El nudo desatado por el Indecopi: un límite menos al acceso a la justicia | Ruben Gonzales

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Ruben Gonzales Ormachea[1]

En los últimos días de septiembre, la resolución N° 0189-2020/CEB-INDECOPI ha sido noticia en la comunidad jurídica por su trascendencia judicial y social. Específicamente, la decisión – aún no firme – del INDECOPI declara barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar una constancia de habilitación profesional expedida por el Colegio de Abogados.

1. La presentación de la constancia de habilitación: Un límite al acceso a la justicia

Desde el 2012, la Resolución Administrativa N° 025-2012, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha exhortado a los jueces del país a requerir a los abogados la presentación de la constancia física de habilitación cuando brinden el patrocinio judicial para evitar que los abogados inhábiles ejerzan la abogacía.  En la casuística, la ausencia de dicha constancia ha originado que los órganos jurisdiccionales declaren la inadmisibilidad de la demanda a pesar que dicho supuesto no está previsto en el artículo 426 del código procesal civil. Esto ha ocasionado el inquietante retardo de los procesos en la etapa procesal de calificación de la demanda.

A pesar del eco de las críticas, el Poder Judicial ha persistido en la errónea decisión de declarar la inadmisibilidad. Así, Jaime Abanto (2018) comentaba que este formalismo ha representado que la exigencia de la constancia de habilitación sea un sobrecosto innecesario que entorpece el ejercicio del derecho de acceso a la justicia de los litigantes.

Ante esta situación, nos preguntamos ¿Ha sido idóneo exigir la constancia física de habilitación para corroborar la habilidad de los abogados? ¿Ha podido existir algún medio menos gravoso que sea igualmente idóneo para lograr el mismo fin? ¿Ha sido la inadmisibilidad de la demanda por falta de la constancia física de habilitación una calificación procesal abiertamente desproporcional?

 2. El obstáculo superado ante la perturbación de la tutela jurisdiccional

Para Mauro Cappelletti y Bryant Garth (1983: 23), la identificación de los obstáculos es la primera y difícil tarea para darle significado a la efectividad. Así, el acceso a la justicia es un elemento esencial del derecho a la tutela jurisdiccional.

En el Perú, este derecho está reconocido en el artículo 139 inciso 3 de nuestra constitución. De esta manera, el acceso a la justicia garantiza a los justiciables la apertura del proceso ante el órgano jurisdiccional sin ningún formalismo excesivo que limite su ejercicio.

Sin embargo, por mucho tiempo, el litigante ha debido esperar hasta tres meses para que, previa presentación de la constancia de habilitación, la demanda sea admitida. En algunas ocasiones, las consecuencias de esta innecesaria dilatación eran tan perjudiciales que los litigantes han desistido del proceso para, otra vez, presentar la misma demanda. Incluso, ante la frustración por la ausencia de calificación positiva de la demanda, los litigantes han accedido a conciliar por montos menores de los que había pretendido en el proceso.

Esto ha sido una repercusión negativa al acceso a la justicia, porque desincentiva a los litigantes a continuar en el proceso y limita sus expectativas sobre el resultado del proceso. El escenario se vuelve más sombrío cuando el litigante con escasos recursos económicos debe no solo cubrir el costo de la constancia, sino también pagar los aranceles judiciales por derecho de notificación. Todo esto sin contar los honorarios del abogado por su firma en el escrito.

Con la resolución N° 0189-2020/CEB-INDECOPI, emitida por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI, la expectativa es que el innecesario alargamiento para la calificación de la demanda y sus perniciosas consecuencias no vuelvan a ocurrir. En efecto, la razonable posición del INDECOPI sostiene que la habilidad del abogado puede ser corroborada mediante la página web de los colegios de abogados sin la necesidad de presentar una constancia física de habilitación. En ese sentido, la medida de corroboración de la habilidad del abogado por vía web es la menos gravosa para el justiciable.

¿Cómo repercute la decisión del INDECOPI en la actualidad? Los efectos son positivos porque, en pleno estado de emergencia nacional, se ha estado exigiendo la presentación de la constancia de habilitación en la etapa procesal de calificación de la demanda, sin tomar en cuenta que, luego del cierre de los colegios de abogados en los primeros meses del estado de emergencia, la atención parcial para emitir una constancia de habilitación ha demorado entre 2 y 3 días.

De lo expuesto, la resolución N° 0189-2020/CEB-INDECOPI reivindica la sensibilidad hacia la justicia, porque no solo representa una valerosa decisión para la tutela jurisdiccional efectiva de los justiciables, sino también significa un límite menos para el ejercicio del patrocinio judicial. No hay duda que esta decisión administrativa ofrece una solución especifica porque no solo ha evidenciado la exigencia de la constancia física de habilitación como una vetusta y dilatoria formalidad en los procesos judiciales, sino también representa un paso principal para la efectividad del acceso a la justicia para todos los peruanos y peruanas.

[1] Abogado por la UNMSM. Adjunto de Docencia en la Facultad de Derecho de la PUCP. Estudios de maestría en Derecho Procesal por la PUCP. Miembro del Grupo de Derecho Procesal Crítico y Constitución – GIDEPROC.


Referencia bibliográfica

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