Escrito por Antonio Alonso Peña (*)
El miércoles 13 de noviembre de 2024, en la plaza central de Chota, en la región de Cajamarca, un grupo de campesinos ronderos sancionó públicamente a una autoridad política del Perú. El hecho fue filmado, y su video muestra cómo un grupo de ronderos rodea a un representante del Congreso de la República del Perú, quien había llegado de visita, y lo obliga a recorrer a pie la plaza de armas. A pesar de la presencia de miembros de la Policía Nacional, el congresista es rodeado por la población y acompañado por un líder rondero, quien con su chicote o látigo parece obligarlo a caminar frente al público que expresa sus sentimientos de malestar a través de insultos y gritos [1].
¿Cuál es el significado de esta sanción pública de una parte del pueblo de Cajamarca frente a un representante político del Estado peruano?
La primera reacción se aprecia en el periodismo, y particularmente en el periodismo de tendencia política conservadora, quienes tienen un dominio en los medios de comunicación orientado a un grupo de la población del país. Siguiendo la opinión de este grupo de periodistas (enemigos de los partidos de izquierda y los “caviares”), notamos que considera el hecho como un “salvajismo”. Si bien el grupo de periodistas critica duramente el trabajo del congresista por ser de izquierda y haber actuado al lado del gobierno de turno afectando la institucionalidad democrática, no acepta que un pueblo indignado lo sancione en público; considera que es un exceso ilegal e inconstitucional.
Una segunda reacción es la de un grupo importante de la población peruana que considera que vivimos en un país democrático. Este segundo grupo acepta la sanción pública, dado que el congresista pertenece a una institución del Estado que se enriquece con sus altas remuneraciones y no ha contribuido con la función de crear normas jurídicas y controlar la corrupción. El Congreso de la República solo tiene 6% de aprobación, según encuestas de julio 2024 [2]. Sin embargo, el mismo grupo no acepta que se le apliquen latigazos al congresista; basta con la amenaza y el escarnio público.
Una tercera reacción podríamos ubicarla en otro grupo importante de la población peruana que aprueba la sanción espontánea al congresista y que, incluso, considera que debió azotársele en público, tal como se sanciona a los ladrones del lugar. Para este tercer grupo de la población, todo político es corrupto o ladrón, y el congresista retenido también lo sería por los hechos vinculados a su actividad política que sostienen conocer. Según este grupo de personas, salvo excepciones, los políticos están haciendo daño a la región y al país, y por ello la sanción ejemplar que les corresponde es el castigo físico a través de chicotazos o latigazos que cada pueblo representado debe aplicarles.
¿Cuál es el significado jurídico de esta sanción pública?
Si en el Perú comprendemos que vivimos en un país pluricultural, bajo una norma constitucional que regula el Derecho a la IDENTIDAD ÉTNICA Y CULTURAL (Artículo 2º, inciso 19, de la Constitución Política del Perú) la sanción pública de los ronderos no es inconstitucional. Dicha sanción coincide con la pluralidad étnica y cultural del país. Por el contrario, es el Congreso de la República quien actuaría inconstitucionalmente al no comprender esa pluralidad cultural en la mayoría del país aprobando leyes que afectan su territorio y su vida.
En este contexto, si bien es de lamentar las amenazas y el escarnio público que ha sufrido un congresista, es necesario comprender también la indignación de la población, diversa y plural a los intereses de las autoridades del Estado. Es que no solo es criticable el Congreso de la República, sino el conjunto de instituciones del Estado que no funcionan para controlar o generar el autocontrol del mismo Congreso: el poder ejecutivo se somete a este poder legislativo, y ni la contraloría ni el poder jurisdiccional (Ministerio Público, Poder Judicial o Tribunal Constitucional) pueden ejercer efectivo control.
Anteriormente ya hemos sido testigos de la reacción de dos señoras que en un acto público insultan y jalan el cabello de la presidenta de la República. El hecho ocurrió en la región de Ayacucho, el 20 de enero de 2024, cuando la presidenta se encontraba de visita por la inauguración de una obra pública. La reacción de las señoras ayacuchanas se debió a la impunidad por la muerte de un hijo y un esposo tras las protestas ocurridas en diciembre del año 2022 [3].
Lamentamos igualmente el hecho ocurrido contra la presidenta, pero no podemos dejar de comprender la acción social afectiva de las señoras ayacuchanas que expresan fácticamente la indignación de millones de personas. No hay justificación constitucional a favor de la presidenta y sus ministros que permitieron o autorizaron la actuación violenta de las fuerzas del orden frente a las protestas contra su régimen produciendo decenas de muertes en las regiones de Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno principalmente.
¿Qué hacer?
Todo lo anterior muestra que está aún pendiente en el Perú construir un Estado constitucional plural, social y culturalmente. Ni la presidenta ni los congresistas actuales del Perú reconocen esta pluralidad. Pudieron nacer en una región plural culturalmente, pero una vez en el gobierno olvidan a la población que les dio su voto y llegan a contradecir su propio origen.
En esta situación, a falta de institucionalidad del mismo Estado por controlar sus anomalías fácticas y jurídicas, la reacción de la población, como la de los ronderos, se vuelve necesaria. No son totalmente aceptadas las sanciones públicas al congresista ni a la presidenta antes citadas, pero resultan jurídicamente válidas conforme al artículo 2º, inciso 19 de la Constitución Política del Perú. Pero, más aún, esta población es la que hace al Estado y es la que tiene el poder de enfrentar el abuso y la violación de derechos de la autoridad, conforme lo dispone los artículos 45º y 46º de la misma Constitución.
Lima, 14 de noviembre de 2024, y 21 y 22 de enero de 2025.
(*) Sobre el autor: Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Abogado, Master en Ciencias Sociales y PhD. in Laws.
Ver:
[1] https://www.infobae.com/peru/2024/11/13/cajamarca-ronderos-obligan-a-congresista-hamlet-echevarria-a-recibir-el-repudio-de-la-poblacion/ visitado el 14/11/2024
[2] https://www.infobae.com/peru/2024/07/07/congreso-ya-no-representa-al-peru-desaprobacion-alcanza-el-94-tras-impulsar-leyes-cuestionadas/ visitado el 14/11/2024
[3] https://www.infobae.com/peru/2024/01/20/presidenta-dina-boluarte-es-agredida-en-ayacucho-la-insultan-y-le-jalan-el-cabello/ visitado el 14/11/2024
