Evolución y estatus de la figura del Operador Económico Autorizado en Colombia

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La figura del Operador Económico Autorizado (en adelante “OEA”) constituye una iniciativa de la Organización Mundial de Aduanas (“OMA”) que surge en respuesta a la necesidad de implementar estándares aduaneros seguros que promuevan la facilitación del comercio y la cooperación entre los diversos intervinientes en la cadena de suministro internacional, dado el incremento constante en las operaciones de comercio exterior en el mercado global.

En particular, la figura OEA es el reconocimiento otorgado por parte de la Autoridad Aduanera de cada Estado, a los actores de la cadena de suministro internacional por garantizar operaciones de comercio exterior seguras y confiables, empleando las mejores prácticas de conformidad con las exigencias planteadas en el marco SAFE[1].

La experiencia colombiana en relación con la figura del OEA inicia en el año 2008, año en el cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante “DIAN”) ejecutó un análisis de viabilidad y conveniencia de la implementación de esta figura en Colombia. Dicho análisis arrojó la necesidad de implementar un Plan Piloto que le permitiera a la DIAN y las empresas del sector privado vinculadas en este proyecto, detectar los ajustes necesarios en los procedimientos, marco normativo, requisitos, beneficios entre otros asuntos fundamentales.

Como producto de esta fase, el Gobierno de Colombia expidió el Decreto 3568 de 2011 y su reglamentación mediante las Resoluciones 11434 y 11435 de 2011 de la DIAN, que contienen las primeras directrices para la puesta en marcha del programa OEA y que en gran parte reproduce las directrices internacionales incluidas en el marco SAFE.

Del mencionado Decreto vale la pena resaltar su enfoque interinstitucional toda vez que apunta a que las entidades de control como ICA[2], INVIMA[3], DIAN, entre otras, trabajen de manera coordinada con los particulares[4], así como su alcance a pequeñas y medianas empresas en cuanto persigue un incremento en la competitividad de estas[5], al reducir costos en la cadena logística.

Sin embargo, este último punto resulta actualmente cuestionable en la práctica, toda vez que realizando un análisis de las empresas que hasta el momento han obtenido la calificación OEA, es posible identificar que solo las grandes empresas han logrado el cumplimiento de los numerosos requisitos exigidos.

Si bien dichos requisitos apuntan a garantizar seguridad y confianza en las operaciones de comercio exterior, resulta fundamental la reflexión sobre ciertas estrategias que permitan vincular a las pequeñas y medianas empresas de manera efectiva al programa OEA, sin dejar de lado la seguridad en la cadena logística.

Es preciso señalar que la figura OEA en cumplimiento de su implementación gradual en Colombia, fue inicialmente prevista para los exportadores[6] de los principales productos de exportación tradicionales, a saber: café, petróleo, aceite y carbón y para los exportadores de dos productos no tradicionales como lo son las flores y el banano[7]. Esto en razón a la limitada capacidad operativa de las entidades de control.

Sin embargo, en el año 2012 se extendió el programa OEA a los exportadores de todos los sectores de la economía mediante la Resolución 91 de 2012 y solo hasta el año 2015 las primeras 4 empresas se calificaron bajo el programa OEA exportador. Lo que evidencia que solo hasta el momento en que se amplió el alcance del programa OEA a todos los sectores de la economía, esta figura comenzó a tomar relevancia para las empresas colombianas. No obstante, vale la pena resaltar que la calificación como OEA aun constituye una figura bastante desconocida para los empresarios, en cuanto estos no tienen claridad del trámite que debe surtirse, los requisitos vigentes y los beneficios a obtener por el cumplimiento de estándares tan elevados, esto como resultado de los constantes cambios en la regulación aduanera vigente.

Posteriormente y en consideración a la necesidad de ajustar ciertas falencias del Decreto 3568 de 2011, fue expedido el Decreto 1894 de 2015 que se caracteriza principalmente por la implementación de dos categorías: (i) Seguridad y Facilitación y, (ii) Seguridad y Facilitación sanitaria. Dichas categorías pretendían subsanar una circunstancia que venía suscitándose en la práctica, toda vez que bajo el Decreto 3568 de 2011, una de las condiciones previas para solicitar la autorización como OEA para los exportadores, constituía la obtención de las autorizaciones, registros y conceptos sanitarios exigidos por la autoridad de control, incluso para aquellos productos que no requerían dichas autorizaciones. Lo anterior derivó en la necesidad de surtir procedimientos innecesarios ante las autoridades de control, quienes se pronunciaban aduciendo la falta de competencia en tanto, se trataba de productos que no requerían tales autorizaciones.

Con la implementación de las categorías en mención, en particular la de Seguridad y Facilitación sanitaria, se busca que los particulares puedan escoger la categoría que más se adapte a sus operaciones teniendo en cuenta los productos a exportar y realizar el correspondiente análisis de los requisitos a cumplir.

De igual manera, el Decreto 1894 realizó modificaciones en materia de procedimiento[8], condiciones para solicitar y mantener la condición como OEA[9] entre otros aspectos que buscaban redefinir el esquema de autorización de OEA en cumplimiento de los estándares internacionales.

Ahora bien, con las recientes modificaciones al Estatuto Aduanero mediante los Decretos 390 de 2016 y 349 de 2018 también se introdujeron modificaciones a la figura del OEA. En particular, los Decretos en referencia contemplan beneficios adicionales a los establecidos en el Decreto 3568 de 2011, dentro de los cuales se destacan los beneficios de no constituir garantías para respaldar sus obligaciones aduaneras[10], no presentar declaración aduanera anticipada cuando resulte obligatoria[11], obtener atención preferencial en los controles aduaneros realizados o en los trámites manuales que adelante[12], entre otros.

Además, la regulación aduanera colombiana contemplaba la calidad de Usuario Aduanero Permanente (UAP) y Usuario Altamente Exportador (ALTEX), entendidos estos como usuarios aduaneros que bajo el cumplimiento de ciertos requisitos gozaban de privilegios que se representaban en la celeridad en las operaciones de comercio exterior.  No obstante, con las mencionadas modificaciones al Estatuto Aduanero, se determinó la desaparición de dichas calidades para el mes de marzo del año 2020, lo que ha generado una preocupación por parte de las empresas con dichas calidades, pues se han visto obligadas a identificar alternativas para suplir los beneficios recibidos bajo estos regímenes especiales, mediante el programa OEA, que sin lugar a duda contiene estándares de cumplimiento más elevados, impactando de forma directa los costos operativos de las operaciones de comercio exterior.

Resulta necesario también hacer mención a los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (en adelante “ARM”) suscritos entre las autoridades aduaneras de otros Estados como un mecanismo para reconocer la compatibilidad normativa y operativa de sus respectivos Programas OEA. En este campo, Colombia cuenta con 7 Acuerdos Comerciales dentro de los cuales se incluye la figura de ARM, [13]. Entre estos Acuerdos Comerciales se destaca el Arreglo Multilateral de Reconocimiento Mutuo en Materia del Operador Económico Autorizado, suscrito en el marco de la Alianza del Pacífico en el mes de julio 2018, en tanto representa una oportunidad para las empresas de Colombia, Chile, Perú y México de ser reconocidas como confiables ante las autoridades aduaneras de la región.

De igual manera, este instrumento regional, único en su tipo en el mundo, debe aumentar la eficiencia económica de la cadena de suministro, reducir los tiempos y costos asociados a las operaciones de comercio exterior y mejorar la competitividad de las empresas intervinientes en la operación logística, en tanto recibirán el mismo tratamiento preferencial por parte de las autoridades aduaneras de los Estados miembros del Acuerdo.

Así pues, la figura del OEA en Colombia al estar en una etapa inicial seguirá siendo objeto de numerosas reglamentaciones y cambios normativos, en razón a la limitada capacidad operativa de la DIAN para implementar la figura de manera conjunta a los demás intervinientes en la cadena logística.

En específico, la DIAN próximamente se propone reglamentar la certificación OEA para puertos, lo que indica que figuras como depósitos, agentes marítimos, comercializadoras internacionales entre otros partícipes de la cadena de suministro, permanecerán por ahora sin reglamentación específica, lo que puede generar retrasos en las operaciones de comercio exterior.

Adicionalmente, de la implementación del programa OEA en Colombia surgen diversas inquietudes y reflexiones que deberán ser decantas con el desarrollo del programa. En particular será interesante analizar las consecuencias y efectos de la firma de contratos entre asociados de negocios, cuando solo algunos de ellos poseen la calificación como OEA, igualmente, el alcance de la responsabilidad de los puertos de carácter público que obtengan la calificación como OEA en relación con los usuarios que no ostentan dicha calidad, entre otras consideraciones.

En la actualidad, 47 empresas colombianas cuentan con la certificación OEA en las diferentes categorías a saber: 40 empresas en la modalidad de exportación, 5 empresas en la modalidad de importación y dos empresas cuentan con la certificación OEA en ambas modalidades.[14] Lo anterior representa un reto para las demás empresas, en tanto sus niveles de competitividad pueden verse menoscabados en razón a los diversos beneficios aduaneros y tributarios obtenidos por las empresas certificadas OEA.

De otro lado, el programa OEA surgió con el propósito de facilitar el comercio transfronterizo garantizando las operaciones de comercio exterior confiables, sin embargo, en la práctica colombiana los controles por parte de las Entidades de Control no se han visto necesariamente disminuidos, incluso con aquellas empresas que gozan de esta certificación, por lo que resulta necesario reflexionar acerca de la importancia de lograr  utilidad real de esta figura, en tanto exige el cumplimiento de rigurosas condiciones por parte de los partícipes de la cadena logística, y debería traer celeridad en las operaciones de comercio exterior.

Por último, resulta necesario seguir trabajando en el fortalecimiento de lazos comerciales a partir de los ARM, pues esto supone la armonización de procedimiento aduaneros proporcionando así un incentivo adicional para que las empresas emprendan su certificación OEA y Colombia sea un punto de referencia en la comunidad internacional en materia de seguridad en la cadena logística y competitividad del mercado.


Imagen obtenida: https://bit.ly/2CcD8da

[1] Marco normativo adoptado por la Organización Mundial de Aduanas en el año 2005 que busca la implementación de un régimen comercial más seguro en desarrollo de una labor de coordinación y cooperación entre las autoridades aduaneras y los particulares que participan en la cadena de suministro global.

[2] El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) está a cargo de la prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales con el fin de proteger la salud de las personas, los animales y las plantas y asegurar las condiciones del comercio.

[3] El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) tiene como función principal ejercer el control de calidad y seguridad de los medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos entre otros productos.

[4] Artículo 2 Decreto 3568 de 2011

[5] Artículo 5 Decreto 3568 de 2011

[6] Artículo 24 Decreto 3568 de 2011

[7] Artículo 22 Resolución 11434 de 2011

[8] Estableció el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en caso en que se obtenga una decisión desfavorable frente a la calificación del Sistema de Administración de Riesgos ante la DIAN.

[9] Redujo la revisión de antecedentes penales, incidentes de seguridad en la cadena de suministro y cancelación de autorizaciones para accionistas que tengan una participación individual superior al 30% de capital accionario.

[10] Artículo 35 Numeral 2.1 Decreto 390 de 2016

[11] Artículo 35 Numeral 2.6 Decreto 390 de 2016

[12] Artículo 12 Decreto 349 de 2018

[13] Acuerdo Comercial entre Colombia y la Unión Europea: Artículo 62 / Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea: Artículo 4.6 / Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Costa Rica: Artículo 4.6 / ​Acuerdo de Libre Comercio entre La República de Colombia y La República de Panamá: Artículo 4.5​ / Tratado de Libre Comercio entre La República de Colombia y el estado de Israel: Artículo 4.9​ / Alianza del Pacifico: Artículo 5.8​​

[14] Información actualizada al mes de junio de 2018

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