El año 2020 ha sido revelador. Revelador porque debido a la situación de emergencia nacional generada por el COVID-19, se develó la real capacidad estatal para dar respuesta a las necesidades de la población, sobre todo las más necesitadas. No solo hablamos de problemas de institucionalidad que evidencian poco interés por construirla en estos doscientos años de vida republicana. Hablamos también de la capacidad efectiva para responder frente a la serie de problemas que se han arrastrado desde hace décadas, por ejemplo en salud y educación. Un sistema de salud desbordado y un aparato educativo sin capacidad de respuesta, demostraron grandes limitaciones para atender a una ciudadanía, que si bien sospechaba y no tenía pruebas de la respuesta del Estado, ahora no tiene dudas de ello y del real interés de este en la población. La emergencia nacional demostró lo que es vivir en un país donde la salud y la educación, más que derechos son privilegios. Pero, y quizás lo más lamentable, ha sido la manera cómo se abordó el problema de la pandemia y la respuesta estatal en el caso de los pueblos indígenas, donde lo anterior se evidenció al cuadrado.

El punto que quiero resaltar es que para que los pueblos indígenas puedan ejercer y ver garantizados sus derechos, es necesario contar con bases políticas capaces de dar cabida a sus agendas, que tengan en cuenta sus realidades, pero sobre todo que ellos y ellas sean partícipes en los temas públicos a través de sus representantes. Y en el país, ninguna de lo que llamaremos condiciones para el ejercicio de sus derechos, existen plenamente. La consecuencia es que sus temas terminan por no estar priorizados, invisibilizados o inexistentes en el debate público, pero sobre todo en la planificación estatal.

La respuesta estatal frente a la pandemia del COVID-19 evidenció claramente que el tema indígena no estuvo presente en la manera cómo dar atención a esta población, incluso desde antes. Su atención fue tardía y con retrasos. Si ya existían problemas para que se garantice el acceso a servicios de salud y educación, esto se agravaba si se trataba de recibir atención en salud culturalmente pertinente y educación de calidad tanto intercultural como bilingüe. Un tema central es que el aparato estatal aun intenta pero no consigue entender la realidad indígena, ni qué decir de sus agendas. Siendo así, un aparato estatal monocultural termina por darse cuenta sobre la marcha que no consideró a los pueblos indígenas en sus acciones, y trata de dar soluciones apresuradas. Esta no es forma de considerar la realidad indígena en la actuación estatal, y resulta un agravio a nuestros pueblos.

Pero no solo es que los temas indígenas no estén considerados desde el inicio en la planificación estatal. Otro tema a tener en cuenta es que los avances que se presentan terminan no siéndolo en estricto. Por un lado, tenemos las respuestas estatales tardías a la realidad indígena ante la emergencia nacional. Pero, por otro, tenemos el resto de temas indígenas que pasaron a un segundo e incluso tercer plano, debido justamente a la misma emergencia. Sobre los primeros, el desorden ha caracterizado la respuesta de funcionarios y funcionarias; pero sobre los últimos no hay perspectiva clara de hacia donde se va o se quiere; me atrevería a decir que incluso nunca han estado en el debate público (y no sabemos si estarán).

Respecto a la gran cantidad de temas relacionados a los pueblos indígenas que no forman parte de la agenda pública nacional y que debido a la pandemia terminan siendo satélites no priorizados, no se sabe qué es lo que el Estado quiere de ellos. Pensemos en temas como territorialidades, autonomías, entre los principales. Son temas incómodos, ciertamente; pero no por ello deben dejarse de lado. La política del avestruz de no querer verlos viene generando el crecimiento de expectativas. Sumado a ello, está la política del generar cambios que no generen cambios. Primero, el no querer atender los temas indígenas creyendo que si no se les hace caso, pasarán al olvido; pero cuando ello no ocurre, se plantean propuestas que en el fondo no cambian nada. Esto hay que denunciarlo, no premiarlo. Los avances en materia de pueblos indígenas no pueden darse en migajas, requieren tomar decisiones claves, que no se están tomando.

El año 2020 demostró que el tema indígena no ha sido parte del debate público, y que la comodidad está por encima de luchar por generar cambios reales. Es momento de como lo señalé en una nota anterior, cambiar el enfoque; pero además de ello, de hacer ruido. El tema indígena no avanzará si es que no se considera ponerlo sobre la mesa y que sea parte real de lo que se quiere como país, ya no pensando en el Bicentenario, sino en los siguientes años. Frente a quienes prefieren quedarse callados o calladas, es necesario no doblegar, sino establecer reales y efectivos cambios que permitan generar las condiciones para el ejercicio de derechos colectivos; caso contrario, las cosas seguirán tan igual como hasta ahora, hasta la siguiente pandemia.