Escrito por Anthony Julio Romero Casilla[1]

Nuestro Instituto Nacional Penitenciario (INPE) hace más de 3 años viene en constante renovación respecto al Estado de Emergencia que se le declaró por los problemas internos[2] y externos[3] que hasta la fecha aquejan a esta institución; no obstante, esta situación hoy en día resulta mucho más grave, palpable e inquietante, puesto que puede tornarse un foco preocupante y convertirse en contagioso eventualmente, toda vez que nos encontramos en un contexto nacional y mundial que angustia a todos a causa de lo que viene ocasionando el virus denominado COVID-19.

Al mismo tiempo, causa una mayor alarma, lo que viene sucediendo con nuestros cerca de 11 000 servidores penitenciarios, y con nuestra exorbitante cantidad de personas privadas de libertad[4] donde, vale mencionar e informar, existe una cifra de 18 000 internos aproximadamente en los 68 centros carcelarios, y que muchas veces se encuentran en situación de riesgo y vulnerabilidad si tenemos en cuenta que habitan ahí personas mayores de 60 años y otras que sufren de tuberculosis, VIH, diabetes, hipertensión arterial, cáncer o alguna discapacidad física o mental.

Era un poco ingenuo pensar que el COVID-19 no iba a llegar a las cárceles y contagiar a los servidores penitenciarios e internos, por lo que era necesario tomar la iniciativa y adelantarse a lo que iba a venir y no esperar a que suceda y nos explote en la cara.

Al respecto, la actual realidad carcelaria de los penales es que a la emergencia penitenciaria se ha sobreexpuesto la sanitaria, por lo que es recomendable y necesario exhortar a nuestro INPE dos situaciones puntuales:

Por una parte, respecto a nuestros servidores penitenciarios, es necesario que se les tenga que dar las garantías necesarias e incentivadoras para afrontar esta emergencia ¿Cómo? Facilitándoles los implementos mínimos que requieren necesariamente—a pesar que sea tardío el actuar— tales como mascarillas para su higiene respiratoria, jabón líquido y papel toalla para su estricto aseo de manos, gel desinfectante y colocar un tapete de agua clorada a la entrada de los penales donde laboran para la limpieza de las suelas de los zapatos, proporcionarles las medidas de seguridad y salubridad necesarias, realizarles las pruebas rápidas —ahora más que nunca—, en especial al personal penitenciario de seguridad que son los que tienen contacto directo con los internos, garantizarles la integridad de su salud porque ellos también se deben a un núcleo familiar, retribuir económicamente la labor crucial que realizan en estos momentos, renovar los contratos de trabajos bajo la modalidad CAS —porque gran parte de los servidores a nivel nacional están en esta modalidad— y no dejándolos a la deriva ni mucho menos tener una actitud reactiva para con ellos, porque en estos momentos en el campo penitenciario ellos son la primera línea de acción y actuación contra el virus, ellos son la gente y el cuerpo de batalla que tiene el INPE.

Y, por otra parte, como bien me expresaron en algunas visitas a penales, en la cárcel hay 2 cosas sagradas para los internos: la visita y la paella. La primera, actualmente suspendida mediante los comunicados N° 05,06,07-2020-INPE[5], dejándolos sin opción de refuerzo afectivo —como así se torna para ellos— y cortándoles el suministro de alimentos que les llevan sus seres queridos, entre artículos de limpieza, dinero y otros; siendo ello así, por lo menos hay que garantizarles un buen insumo nutricional ¿Cómo? Aumentando la dotación que se gasta por alimento para cada interno —Ningún peruano puede vivir de 5 soles diarios para su desayuno, almuerzo y cena— para de esta forma prever y autorregular que no se vean envueltos en una situación de desabastecimiento.

Asimismo, garantizar una mejora en los servicios de salud, puesto que en los penales, a lo mucho, hay tópicos con médicos y enfermeras no especialistas, por lo que resulta necesario —y urgente—que ante otro posible caso de un interno infectado se tengan acondicionados espacios, sea en los patios, auditorios o alguna de las salas para destinar a los internos que den positivo y separarlos en una especie de «zona de aislamiento» y; por último, mejorar la limpieza desinfectando todas las áreas de los recintos carcelarios.

En esa línea, algo que no debe faltar es el DIÁLOGO, la CONVERSACIÓN e INTERACCIÓN entre autoridades penitenciarias, delegados de los pabellones y con los internos dándoles un mensaje de calma, porque es normal que ellos, como toda persona en estos momentos, tengan miedo.

Finalmente, es necesario enfatizar que ante una institución eminentemente técnica como tiene que ser el INPE no sirve ni se necesita, actualmente, ser solo reactivos ante motines o levantamientos, sino ser PROACTIVOS y CREATIVOS para poder liderar una gestión de crisis mirando con objetividad la realidad, en la que ya estamos, para empezar a corregir y quizá emprender reformas.

¿Emprender medidas CREATIVAS en el INPE?

Sí, estamos en una situación de emergencia penitenciaria sanitaria y se necesita que tomen medidas creativas en aras de mantener el orden en los penales y de atender su principal problema interno a fin de prevenir que se convierta en un foco infeccioso ante la doble emergencia promovida por el COVID-19. Por ejemplo:

• Para mantener el orden en los penales:

1. Existen penales de mínima y máxima seguridad; en los primeros se permite a los internos poder realizar llamadas a sus familiares por una moneda y por un minuto con el cuidado de un servidor penitenciario; mientras que, en los segundos, no se permite debido a su régimen. Entonces, ante la restricción de visitas lo que se puede hacer es habilitar una directiva interna en los penales de máxima seguridad para que los internos de esos pabellones puedan hacer uso de los teléfonos y poder comunicarse con sus familiares; y en el caso de los internos que están en los penales de mínima seguridad extenderles 1 minuto más la llamada telefónica que puedan realizar.
2. Como ya lo hemos mencionado, aumentar la dotación que se gasta en alimento diario en cada interno, ya que otra realidad al interior de los penales es que los internos no comen lo que se les cocina y se encuentran acostumbrados a que sus familiares les lleven alimentos o dinero en los días de visitas permitidos por ley. Entonces una manera de solución y para que no se vean embalados en un proceso de desabastecimiento, resultaría equitativo que se les garantice una buena ración alimenticia.

El cálculo en base al presupuesto anual del INPE a la población penal indica que, hasta el año pasado, el Estado dedica alrededor de S/. 9 924 nuevos soles anuales por reo, es decir, algo de S/. 27 nuevos soles diarios[6], monto que debe cubrir alimentación, seguridad, limpieza, educación, entre otros aspectos.

De forma paralela, tomando como referencia el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el 2020, el presupuesto muestra un aumento de 36 millones 226 mil 584 soles[7], respecto del año 2019, es decir, pasó de 820 474 583 a 856 701 167 millones de soles, he ahí un dato clave para que el INPE puede autorregular una buena paella.

De esta forma, —acogiendo las anteriores ideas­— al interno privado de libertad se le mantendrá en cierta manera tranquilo ante la angustia, ansiedad y desesperación de la falta de aquello que se volvió una costumbre para ellos que es autorregularse su propia alimentación para, de esta forma y en el actual contexto, poder sobrevivir con una buena alimentación ante este virulento coronavirus.

• Para atender el problema histórico en los penales:

Cuando uno está con fiebre ¿Cuál sería la primera solución a realizar? Bajar la fiebre. En ese mismo sentido, se tiene que hacer en el campo penitenciario, bajar su principal problema interno: el hacinamiento.

Seria irónico creer que, por el hacinamiento que hay en gran parte de los penales del Perú, los internos van a cumplir la regla del metro mínimo de distancia para evitar el contagio; en cada pabellón y celda de los penales hacinados sobrepasan la cantidad de internos permitidos para la cual fue construida y si uno se enferma del coronavirus —en el peor de los casos— lo más certero es que contagie a sus compañeros de celda y pabellón. Razón por la que el INPE —en especial en estos tiempos—debe de dialogar y exhortar al ejecutivo para que juntos vean lo más viable legislativamente para combatir el principal problema del sistema penitenciario y poder deshacinar las cárceles, tomando en consideración específicamente a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad como son los internos mayores de 60 años y los que padecen de tuberculosis, VIH, diabetes, hipertensión arterial, cáncer o alguna discapacidad física o mental.

Pensar en una reforma penitenciaria es un problema que debe enfrentarse en el largo plazo, pero lo que se tiene que hacer para combatir al hacinamiento ante el contexto del coronavirus y evitar que se convierta en un foco contagioso es actuar inmediata y coherentemente analizando la situación de los presos preventivos, aplicando beneficios penitenciarios (semilibertad y libertad condicional), habilitando la conversión de penas, exhortando a la comisión de gracias presidenciales para que conceda indultos humanitarios, conmutación de penas y reducción de penas o cualquier otro medio legal válido para aplacar este grave problema, evaluando sin embargo a detalle la situación de cada interno, toda vez que no se trata de “sacar por sacar” al individuo.

Aunado a lo esbozado, si bien la población vulnerable son los internos mayores de 60 años, estos representan, actualmente, el 5.0% de la población penal —algo de 4 761 internos­— donde un porcentaje considerable de estos internos están en los penales por el delito de violación sexual o violación sexual de menores, otro grupo por el delito de terrorismo y entre otros delitos; motivo por el que tampoco podemos relajar la norma y liberar a violadores, terroristas, entre otros.

En ese mismo contexto, es necesario que si nuestro ejecutivo emite un decreto con el fin para reducir el hacinamiento y evitar contagios de COVID-19, este sea realmente viable y factible para el egreso del interno o interna, sin hacer distinción alguna entre por razón de género. Aquí, vale hacer referencia al Decreto Legislativo N° 1459[8], que por una parte esta prácticamente dirigido solo al interno varón, y en el cual al parecer, según denota la sustentación de motivos, no se tuvieron en cuenta los resultados que arrojó la anterior norma a esa (que contaba con las mismas características y estuvo dirigida a la misma clase de internos) donde no egresaron ni un considerable ni positivo número de deudores alimenticios.  Y por otra, por la falta de lógica al pensar que si no tuvieron para pagar al inicio del proceso ¿Pagarían ahora las liquidaciones devengadas para egresar del penal?

Es así como, incluso para estas situaciones se necesita implementar medidas creativas, ya que en el caso anterior hubiese sido mejor una suspensión de la pena de carácter temporal para que el deudor alimenticio salga inmediatamente del recinto carcelario a condición de pagar en 3 o 6 meses y sino paga en el tiempo establecido regrese al establecimiento penitenciario. En efecto, es menos lesiva, pero cumple con la finalidad e intensidad que se busca: prevenir el coronavirus y, por ende, prevenimos el contagio a internos que no tienen un reproche social tan grave respecto a su infracción cometida. Además, su suspensión puede ir ligada a la idea de reinserción del interno e inclusive si lo vemos desde el test de proporcionalidad es necesario, es idóneo y es proporcional.

REFLEXIÓN

En síntesis, consideramos que una secuencia urgente de medidas para con los servidores penitenciarios y de soluciones creativas ante los problemas verídicos que se presentan y a manera de prevención en el mundo de los penales para nuestros internos, podrían ser enmendadas si seguimos estas medidas y recomendaciones:

Para los servidores penitenciarios:

1. Facilitarles los implementos mínimos que requieren necesariamente (mascarillas para su higiene respiratoria, jabón líquido y papel toalla para su estricto aseo de manos, gel desinfectante y colocar un tapete de agua clorada en la entrada de los penales donde laboran para la limpieza de las suelas de los zapatos)
2. Proporcionarles las medidas de seguridad y salubridad necesarias.
3. Realizarles las pruebas rápidas.
4. Garantizarles la integridad de su salud.
5. Retribuirles económicamente la labor crucial.
6. Renovarles los contratos de trabajos bajo la modalidad CAS.

Para los internos privados de libertad:

1. Ante una restricción de visitas, habilitarles la posibilidad de poder realizar o ampliar la duración de las llamadas telefónicas a sus familiares, dependiendo del penal de mínima o máxima seguridad en el que se encuentra.
2. Mejorar la paella, aquel insumo nutricional vital, sobretodo en estos momentos de emergencia, para el privado de libertad. Asimismo, mejorar los servicios de salud y limpieza.
3. Analizar la situación de los presos preventivos, aplicando beneficios penitenciarios (semilibertad y libertad condicional), habilitando la conversión de penas y ver la viabilidad de la suspensión temporal o condicional de la pena.
4. Exhortar a la comisión de gracias presidenciales para que conceda indultos humanitarios, conmutación de penas y reducción de penas o cualquier otro medio legal válido para aplacar este grave problema, pero evaluando bien la situación de cada interno.

Para finalizar, no podemos abandonar ni olvidar a nuestros servidores penitenciarios que están en la primera línea de batalla contra el virus al igual que la Policía Nacional del Perú (PNP) y Fuerzas Armadas (FF. AA), ni mucho menos a los internos que son una población de absoluta vulnerabilidad que no tienen manera de realizar aislamiento social y que por más delincuentes que sean, son personas, son peruanos y son gente que necesita de nuestra ayuda.

[1] Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro adherente en el Instituto de Ciencia Procesal Penal – INCIPP. Miembro principal del Taller de Estudios Penales de la UNMSM.

[2] Los principales problemas internos que afronta nuestro sistema penitenciario son el hacinamiento o sobrepoblación y la deficiente infraestructura.

[3] El principal problema externo de nuestro sistema carcelario es el escaso de presupuesto económico asignado para el INPE.

[4] Hasta marzo del 2020 tuvimos una población carcelaria que asciende a 95 547 internos donde 38 100 eran procesados y 57 447 eran sentenciados.

[5] Mediante el comunicado N° 05-2020-INPE se restringió la visita a 9 penales, luego mediante comunicado N° 06-2020-INPE se amplió la restricción a otros 5 penales más y finalmente el 13 de marzo con comunicado N° 07-2020-INPE se restringió las visitas a nivel nacional en todos los penales.

[6] El gasto anual es comparable con el de países como Colombia donde se gasta US$ 3.128 o México donde se gasta US$ 3.889, situación muy distinta en el caso de los países como Chile donde se gasta US$ 13.786; España, US$ 22.069 o Estado Unidos, US$ 34.704, que lo superan ampliamente.

[7] La información del presupuesto al que hacemos referencia, lo obtenemos a partir del portal web de Transparencia y Consulta amigable del MEF, en el que se puede establecer la comparación entre los años 2019 y 2020, teniendo presente que se trata del PIA (Presupuesto Institucional de Apertura, en lugar del PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

[8] Decreto Legislativo que optima la aplicación de la conversión automática de la pena para personas condenadas por el delito de omisión de asistencia familiar, a fin de reducir el hacinamiento penitenciario y evitar contagios de Covid19