El pasado fin de semana, alrededor de las 7pm, se sucedió un evento especialmente alarmante para todos los que, de uno u otro modo, estamos relacionados con la Pontificia Universidad Católica del Perú: “La noche del viernes, dos delincuentes se infiltraron en el campus universitario de San Miguel y, tras maniatar a cinco trabajadores, se llevaron celulares, laptops y alrededor de 20 mil soles, producto de las ventas del día en el comedor”[1]. Tal situación no es especialmente terrible porque los niveles de inseguridad pública se hubieran elevado repentinamente, ni mucho menos porque hubiera sucedido algo así en una universidad privada que, sobre el papel, tiene los recursos para implementar mejores sistemas de seguridad. De hecho, podemos recopilar toda una serie de sucesos similares con dar una rápida revisión a las noticias diarias, y en ellas se encuentran terribles historias como la del asesinato de un joven estudiante de 19 años en un asalto en Los Olivos[2] hace un par de semanas o historias de asaltos en tantas otras instituciones educativas. Nuestra ciudad parece haber dejado de ser realmente nuestra.
Los hechos del último fin de semana sólo dan cuenta de la ola de inseguridad que azota Lima y otras localidades del país, pero es la cercanía de los mismos -hacia muchos de los que conformamos la Comunidad PUCP- la que nos presenta una realidad evidente, por lo que es propósito del presente texto el tomar tal hecho como una oportunidad: quizá un evento cotidiano -por lo acostumbrados que estamos a oír sobre asaltos y asesinatos-, una vez que tocó a nuestras puertas, sirva de combustible para exigir nuevas y urgentes reformas, o por lo menos para poner sobre el tapete algunas líneas de acción discutibles a través de las cuales se ha venido combatiendo la delincuencia y otros males que menoscaban finalmente la calidad de vida de los ciudadanos de éste país.
Ineficiencia estatal e inseguridad ciudadana: el espacio público reducido
Ha quedado claramente establecido que es rol estatal el garantizar el bienestar de los ciudadanos, y no se puede lograr dicho bienestar si es carencia diaria un mínimo de seguridad para desarrollar nuestros planes de vida. “La prevención y el combate al delito, a la delincuencia y a la violencia social, en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho y el abatimiento de los niveles de inseguridad y violencia, son reclamos legítimos”[3]. Nuestra Constitución le ha otorgado facultades y mandatos a determinados entes públicos para que coadyuven a la concretización de tal fin: el Ministerio Público tiene la obligación de perseguir los delitos[4], la PNP tiene el encargo constitucional de garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado[5], e incluso las Municipalidades están signadas a brindar servicios de seguridad ciudadana[6]. Sin embargo, la realidad muchas veces confronta aquello que constitucionalmente tenemos como derecho, es decir que no hay liquidez, no hay una verdadera satisfacción, o adecuada prestación de servicios por parte del Estado.
La idea de ciudad que impera, nos lleva a pensar en un espacio geográfico en el cual podamos disfrutar de mejores servicios y prestaciones, o las mejores posibilidades laborales y/o educativas, pero la inseguridad reinante tantas veces nos obliga a reprimir o repensar nuestras acciones: todos tenemos que soportar los costos de tal inseguridad, ya sea al tomar un taxi que en otras circunstancias podríamos ahorrar, o teniendo que invertir grandes sumas de dinero en sofisticados sistemas de seguridad para lograr un poco de estabilidad mental -al menos en casa-. Parafraseando a Zygmunt Bauman, no podemos negar que la seguridad como proyecto –más bien como idea de partida de una metrópoli- tiende a promover el equilibrio, la homogeneidad y la estabilidad necesarios para asegurar nuestra reproducción (como especie) y la reproducción misma de la “sociedad”[7]. Sobre tal idea se han venido erigiendo nuestras vidas durante milenios, pero hoy el atractivo de una ciudad como la nuestra, caótica e insegura, parece ir perdiendo brillo. El costo de la delincuencia no siempre es fácil de cuantificar: piense Usted en cuánto le vale su libertad de hacer las cosas que no puede hacer debido a la inseguridad de las calles, de los parques, de la vida diaria:
[L]a violencia produce sensaciones de inseguridad, indefensión y temor. La violencia se traduce en comportamientos de recelo, desconfianza y aprensión. Incita a la privatización de la seguridad de los ciudadanos, lo cual posibilita la aparición de empresas de salvaguarda y vigilancia, y se multiplican el uso de alarmas y el empleo de escoltas. Como consecuencia de la inseguridad, los centros de numerosas ciudades se convierten en lugares fantasmas porque los ciudadanos, por temor al atraco, no los pueden disfrutar. Los parques y demás espacios sociales pierden su carácter de públicos[8]
Los motivos para situarnos aquí hoy son, sin ninguna duda, múltiples. Las causas que podrían explicar el origen de la crisis de inseguridad hallan respuesta tentativa en el alicaído sistema educativo vigente porque el ciclo educación-empleo está desarticulado y la formación académica representa cada vez menos una garantía para el desarrollo personal o un medio de acceso a mejores condiciones de vida, y entretanto es aún altamente discutible que en nuestro país exista una educación básica de calidad[9]; o se pueden citar los problemas organizativos e institucionales para la regulación de la fuerza y del poder público[10] como rezago de una década nefasta bajo el mandato fujimorista[11], el cual trajo consigo una subsecuente crisis de institucionalidad aún persistente; o se podría cuestionar el modelo económico vigente que deja sumamente insatisfechos a grandes sectores poblacionales por la incapacidad del mismo para redistribuir la riqueza. Sea cual sea el motivo, teniendo en cuenta que seguramente cada uno de ellos juega un rol muy importante, lo innegable es que se trata finalmente de tareas correspondientes al Estado.
Políticas multidimensionales
Mejorar el sistema educativo y atacar la crisis de valores que parece reinar es un pendiente estatal, lo mismo que el fortalecimiento de las instituciones que pudieran enfrentar más eficientemente el problema. Recordemos que sólo hace unas semanas se destapó un escándalo mayor por el modo en el cual se estaba llevando a cabo la selección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura[12], nada más y nada menos que el órgano encargado de ratificar a los Jueces en el país. En cambio, para afrontar la delincuencia e inseguridad públicas se ha elegido siempre el enfoque convencional del problema, por lo que el núcleo de las estrategias se ha basado en el endurecimiento de las medidas de control, las cuales privilegian la represión en desmedro de la prevención, incrementando las acciones a través de la policía y los juzgados[13]. Y el problema de éste enfoque es que no es efectivo, mucho menos sostenible: “Si bien dichas medidas arrojan disminuciones en el número de delitos en el corto plazo, no implican resultados sostenibles a mediano o largo plazo y tampoco ofrecen un tratamiento integral que aborde la multidimensionalidad de factores que están asociados a los fenómenos de violencia urbana”[14].
Se necesita replantear la política de lucha contra la inseguridad, incluyendo planes verdaderamente sinérgicos que ataquen el problema de raíz, y olvidar la infructuosa manía legislativa de incrementar las penas o incorporar nuevos delitos. Es de conocimiento público, pero solapado, el hecho que existen funcionarios que incumplen con las obligaciones propias de sus funciones y establecen una relación de contubernio con delincuentes, y para ejemplo basta con mencionar las acusaciones que pesan sobre ex presidentes a quienes se les siguen investigaciones por presuntamente haber indultado indebidamente a narcotraficantes. Y hasta que no se proponga un plan verdaderamente omnicomprensivo, que también ataque el problema de corrupción al interior del Estado, no parece que la situación vaya a mejorar a grandes pasos. Tentativamente podemos tomar algunas consideraciones planteadas por un especialista mexicano en política criminológica, y salvando las distancias por su realidad bastante más violenta, tenemos:
(…) 3) Dar utilidad estratégica a los sistemas de información para la seguridad pública, sobre todo en la planeación de acciones para combatir a la delincuencia. 4) Incrementar la calidad, cobertura y oportunidad de las bases de datos y registros nacionales de seguridad pública. 5) Acelerar el programa de profesionalización del personal de la policía. (…) 8) Mejorar el sistema penitenciario. 9) Destinar recursos a mejorar la infraestructura y operación de los tribunales locales. 10) Promover la participación ciudadana[15].
La conducta delictiva perpetrada felizmente no ha dejado ningún hecho sumamente lamentable, pues los alcances de los daños generados por el asalto han sido únicamente patrimoniales. El encontrarnos sin quererlo tan cercanos a una realidad evidente, debería ser aliciente para repensar lo que acontece en nuestra Sociedad, debería asimismo obligarnos a cuestionar los planes de acción desplegados y qué aportes puede generar nuestra área de estudio no únicamente para elevar los índices de percepción positiva respecto de la seguridad pública, sino realmente plantear propuestas plausibles encaminadas a enfrentar el problema. El presente texto espera haber incentivado a dicha finalidad.
[1] El Comercio, 2015. Universidad Católica: refuerzan seguridad tras asalto a comedor. Lima, 28 Noviembre.
[2] Perú21, 2015. Los Olivos: Capturaron a tres presuntos asesinos de joven de 19 años. Actualidad, 12 Noviembre.
[3] CHINCOYA, H., 2014. De la seguridad pública a la política criminológica en México: 2000-2012. IUS Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, Issue 34, pp. 61-80.
[4] Artículo 159°.- Corresponde al Ministerio Público: 1. Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho. […] 4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. 5. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.
[5] Artículo 166°.- La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras.
[6] Artículo 197°.- Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley.
[7] BAUMAN, citado por ARAYA LÓPEZ, A., 2013. Ciudades espontáneas:Seguridad y espacio público en América Latina. Geopolítica(s), IV(2), pp. 281-304.
[8] FUENTES ROMERO, D., 2003. Políticas públicas y seguridad ciudadana: la vilencia como problema público. Estudios Fronterizos, vol. 4, núm. 8, IV(8
[9] LÓPEZ, O., 2013. La delincuencia como consecuencia de la calidad educativa en méxico en los últimos años. Revista Caribeña de Ciencias Sociales.
[10] CHINCOYA, H. Op. Cit., p.63
[11] Para profundizar sobre el tema se puede revisar: GONZÁLEZ, M. Á., 2006. Perú: Autoritarismo y Democracia. s.l.:Compañía Española de Reprografía y Servicios.
[12] Perú21, 2015. Alfredo Quispe Pariona: CNM declaró la vacancia del cuestionado consejero. Política, 13 Noviembre.
[13] ARRIAGADA, I. & GODOY, L., 2001. Seguridad y violencia en América Latina: Diagnóstico y políticas en los años noventa, Santiago, p.21.
[14] VARGAS, A. & GARCÍA PINZÓN, V., 2008. Violencia urbana, seguridad ciudadana y políticas públicas: la reducción de la violencia en las ciudades de Bogotá y Medellín. Pensamiento iberoamericano, Issue 2.
[15] CHINCOYA, H. Op. Cit., p.74
FUENTE DE IMAGEN: www.andina.com.pe
