“El procedimiento de certificación como operador económico autorizado (OEA), la ausencia del análisis de impacto regulatorio (RIA) y otras consideraciones en torno al D.S. N°018-2018-EF ”

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Mediante el Decreto Supremo 018-2018-EF se dispone dejar sin efecto la figura del importador frecuente[1] y se otorga a este tipo de empresas medidas adicionales de facilitación en el comercio exterior, siempre que se certifiquen como operadores económicos autorizados[2]. La regulación aduanera establece que las empresas podrán certificarse como OEA si adecuan sus procesos internos a las normas de seguridad en la cadena logística de comercio exterior[3], esto es, deben principalmente:

  • Contar e implementar medidas de seguridad en sus instalaciones (cámaras, cercos, señalética y demás exigencias físicas y de infraestructura)
  • Contar con procedimientos seguros en el acceso de personas a zonas sensibles de embarque y descarga de mercancías (contando con procedimientos y capacitación del personal interno o empresas a cargo de la seguridad).
  • Contar con procedimientos informáticos que permitan verificar controles adecuados para que los usuarios sean personas que resguarden la información de forma segura.
  • Solvencia financiera[4].

El alto estándar en seguridad solicitado y los costos asociados para lograr que una empresa dedicada a importar y exportar sea reconocida como OEA, sumada a la falta de Convenios de reconocimiento mutuo entre Aduanas, que dieran mecanismos verdaderamente efectivos de tratamiento preferencial en destino, terminó por considerar a la certificación como un procedimiento poco atractivo. Sin embargo, con la emisión del D.S. N° 018-2018-EF la certificación se volvió prácticamente obligatoria pues las empresas que no se certifiquen hasta el 31 de diciembre de 2018, no podrán mantener los beneficios que gozaban por ser importadores frecuentes.

Con la emisión de este Decreto Supremo, así como el plazo tan corto para el cumplimiento de los requisitos para obtener la certificación, se habría creado para los importadores frecuentes costos más altos que los beneficios obtenidos por acogerse a la referida certificación. Al respecto, resulta importante revisar los objetivos establecidos en la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria[5] de procedimientos administrativos establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1310[6]. En efecto, esta norma y su Reglamento, aprobado por D.S. N°075-2017-PCM, señalan que no se puede presentar carga administrativa, costos en los que incurren los administrados como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones impuestas, en el curso de un procedimiento administrativo[7] y que no cuente con una evaluación del costo – beneficio, necesidad, efectividad y proporcionalidad del procedimiento.

Estamos seguros que el procedimiento de certificación es conveniente para obtener mecanismos de facilitación en el comercio exterior, sin embargo no es adecuado que se impongan al sector privado mecanismos que impliquen que éste asuma una serie de costos de implementación en tan corto tiempo, omitiendo mecanismos de coordinación[8] para dar a conocer los beneficios de la inversión en seguridad, y sin evaluar otras medidas efectivas que puedan llevar al mismo objetivo de asegurar la cadena logística, facilitando el comercio.


Imagen obtenida de: https://bit.ly/2NxnNrZ

[1] La Aduana designa a una empresa como importador frecuente cuando se le reconoce como buen contribuyente, debido a una trayectoria satisfactoria en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras. Al importador frecuente se le exonera de seguir el procedimiento de duda razonable, evitando con ello demoras y por ende sobrecostos en las operaciones de importación.

[2] A los importadores frecuentes que hayan sido seleccionados conforme a los criterios que establezca la SUNAT y que hayan presentado su solicitud de certificación como operador económico autorizado hasta el 31 de diciembre de 2018, podrán presentar garantías globales nominales para sus declaraciones de importación para el consumo, admisión temporal para reexportación en el mismo estado y admisión temporal para perfeccionamiento activo tramitadas bajo la modalidad de despacho anticipado.

[3] Establecido por la Resolución: 35-2016-SUNAT/5F0000, procedimiento de certificación como operador económico autorizado: DESPA-PG.29.

[4] Inicialmente se exigía que el solicitante no tenga pérdidas por tres períodos consecutivos, cambiándose tal exigencia por mostrar solidez financiera que garantice sus operaciones.

[5] El análisis de impacto regulatorio (RIA, por sus siglas en inglés), según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), es una herramienta que permite evaluar sistemáticamente los impactos positivos y negativos de las regulaciones propuestas y existentes de los gobiernos

[6] Las entidades del Poder Ejecutivo son las encargadas de realizar el Análisis de Calidad Regulatoria de todas las disposiciones normativas de alcance general que establezcan procedimientos administrativos, incluyendo las disposiciones normativas que reglamenten trámites creados en leyes o normas con rango de ley, conforme a lo dispuesto en el inciso 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1310.

[7] Creemos que el procedimiento de certificación como operador económico autorizado si bien es administrado por SUNAT no es un procedimiento de naturaleza tributaria que se encuentre excluido del análisis de calidad regulatoria impuesta por D.Leg 1310.

[8] El marco SAFE de la OMA señala como principio y objetivo crear un ambiente de coordinación reforzando la relación entre el sector público y privado para lograr los objetivos de facilitación del comercio.

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