Junio 2020. Año móvil: Julio 2019 – Junio 2020. Informe Técnico 3. Lima, agosto.

[6] Barrenechea, Melissa (21 de setiembre del 2020). El peligro de la deserción escolar durante la pandemia: ¿Cómo evitar una tragedia educativa en el Perú? Plataforma web de RPP Noticias, Lima.

[7] Quinto, Catalina (3 de agosto del 2020). El 15% de estudiantes abandonó la universidad durante el estado de emergencia, según gremio de instituciones privadas. Plataforma web de RPP Noticias, Lima.

[8] La Comisión Multisectorial fue creada mediante Decreto Supremo 001-2016-IN, publicado el 9 de febrero del 2016. Es presidida por el viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior e integrada por representantes de los ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Salud, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación, de Trabajo y Promoción del Empleo, de Relaciones Exteriores, de Comercio Exterior y Turismo, y de Transportes y Comunicaciones, así como del Instituto Nacional de Estadística e Informática, del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Defensoría del Pueblo y de las organizaciones de la sociedad civil especializadas contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

[9] Ley que Declara el 23 de Setiembre de Cada Año como el Día Nacional Contra la Trata de Personas.

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