El laudo arbitral: problemas en su ejecución y cumplimiento | Leonardo Barco y Angela Galecio

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Escrito por Leonardo Barco* y Angela Galecio**

I. INTRODUCCIÓN

En nuestra Constitución del Perú, en su artículo 139, inciso 1 se expresa que ‘’No existe, ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral’’. Este trabajo sólo se reducirá a abordar el arbitraje y los problemas que subyacen a la ejecución  y cumplimiento del laudo arbitral.

Es menester una definición de esta institución jurídica: el Tribunal Constitucional peruano expresa una definición abierta donde prima facie los requisitos para el ejercicio jurisdiccional definen la naturaleza de la jurisdicción arbitral, donde suponen un ejercicio de la potestad de administrar justicia: el ejercicio de la jurisdicción implica cuatro requisitos, a saber: a) conflicto entre las partes, b) interés social en la composición del conflicto, c) intervención del Estado mediante el órgano judicial, como tercero imparcial, y d) aplicación de la ley o integración del derecho». Por otro lado, para la Ley de Arbitraje se expresa que  las normas que regulan la colaboración judicial en la actuación de los medios probatorios (artículo 45.3) y la ejecución de de las medidas cautelares (artículo 48.2) dictadas en arbitraje, fortalecen la institución del arbitraje.

Para fines académicos, nosotros entenderemos que el arbitraje es un mecanismo de justicia privada donde el conflicto se resuelve o se evita a través de un tercero elegido directa o indirectamente por las partes, que además de ser vinculante para éstas será susceptible de ser ejecutado con el auxilio de los órganos jurisdiccionales del Estado, asimismo, deberá perseguir un fin constitucionalmente legítimo y resultar proporcional. Teniendo claro lo anterior, se procederá  a repasar brevemente sobre el auge del arbitraje en el Perú. Posteriormente, se tocará la problemática de la ejecución y cumplimiento del laudo arbitral, la cual es eje central del escrito.

II. EL ARBITRAJE EN EL PERÚ

Ahora bien, basándonos en Soto Coaguila y su libro el Arbitraje en el Perú y el mundo (p.11,2008) , se considera al arbitraje como principal medio de solución de controversias en el sector privado, teniendo a las relaciones comerciales y mercantiles como principales referentes de esta institución jurídica.

En menester destacar la posición de nuestra Constitución, que le confiere al arbitraje una jurisdicción de naturaleza excepcional, y en especial la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano que ha reconocido que el arbitraje goza de independencia jurisdiccional. Se entiende que debe entenderse a la  institución como un mecanismo que complementa el sistema de administración de justicia, que está a la disposición social para la solución de controversias.

Consecuentemente al reconocimiento jurídico del arbitraje, nace el Instituto Peruano de Arbitraje (IPA). Esta institución fundamenta su existencia dentro de su objetivo fundamental, que es  promover y difundir el arbitraje interno e internacional mediante obras especializadas, así como con la organización eventos académicos, entre otras actividades. Es por ello que es vista como una institución académica y profesional para los interesados en el arbitraje y su estudio.

Por otro lado, según la estadística de los Centros de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, de AmCham-Perú, del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado-Consucode, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otros, el arbitraje comercial y el arbitraje de inversión son los más realizados en el Perú. Este contexto es a consecuencia de las transformaciones en la comunidad internacional en sus esferas económica y jurídica, que genera crecimiento del comercio internacional y de las inversiones extranjeras, donde el arbitraje tendrá un auge representativo.

De ahí debemos entender por arbitraje comercial internacional a una vía privada, que ofrece como una alternativa al litigio ante tribunales judiciales de un Estado. Esta tiene la finalidad de dar solución a conflictos de índole patrimonial, es la vía idónea y natural, en el contexto económico de la globalización comercial para resolver los conflictos generadores en el comercio internacional (Organización de los Estados Americanos p. 133, s.f.)

Mientras que, por arbitraje de inversión se refiere a un procedimiento en donde se solventan disputas entre inversores extranjeros y Estados de acogida. Aquí se ofrece al inversionista extranjero la opción de acudir a un tercero imparcial para resolver la controversia. Se trata más bien de un tratado internacional suscrito entre el Estado receptor de la inversión y el Estado de la nacionalidad del inversionista. Esto sucede siempre que la controversia está referida a una inversión protegida por un acuerdo multilateral o bilateral de protección de inversiones. (Georgian Sergiu p. 19, 2019). Así se evitará que los Tribunales nacionales de los Estados de acogida resuelvan, pues es riesgoso para la imparcialidad en las soluciones propuestas bajo arbitraje de inversión.

Actualmente, son muchas las ventajas que el arbitraje nos ofrece en relación con el proceso judicial, además de ser un proceso alternativo de resolución de conflictos, brinda ventajas jurídicas y económicas para las partes: la seguridad jurídica, confidencialidad, la diligencia célere, la especialización, el menor costo de oportunidad, la buena fe, entre otras. Sin embargo, también presenta problemas, estos respecto a la ejecución del laudo arbitral  y su cumplimiento, ya que, aunque el inciso 1 del artículo 59 de la Ley de Arbitraje señala que todo laudo es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento desde su notificación  a las partes, se presenta la posibilidad de que dicho laudo sea posteriormente juzgado por el Poder Judicial en el artículo 67 y 68 de la misma norma, pues el laudo resuelto no adquiere calidad de cosa juzgada en primera instancia. En ese sentido, el mismo puede ser revisado a través del recurso de anulación. Asimismo, presenta otras dificultades, estas en cuanto el tercero imparcial que resuelve, es decir, el árbitro, este no gozaría del imperio para ejecutar por el mismo forzosamente sus propias  resoluciones, pues cuando se quiera ejecutar coactivamente se deberá acudir al Poder Judicial.

Como se pudo apreciar, los laudos arbitrales están envueltos en una nube de problemas jurídicos que son interpretados de maneras distintas y convenientes por los juristas o que simplemente no tienen respuesta aún. Ahora analizaremos la problemática que gira en torno a la ejecución y cumplimiento de los laudos arbitrales.

III. PROBLEMÁTICA EN TORNO A LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMINETO DE LOS LAUDOS ARBITRALES

Después de haber entendido cómo se desarrolla el arbitraje en el Perú, es importante mencionar algunos temas relacionados a este. El laudo arbitral por sí mismo produce un efecto de cosa juzgada, la cual deberá ser entendida en su doble vertiente: como cosa juzgada formal, suponiendo que no es susceptible de ser atacada; y como cosa juzgada material, que impide que se abra un nuevo proceso sobre lo que ya ha sido juzgado (Cantuarias, 2005, p. 209). Es decir, se entiende que los laudos arbitrales son inmutables.

Ahora, un laudo arbitral, al tener calidad de cosa juzgada, tiene firmeza. Esto quiere decir que las partes, que ya se han obligado de manera privada y previa a la existencia de dicho laudo, cumplirán con lo dispuesto por el Tribunal Arbitral. Sin embargo, cabe preguntarnos ¿qué ocurre cuando una de las partes se niega a cumplir con lo dispuesto en el laudo arbitral? Antes de responder a dicha interrogante, cabe analizar unos detalles previos.

Es importante mencionar que en nuestro país la organización de nuestro sistema jurídico y político tiene como uno de sus aspectos esenciales el monopolio del ejercicio de la fuerza por parte del ente estatal (Arrarte, 2003, p. 28). De esto podemos desprender que los árbitros no pueden hacer uso de la coerción o fuerza estatal para hacer cumplir sus laudos u obligar su ejecución. Esto es curioso, puesto que los árbitros ejercen función jurisdiccional y sus laudos gozan de calidad de cosa juzgada, al igual que las sentencias emitidas por los jueces.

Entonces, la jurisdicción de los árbitros se agota cuando estos dictan su laudo, ocasionando que no puedan dar cumplimiento a estos. Mencionado esto, parecería imposible que los árbitros puedan emitir resoluciones válidas, puesto que no son capaces de hacer cumplir sus mandatos. Sin embargo, si el sujeto no cumple voluntariamente con lo ordenado en el laudo, se deben poner en práctica los diversos mecanismos jurídicos previstos por el ordenamiento para ejecutar lo establecido en el laudo, procediéndose en estos casos a su ejecución[1].

Con lo anterior, si la parte que resulta obligada se resiste, se debe recurrir al Poder Judicial, para que un juez competente ordene el cumplimiento de lo establecido en el laudo mediante el uso exclusivo de la fuerza que les es conferido por el Estado.

En efecto, en la Ley de Arbitraje (Decreto Legislativo N° 1071), se señala lo siguiente:

Artículo 68.- Ejecución judicial.

  1. La parte interesada podrá solicitar la ejecución del laudo ante la autoridad judicial competente acompañando copia de éste y de sus rectificaciones, interpretaciones, integraciones y exclusiones y, en su caso, de las actuaciones de ejecución efectuadas por el tribunal arbitral.
  2. La autoridad judicial, por el solo mérito de los documentos referidos en el numeral anterior, dictará mandato de ejecución para que la parte ejecutada cumpla con su obligación dentro de un plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de ejecución forzada.

Como se puede apreciar, es la parte interesada la que puede solicitar la ejecución forzosa a un juez. El interesado no es más ni menos que el acreedor. Sin embargo, ¿qué ocurre con el árbitro? ¿Este también puede solicitar la ejecución forzosa al juez?

Para Arrarte, si es perfectamente posible que las partes atribuyan a los árbitros competencia para emitir decisiones incluso en la etapa correspondiente a la ejecución de su laudo (2003, p. 27). Se puede comprender que la facultad de los árbitros para ejecutar sus laudos si existe y no está negada en ninguna ley, pero se requiere que exista un acuerdo de las partes o que la posibilidad esté prevista en el reglamento arbitral aplicable al caso. Sin embargo, como se entiende del mismo artículo citado con anterioridad, los árbitros, a pesar de que se pueda convenir otorgarles la facultad de ejecución de sus laudos, no pueden hacer uso de la fuerza pública, puesto que esta es exclusiva del Poder Judicial, en materia jurisdiccional.

En los casos en que los árbitros no puedan realizar directamente actos que impliquen el uso de la fuerza para hacer cumplir el laudo, pueden ordenar medidas de ejecución forzada. Para esto deberán recurrir al Poder Judicial y solicitar que éste haga efectivas dichas disposiciones con el ejercicio de la fuerza exclusiva. Se podría afirmar, por así decirlo, que el árbitro continuará teniendo el control respecto de la ejecución que él mismo dictó y que obedece a hechos que conoce perfectamente (Arrarte, 2003, p. 27).

Algunas personas consideran que los árbitros deberían gozar de la facultad de poder ejecutar sus laudos, incurriendo incluso en la fuerza pública. Sin embargo, desde nuestra posición consideramos que esta medida no es viable y, por el contrario, es un peligro para la organización estatal de la cual gozamos. Efectivamente, brindarle a cualquier persona la potestad de usar la fuerza pública solo porque un documento privado lo declara árbitro no parece sonar razonable.

El que los árbitros tengan la potestad de utilizar la fuerza pública a través de un requerimiento al Poder Judicial, siempre y cuando las partes lo hayan establecido de esa forma de manera previa a la emisión de laudo arbitral, es, a nuestro parecer, una solución adecuada a los problemas que giran en torno a la ejecución y cumplimiento de los laudos arbitrales en nuestro país.

IV. CONCLUSIÓN

El arbitraje en el Perú ha hecho más bien que mal. Hoy por hoy se puede asegurar que es un método efectivo para la resolución de conflictos, especialmente cuando el Estado es una de las partes de la disputa. Sin embargo, no todo es perfecto y se han podido encontrar una serie de problemas en cuanto a la ejecución y el cumplimiento de los laudos arbitrales. Desde no saber con exactitud cómo proceder y ante quien en caso una de las partes no quiera cumplir voluntariamente con la obligación, hasta la falta de regulación respecto a la facultad que se le confiere previamente a los árbitros de ejecutar sus resoluciones acudiendo ellos mismos al Poder Judicial para que hagan uso de la fuerza pública. Si bien, todo puede conllevar a que se llegue a pensar que los árbitros deberían poder hacer uso del imperium que por ahora es de uso exclusivo del Estado, en este trabajo hemos concluido que ello no es lo adecuado y que, por el contrario, sería un peligro para la organización estatal. Es importante que de ahora en adelante se revise y busquen problemas con respecto a la ejecución y cumplimiento de los laudos arbitrales y se deje de lado la concepción de que es una excepción que deberá resolver solo la parte interesada.

* Estudiante de Derecho de la PUCP, director ejecutivo de IUS ET VERITAS.

** Estudiante de Derecho de la PUCP, miembro ordinaria de IUS ET VERITAS.


[1] Citado en Rivarola Reisz, J. D., & Núñez del Prado Chaves, F. (2017). Nulla executio sine titulo: el escrutinio de los laudos en la práctica del arbitraje internacional como mecanismo para optimizar la ejecución de los laudos en el Perú. Derecho PUCP, (78), 69-114. https://doi.org/10.18800/derechopucp.201701.004

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