¿Es necesaria la sanción de promesas irreales o imposibles en campaña electoral? | Italo Gómez

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Escrito por Italo Gómez (*)

En época electoral es usual escuchar a los candidatos que postulan a un cargo público formular y/o sustentar promesas de campaña las cuales, según ellos, llegarían a materializarse de ocupar el cargo al que postulan. Estas promesas, en tanto sean coherentes y sostenibles, son sanas para la democracia y facilitan el ejercicio de un voto informado. Sin embargo, en ciertas ocasiones, estas destacan por ser irreales o inverosímiles. Es decir, en palabras sencillas, resultan imposibles de realizar –ya bien porque exceden a las facultades o competencias atribuibles al cargo público al que se postula o porque no existen las condiciones (materiales, económicas) para concretizarlas– generando así únicamente que el elector se confunda y se cree falsas expectativas de que exista la posibilidad de su cumplimiento. Este tipo de prácticas aún no han sido reguladas de manera expresa por la ley electoral, mas creemos que su regulación y sanción resulta urgente y necesaria en el Perú.

Conviene precisar, en principio, aunque pueda sonar contradictorio, que este tipo de prácticas no necesitarían ser objeto regulación jurídica siempre y cuando nuestro electorado se caracterizara por ser informado y criterioso puesto que, de esta manera, podría identificar fácilmente aquella promesa que resulta viable de la inverosímil, “castigando” al candidato con su voto y restándole credibilidad al partido político que representa. No obstante, hay que reconocer que nuestro electorado no se caracteriza precisamente por las mencionadas características.

Ello, pues cierto es que un porcentaje de nuestra ciudadanía aún no distingue de manera clara cuáles son los roles y los límites de las competencias atribuibles a cada funcionario público de elección popular. Es así que, aprovechándose de esto, por ejemplo, diversos candidatos al Congreso de la República continúan prometiendo en sus propagandas electorales la creación de programas sociales o la construcción de colegios y hospitales, a sabiendas de que la realización de esas promesas van más allá de sus funciones –pues estas corresponden al Ejecutivo– haciéndolo puesto que conocen que estas promesas resultan mucho más atractivas para el elector que una propuesta legislativa, la cual resultaría “más técnica y compleja de entender”, de acuerdo a la politóloga Katherine Zegarra. (RPP,2021)

De esta manera, el sector del electorado que cree en este tipo de formulaciones se convierte en vulnerable ante aquellos candidatos que pretenden sacar ventaja de ese desconocimiento o ignorancia, para así formular promesas irreales con el objetivo deliberado de engañarlos, confundirlos y “ganarse unos votos a su favor”.

Ejemplos diversos, en los que se han formulado promesas irreales o imposibles, no ya por una promesa cuya realización excede al encargo de sus funciones, sino debido a una imposibilidad jurídica o material, hemos visto en la actual contienda electoral, específicamente en la carrera presidencial.

Conocido es que un candidato presidencial prometió vía redes sociales que, de llegar a la Presidencia de la República, liberaría el 100% de los fondos de los aportantes a la ONP, aun sabiendo que, en esa fecha, tal medida ya había sido declarada inconstitucional por el máximo intérprete de nuestra Constitución, el Tribunal Constitucional. Este órgano había señalado que los fondos y las reservas de la seguridad son intangibles y solo pueden ser usados para pagar la pensión de los jubilados (fundamento 9 de la STC 0016-2020-PI), sobre esta propuesta, también se pronunció el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) (La República, 2021), manifestando que “disponer de los fondos de pensiones no solo sería inconstitucional, sino materialmente imposible, al no existir recursos acumulados’”. Es decir, en cualquier supuesto, esta medida no podría llegar a concretizarse en la realidad puesto que resulta jurídica y materialmente imposible.

De igual forma, otro candidato presidencial prometió y difundió en redes sociales y entrevistas periodísticas que, de llegar a Palacio de Gobierno, administraría la entrega de un llamado “Bono COVID”, medida que consiste en la entrega de un subsidio económico de S/. 600 para cinco millones de familias vulnerables económicamente a lo largo de un año; sin embargo, tras realizarse un análisis económico de la magnitud financiera de esta propuesta por parte de los expertos, se llegó a la conclusión de que su puesta en práctica resultaría insostenible para la economía nacional. En esa dirección, Diego Macera, economista y gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), sostiene que la misma es un “sinsentido fiscal” (IPE, 2021).

Como vemos, en la actualidad, la formulación y difusión propagandística de promesas de esta naturaleza siguen vigentes y solo pueden ser entendidas con el ánimo de engañar y confundir a un electorado vulnerado económicamente, quien ve en ellas una esperanza  de solución para sus urgentes problemas financieros, tras probablemente la pérdida de su puesto de trabajo en el contexto de una emergencia sanitaria global que ya ha generado, además de la numerosa cantidad de decesos, la pérdida de más de 6 millones de empleos en el país.

Cabe señalar que este tipo de prácticas resultan dañinas para la democracia, puesto que no permiten que la ciudadanía juzgue y compare las propuestas de los candidatos en igualdad de condiciones.  Así, quienes consideren verosímiles este tipo de medidas, las compararán con las propuestas o planes concretos y realistas de otros candidatos, quedando estos en una posición desventajosa para este sector del electorado, dado que este tipo de promesas se caracterizan generalmente por ser ampliamente ambiciosas y más “generosas”.

Al analizar estos casos, sostenemos que nuestra realidad hace necesaria la intervención del Estado para proteger a la ciudadanía de cualquier intento deliberado de confusión que perjudique el ejercicio de un voto informado (pues recordemos que esta información no es exacta, más aún, es errada) e interfiera en el proceso democrático.

Ahora, si bien es cierto, no existe una norma que regule este tipo de actos, a partir de una interpretación teleológica del artículo 42° de la Ley N°30414, “Ley de Organizaciones Políticas”, podemos argüir la creación de una sanción expresa para ello.

Esto es pues, en el artículo 42° de la ley en mención, denominado  “Conducta Prohibida en la Propaganda Política”, se establece la prohibición de efectuar entrega o promesa de entrega de dinero, regalos, dádivas, alimentos, medicinas, agua, materiales de construcción u otros objetos de naturaleza económica, de manera directa, o a través de terceros (Ley de Organizaciones Políticas, 2003), sancionando esta práctica con la imposición de una multa correspondiente a las 30 UIT para el candidato infractor; y, en añadidura, se incluyen expresamente, en una segunda parte del artículo, tres criterios rectores que orientan la propaganda política de los partidos políticos: principio de legalidad, principio de veracidad y principio de autenticidad.  Sin embargo, ante la vulneración de estos principios no se establece ningún tipo de sanción. Entonces, siendo el espíritu de la norma lograr el cumplimiento de estos principios por parte de los candidatos políticos y las organizaciones políticas ¿Por qué no existe, ante la vulneración de los mismos, una sanción para quien los infrinja?

Analicémoslo a detalle. De acuerdo a lo dispuesto por la misma norma legal, el principio de legalidad supone que los contenidos de las propagandas electorales deben respetar las normas legales y constitucionales; el principio de veracidad señala que no se puede inducir a los electores a tomar una decisión sobre la base de propaganda electoral falsa o engañosa; y el principio de autenticidad establece que la propaganda electoral debe revelar su verdadera naturaleza y no difundirse bajo la apariencia de noticias, opiniones periodísticas, materiales educativos u otros medios. En ese sentido, las promesas aquí analizadas resultan claramente incompatibles y contrarias al principio de veracidad puesto que una promesa irreal es una propaganda electoral falsa que puede llegar a ser uno de los motivos por los que el elector fundamente erradamente su voto, mas, lamentablemente, en la acotada norma, como referimos anteriormente, no se especifica de manera literal una sanción al candidato o partido político que incumpla este o cualquiera de los mencionados principios.

Es por ello, que creemos menester incluir en el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas la regulación de una sanción expresa para todo candidato que incluya y difunda promesas de campaña irreales o imposibles a través de la propaganda electoral, puesto que ello vulnera el principio de veracidad de la propaganda política establecido expresamente en la misma ley, induciendo a los electores a tomar una decisión sobre la base de propaganda electoral falsa o engañosa.

Esta medida tiene como finalidad no solo que el electorado fundamente su voto en propuestas reales y concretas, sino también que los candidatos políticos sean mucho más responsables al formularlas y publicitarlas, estimulándose la originalidad, realidad y sobre todo sostenibilidad de las mismas.

Conviene señalar que la medida propuesta no es en absoluto, a nuestro criterio, la solución respecto de la situación de desinformación en la que recae cierto sector del electorado en cuanto a la distinción de las funciones competentes a los cargos públicos disputados en una contienda electoral. Por el contrario, aquí sostenemos que solo se podrá poner fin tal problema con el erigimiento de una ciudadanía versada en el conocimiento y distinción de las funciones de los poderes y órganos del Estado, capacidad obtenida por una formación cívica sólida proveniente desde la etapa escolar; aunada a la participación, aclaración y difusión pertinente de los organismos electorales advirtiendo de estas malas prácticas y el compromiso de los medios de comunicación que identifiquen y rechacen céleremente este tipo de actos perjudiciales para la democracia.

Sin embargo, conviene resaltar que, mientras la situación descrita en el párrafo anterior no esté garantizada, en la realidad, al reiterarse la formulación y difusión de promesas irreales, se está vulnerando el principio de veracidad de las propagandas políticas, perjudicando al elector y, en última instancia, al país.

Por todo lo expuesto, convenimos en que se hace necesaria la intervención del Estado a través del sancionamiento expreso de quienes incurran en estos actos, con la finalidad de poder garantizar las condiciones óptimas de una contienda electoral que se realice en plena democracia.


Imagen obtenida de https://bit.ly/3tNiAxL

(*) Italo Gómez Zare. Estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo. Miembro activo del Círculo de Estudios Logos y Ethos en el área de Publicaciones.

Referencias

Ley de Organizaciones Políticas. Ley N° 30414 (2003).

Tribunal Constitucional del Perú. (2021). Sentencia recaída en el expediente N. º 0016-2020-PI/TC. Poder Ejecutivo contra Congreso de la República. 4 de febrero. https://lpderecho.pe/tc-inconstitucional-ley-31083-devolucion-aportes-onp-expediente-00016-2020-pi-tc/

RPP. (2021).  https://rpp.pe/politica/elecciones/elecciones-2021-que-pueden-y-no-pueden-ofrecer-los-candidatos-al-congreso-en-campana-electoral-el-poder-en-tus-manos-noticia-1318732

CONVOCA. (2021).  https://larepublica.pe/verificador/2021/02/15/es-falso-que-daniel-urresti-pueda-devolver-el-dinero-de-los-aportantes-a-la-onp-y-que-nada-ni-nadie-pueda-impedirselo/

IPE. (2021).  https://www.ipe.org.pe/portal/elecciones-2021-es-viable-dar-bono-de-s-600-mensuales-a-5-millones-de-familias-por-un-ano/

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