El pasado 5 de octubre fue un día histórico. La OCDE, integrada por las 34 economías más desarrolladas del planeta, en coalición con el G-20, tras poco más de dos años de trabajo, aprovechó la cumbre del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial celebrada en Lima para presentar el resultado final de su revolucionario plan de acción para luchar frontalmente contra el problema de la “erosión de la base imponible y la transferencia de beneficios” (conocido como “Plan BEPS”, por sus siglas en inglés).
Se trata de la más ambiciosa iniciativa para combatir una serie de estrategias de planificación fiscal agresiva de las multinacionales, que según la OCDE provocan una pérdida de entre el 4% y el 10% de la recaudación mundial por concepto de Impuesto a la Renta. Esto representa un forado para las arcas públicas, tanto de países industrializados como emergentes, de entre US$ 100 y 240 mil millones anuales.
El Plan BEPS contempla 15 “acciones”, cada una claramente delimitada y definida. Al margen de los objetivos específicos de cada acción, desde una perspectiva general, todas ellas tienen por finalidad hacer frente a determinadas maniobras que, sin ser necesariamente ilegales, permiten reducir la carga impositiva global de los grupos multinacionales, mediante el traslado de sus ganancias hacia jurisdicciones donde son objeto de un trato fiscal más favorable.
Desde su fundación en la década de 1960, la OCDE se ha convertido en un organismo que dicta tendencias. La lectura del Plan BEPS invita a pensar que lo que propone ahora es una profunda reestructuración del actual modelo de la tributación internacional, impulsando un esquema donde todos los sistemas tributarios del mundo guarden coherencia con el principio que lo anima.
Somos testigos de un esfuerzo sin precedentes que marca un antes y un después en la historia de la cooperación fiscal internacional. Para dotarlo de mayor consenso y legitimidad se ha involucrado activamente a más de 80 países en desarrollo y otras economías no pertenecientes a la OCDE y al G- 20 que participaron en numerosas consultas regionales y foros mundiales. Una de estas reuniones se llevó a cabo en Lima el 26 y 27 de febrero pasado, bajo el auspicio de la SUNAT, con 89 funcionarios de alto rango de 14 jurisdicciones y 7 organizaciones internacionales. Estas citas han servido para tener un acercamiento entre países, ayudando a aliviar tensiones dadas sus distintas posturas en materia de política tributaria.
Si bien se han dado pasos significativos, aún hay mucha tela por cortar y lo más complicado está por venir. El fruto de dicho trabajo se ha visto plasmado en recomendaciones para homogeneizar la normativa interna de los diferentes países afectados y los más de 3 mil Convenios para Evitar la Doble Imposición. Es decir, las propuestas de la OCDE no serán aplicables por sí mismas, sino que deberán incorporarse a las respectivas legislaciones nacionales o a los correspondientes convenios internacionales. Como bien lo ha advertido Ángel Gurria, secretario general de la OCDE, “esto no prosperará sin su implementación”.
No son pocos los países de América Latina que apoyan esta medida. Es lógico que sea así pues uno de desafíos que tiene la región es mejorar la recaudación fiscal para no depender de los vaivenes de los precios de las materias primas. Desde luego, tanto México como Chile han mostrado su respaldo al ser miembros plenos de la OCDE; mientras que Argentina, Brasil y Colombia son países “asociados BEPS”, que están siguiendo el liderazgo de dicha organización para estrechar el cerco contra el fraude y la evasión fiscal. De hecho, algunos de ellos ya han desarrollado normas con claro sesgo anti-abuso inspiradas en el proyecto, sin haber esperado los resultados de éste. Los intentos de otro grupo de países de la región, como Costa Rica y Perú, por formar parte de la OCDE pueden reforzar esa tendencia.
Estamos, pues, a puertas de un cambio sustancial de las reglas de juego de la tributación internacional. Pero no sólo se trata de “cortar y pegar”. Los gobiernos de estos países deberán tener el tino de implementar tales medidas en el momento adecuado, adaptándolas a sus respectivas realidades económicas y garantizando rigurosamente la seguridad jurídica que las empresas de todos los tamaños necesitan.
FUENTE DE IMAGEN: theconversation.com
