El portal jurídico de
IUS ET VERITAS

¿Juzgar a los adolescentes como adultos?: La justificación de un sistema penal especializado de adolescentes | Mercedes Gianela Ramírez Alvarez

Compartir

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Escrito por Mercedes Gianela Ramírez Alvarez (*)

Un día como hoy, hace 32 años, el Perú ratificó la Convención sobre Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (“CDNA”), comprometiéndose a una serie de obligaciones garantistas que -al menos teóricamente- cambiarían de forma radical el sistema peruano de justicia penal de adolescentes. Sin embargo, en el transcurso de estas más de tres décadas, nuestras autoridades han preferido endurecer las penas y plantear proyectos de ley [1] para reducir la edad de inimputabilidad de menores a fin de que se les pueda juzgar como adultos ya no desde los 18 años sino desde los 15 o 16 años; de hecho, hace menos de dos meses el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos alegaba “esforzarse” para que los adolescentes sean tratados como adultos en el ámbito penal (El Peruano, 2022).

Es necesario que la discusión que se abra en torno al derecho penal de adolescentes sea, principalmente, sobre un asunto de justicia y no sobre el clamor popular. Una sociedad que se preocupa por conseguir su tranquilidad a toda costa (como si el fin justificara los medios), sin preguntarse por cómo paliar de modo efectivo la criminalidad en el marco de un Estado democrático de Derecho, es una sociedad que no apuesta por reivindicar y respetar la igualdad formal y material que es la premisa de la que parte.

Por ello, antes de siquiera “pensar” en cómo ser más agresivos penalmente con aquellos adolescentes que delinquen, se debe entender por qué se justifica la necesidad de un sistema penal especializado para adolescentes y cuáles serían las principales consecuencias de ello. Si no se entiende la premisa del sistema, mucho menos se podrá entender cómo reducir la reincidencia de la delincuencia juvenil.

I. ¿Un trato desigual constitucionalmente admisible?

Como Estado Parte de la CDNA, es innegable el hecho de que el Perú ha adoptado un modelo de protección integral en la esfera del sistema de justicia penal juvenil. La consecuencia de tal situación es el reconocimiento del adolescente como una persona capaz de asumir sus responsabilidades por el acto delictivo que cometa y el reconocimiento de las garantías constitucionales y procesales respectivas que le asisten.

Sin embargo, la razón de ser -y la adopción- de este modelo de responsabilidad penal de adolescentes no es la existencia de la CDNA ni que el Perú se haya adherido a esta, sino más bien el respeto del principio de igualdad que es el eje del ordenamiento jurídico peruano.

Así, aquellas personas que tengan determinadas características mínimas comunes serán agrupadas en una misma categoría y, por ende, su responsabilidad penal deberá ser tratada igual; mientras que las personas que no comparten dichas características deberán agruparse en una categoría distinta y tener una responsabilidad penal distinta (Chan, 2013:32). ¿Cómo saber cuáles son esas cualidades que permiten realizar un trato diferenciado? La respuesta no la brinda el Derecho, sino las ciencias sociales (psicología, sociología, antropología) y las ciencias naturales, pero -y sin quitarle la importancia a cada una de estas esferas- como se verá más adelante, el criterio dominante será la forma de organización, específicamente, la participación política.

Diferencias entre los adolescentes y adultos desde las ciencias naturales y sociales

Una de las principales distinciones entre adolescentes y adultos es el nivel de desarrollo y madurez que existe desde la esfera biológica y psicológica. De acuerdo con la neurobiología, el lóbulo prefrontal -conocido como el ‘órgano de la civilización’- es una de las estructuras que juega un rol definido en los procesos emocionales, pues sirve para tomar decisiones, controlar los impulsos, sentir empatía, entre otros (Damasio, 1994). En pocas palabras, es el encargado de la autorregulación de la conducta.

Durante la adolescencia, a diferencia de lo que ocurre en la adultez, las conexiones de la corteza prefrontal no están lo suficientemente maduras, por eso los jóvenes suelen actuar conforme a sus impulsos – no se inhiben- a pesar de que logran comprender una situación de riesgo (Steinberg et al., 2009). A ello se le suma (i) el rápido cambio hormonal por el que pasan los adolescentes, con lo cual querrán respuestas inmediatas que logren satisfacerlos a través de sus propias acciones y será aún más difícil inhibirse, y (ii) el factor psicosociocultural, que implica considerar la interacción social y contexto en el que se desenvuelve un adolescente que progresivamente irá formando su consciencia, siendo fundamental el apoyo social para su bienestar y desarrollo (Barrón, 1992:223).

Si bien la dimensión biológica y psicosociocultural es importante para dotar de contenido y saber qué se entiende por ‘adolescente’, la esfera antropológica será la que explique qué es lo que hace que se considere a una persona como adolescente en una sociedad democrática de Derecho.

Casi universalmente, se entiende la adolescencia como la fase intermedia entre la infancia y la juventud adulta, y respecto a estos dos últimos vocablos se atribuyen diversos valores según la sociedad en la que se esté inmerso. Es decir, no basta el concepto meramente científico que haya sobre la adolescencia (inmadurez intelectual, sexual, etc.), sino que lo predominante será aquel juicio de valor otorgado a la variable ‘adultez’ que hará la diferencia respecto a la de ‘adolescente’.

Lo señalado previamente puede ejemplificarse en el siguiente caso hipotético: si hubiese una isla donde la gente muere a los 16 años ¿quiénes serían los infantes, adolescentes y adultos? Las ciencias naturales nos dirían que no hay adultos, sino solo infantes y adolescentes. Sin embargo, la forma de organización de ese grupo humano en concreto determinará la diferencia entre estos tres estadios al otorgarle un juicio de valor concreto expresado, muchas veces, en alguna actividad específica. El estado de la adolescencia está reglado por normas sociales que pueden determinarse a través de mitos religiosos, separación de sexos o rituales de iniciación para hacer la transición a la adultez, todo varía de una cultura a otra (Téllez, 2013:54).

Dado que en este paper parte de la premisa de una sociedad democrática de Derecho, habrá que fijar qué es lo que determina que un adolescente deje de serlo para convertirse en un adulto. En el Perú la forma de organización ha determinado que aquella persona que tenga 18 años será considerada como adulto porque solo a partir de esa edad podrá ejercer plenamente todos sus derechos civiles y políticos -específicamente su participación política-. Se es adolescente hasta antes de los 18 años. Pero ¿cuándo inicia? Nuestro país estableció, a través de sus normas sociales plasmadas en dispositivos legales, que a partir de los 14 años se reconoce una responsabilidad penal -no antes- a la cual le es aplicable un sistema penal especializado de adolescentes.

¿Por qué no se les trata como adultos? Porque precisamente por su especialidad, el sistema penal de adolescentes brinda una respuesta diferente a personas con características y presupuestos diferentes, con lo cual se respeta la igualdad formal y material a la que se hizo referencia en líneas previas. Es un trato desigual constitucionalmente admisible, que supone una serie de consecuencias prácticas relevantes en lo jurídico penal y las políticas públicas.

II. Principales consecuencias prácticas de tener un sistema penal especializado aplicable a adolescentes

El tratamiento diferenciado a los adolescentes supone una serie de consecuencias jurídico penales importantes:

  1. Si la premisa del sistema penal especializado (adolescentes) es distinta a la del sistema penal general (adultos), entonces, tanto los presupuestos de responsabilidad penal como las causas de exención también deberían ser distintas. El injusto penal y la imputabilidad dentro del sistema penal de adolescentes necesariamente deberían tener un matiz distinto al concebido en el sistema penal de adultos.
  2. El fin de la pena en el sistema penal de adolescentes necesariamente tendrá una tendencia distinta a la de los adultos.
  3. Quienes juzgan y condenan no podrían ser los mismos que quienes hacen lo propio con los adultos, salvo que se encuentren especializados y capacitados en la materia considerando todos los puntos propios del sistema penal de adolescentes.

Esbozaré algunas ideas de lo que considero respecto a cada numeral, con ánimos de que la puerta del debate quede abierta.

 

1. Injusto penal e imputabilidad

El injusto penal y la imputabilidad en el sistema penal especializado no pueden -ni deben- ser entendidos como lo son en el sistema penal de adultos, debido a la premisa distinta de la que se parte. El injusto penal será distinto al del sistema penal de adultos porque la diferente percepción y significado sobre los actos y el entorno distan de la de los adultos cuando se es adolescente, como se vio en líneas previas.

Lo relevante en un determinado caso es verificar que el significado de dicho acto sea propio de un título delictivo (así se respeta el principio de lesividad) y no de una conducta propia –‘normal’- de dicha edad. Esto último podría considerarse como vago o indeterminado, pero el recurso a “(…) [las] valoraciones sociales sectoriales es un método irrenunciable de la dogmática penal. Nada distinto es lo que se hace para determinar la existencia de un engaño concluyente en la estafa o los alcances del deber de cuidado en los delitos culposos” (Hernández, 2007:206-207).

 

2. Sentido y fin de la pena juvenil

En el 2017 se aprobó el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes en el Perú -que recién ha empezado a implementarse hace unos meses solo en Lima Norte, Ventanilla y Callao- que supuso un avance en el reconocimiento de un sistema especializado, implementándose un abanico de sanciones penales a imponer. Sin embargo, no es suficiente saber el quantum o el tipo de la pena sino saber cuál es la razón de ser de esta.

A partir de la respuesta a tal interrogante, debería quedar claro qué sanciones penales (de medio abierto o cerrado) deberían prevalecer. La finalidad de la pena debe ser legítima, con lo cual no debe cargar con funciones que otras instituciones del Derecho Penal han de cumplir – por ejemplo, no basta decir que sirve para que la población tenga confianza en que el Derecho funciona, para eso están las actuaciones de las instituciones del sistema penal-. Es importante evaluar cuándo actúa la pena (post-delito) y relacionarla con el fin del Derecho Penal, de la norma y de la ejecución penal; en ese sentido, los parámetros para legitimarla deben ser reales, posibles y actuales.

Por ende, se descartan las teorías absolutas que niegan que la pena tenga una utilidad y la justifican en sí misma y también las teorías que ubican la finalidad de la pena en momentos distintos al de su imposición como la preventivo general negativa que amenaza a quien todavía no delinque y se desvincula del daño social del delito o de la preventivo especial que busca racionalizar la imposición de la pena con un tratamiento penitenciario. La norma de conducta expresa una justa distribución de libertades de actuación. El delito es una infracción de la norma que cuestiona dicha distribución: mereciendo imponer una pena que diga que la norma vulnerada sigue rigiendo como modelo de conducta.

La pena siempre sancionará, pero solo se legitimará como reivindicación de una justa distribución de idoneidad y proporcionalidad que rigen la protección penal de los bienes jurídicos. Esto se aplica en el sistema penal de adultos como en el de adolescentes, pero la diferencia está en que en esta última predomina la prevención especial positiva, tomando en cuenta el proceso de formación en el que están. En otras palabras, los fines educativos son aquellos que en el Estado Democrático, al colocar y ejecutar una pena juvenil, consideran tanto apartar al adolescente del delito como fomentar la responsabilidad de sus actos (Tiffer, 2011:20). Expuesto lo anterior, las sanciones que deberían prevalecer son las de medio abierto frente a las de medio cerrado, lo cual viene avalado por la CDNA y la normativa internacional.

 

3. ¿Quién acusa y quién juzga?

Otra consecuencia importante es quién acusa y quién juzga a los presuntos adolescentes infractores. En el Perú se encarga a los jueces y fiscales de Familia todos los casos de responsabilidad penal de adolescentes -salvo en segunda instancia y cuando se acude a la Corte Suprema, en donde las Salas sí son penales-, pero no es suficiente capacitar a los jueces, ni saber solo Derecho de Familia ni solo Derecho Penal.

Es necesario estar especializado en Derecho Penal de adolescentes tanto por la complejidad de la materia como por la naturaleza del sujeto pasible a una sanción penal, pues solo de ese modo se podrá usar los principios del Derecho Penal de adolescentes de forma acertada junto con los criterios que superponen a los adolescentes frente a los demás sujetos de derecho.

Cuestiones abiertas

A 32 años de la ratificación de la CDNA por parte del Perú, tenemos diversas cuestiones abiertas en el ámbito penal juvenil, tales como las siguientes:

  • Establecer si el hecho prohibido como lesión al bien jurídico es realmente distinto cuando lo perpetra un adolescente y un adulto (los delitos de cuerpo, vida y salud difícilmente serán distintos, pero quizá en otros como la organización criminal sí puede haber distinciones porque juntarse con una banda no tendrá un plan articulado detrás, solo es parte de pertenecer a un grupo y podría ser propio de una conducta de la edad). Además, allí se tendrá que observar qué se les exige a los adolescentes, lo cual estará en el plano de la imputabilidad;
  • Realizar un control respecto al catálogo de penas a fin de verificar incompatibilidades normativas y prácticas.
  • Determinar si existe la posibilidad de compatibilizar los modelos punitivos restaurativos y rehabilitadores (preventivo especial positivo -en lo penal- y justicia restaurativa);

La lista, sin duda alguna, es mucho más extensa. Más aun considerando que el campo del sistema penal de adolescentes es bastante desconocido a la fecha.

Conclusiones

La imputabilidad no debería analizarse desde las ciencias naturales como hacían los positivistas, sino desde los principios constitucionales, que son aquellos valores determinados por una sociedad o modelo de Estado en concreto. La igualdad, por ejemplo, como principio constitucional, tiene contenido proveniente de algunas ciencias naturales (para atender a las diferencias existentes) pero solo como referente, pues lo que predominará será la forma de organización del grupo humano, que establecerá cómo se diferenciarán a los adolescentes de los adultos, y sobre dichas diferencias construirán (o al menos, es ideal que lo hagan) tratos diferenciados para respetar el eje de igualdad en el que se erige, en este caso, una sociedad democrática de Derecho.

Si la participación política se ejerce a partir de una determinada de edad es porque el Estado considera que recién a esa edad se cuenta con la capacidad de ejercer tal libertad, considerando la información brindada por distintas disciplinas existentes que fueron determinantes para establecer sus propias normas sociales (que muchas veces están plasmadas en dispositivos legales). Por eso las diferencias cognitivas, emocionales, socioculturales, psicológicas se vinculan con el ejercicio ciudadano.

¿Cuál sería el impacto de esta justicia especializada? Favorecer y respetar los derechos fundamentales de los y las adolescentes, en el sentido de brindar un tratamiento adecuado una vez que se ha logrado entender el problema estructural. Esto acarrea una serie de consecuencias como contar con personal capacitado y especializado en la materia, tribunales especializados, tratamientos especializados, entre otros.

Dado el escenario aún nuevo de la legislación -porque recién se ha empezado a implementar el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes desde este año, y solo en Lima Norte, Ventanilla y Callao- es importante que se continúe nutriendo el espacio de debate en torno a las consecuencias derivadas de la adopción de un sistema penal especializado.


(*) Sobre la autora: Asociada del área penal del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. Miembro del Grupo de Investigación de Derecho Penal y Criminología de la PUCP.


Referencias

[1] Proyectos de Ley Nº 1113/2011–CR, 1024/2011–CR y 1107/2011–CR.


Bibliografía

Barrón, A. (1992). Apoyo social y salud mental. En J. L. Álvaro., J. R. Torregrosa, y A. Garrido, (Eds), Influencias Sociales y Psicológicas en la Salud Mental (pp. 223 – 231). Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores S.A.

Bustos Ramírez, J. (s/f). Imputabilidad y edad penal. Consulta: 20 de noviembre de 2018. http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/imputabilidad_y_edad_penal.pdf

Chan, Gustavo. (2013). Igualdad formal, igualdad material y responsabilidad penal de los jóvenes: fundamento jurídico constitucional para el tratamiento diferenciado de la culpabilidad penal juvenil. Informes en Derecho: Estudios de Derecho Penal Juvenil IV. Santiago de Chile: Defensoría Penal Pública.

Damasio, A. (1994). Descartes’s Error. Emotion, Reason, and the Human Brain. Nueva York: P. Putnam’s Sons.

Hernández Basualto, Héctor. (2007). El nuevo derecho penal de adolescentes y la necesaria revisión de su ‘teoría del delito’. Revista de Derecho, 2, pp. 195-217.

Morris, A. (2003) «Critiquing the critics: a brief response to critics of restorative justice » en Johnstone, G. (ed). A Restorative Justice Reader Texts, sources, context. Inglaterra: Willan Publishing, 462.

s/n (03 de julio de 2022). “Gobierno evalúa reducir la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años”. Política. El Peruano. https://elperuano.pe/noticia/167853-gobierno-evalua-reducir-la-edad-de-responsabilidad-penal-de-18-a-16-anos

Steinberg, L., Graham, S., O’Brien, L., Woolard, J., Cauffman, E. y Banich, M. (2009). Age differences in future orientation and delay discounting. Child Development, 80, 28-44.

Téllez Infantes, Anastasia. (2013). El análisis de la adolescencia desde la antropología y la perspectiva de género. InteracÇÕes, 25, pp. 52-73.

Tiffer Sotomayor, Carlos. (2011). Fines y determinación de las sanciones penales juveniles. Informes en Derecho. Estudios de Derecho Penal Juvenil II. Centro de Documentación Defensoría Penal Pública: Santiago de Chile.

Vanfraechem, I., Bolívar, D., y Aertsen, I. (Eds.). (2015). Victims and restorative justice. London: Routledge.

Comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.