De acuerdo en que no estamos de acuerdo: breves apuntes sobre el cuestionamiento judicial de acuerdos adoptados por el Directorio

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*Artículo escrito por Daniel Chancafe, asociado del área de Arbitraje y Procesal Civil de Rebaza, Alcázar & De las Casas.

Constituye una suerte de lugar común el considerar que, en el Perú, es frecuente que ante un mismo problema jurídico los jueces den soluciones diferentes, dada la relativa ausencia de parámetros más o menos predecibles sobre cuál debería ser el sentido del fallo[1].

Los procesos judiciales derivados de la Ley General de Sociedades no son ajenos a esta coyuntura. Es más, en el caso de los cuestionamientos judiciales de los acuerdos adoptados por un Directorio esta situación se agrava debido a que la Ley General de Sociedades no contiene una regulación específica para tal fin, como si lo hace –con poca claridad- para los acuerdos societarios adoptados por una Junta General de Accionistas, los que pueden ser cuestionados mediante un proceso de impugnación de acuerdos societarios o uno de nulidad.

Es importante mencionar que existe un acuerdo entre la doctrina especializada y los jueces de que los cuestionamientos a los acuerdos adoptados por un Directorio no pueden canalizarse por las pretensiones de impugnación y nulidad previstas en los artículos 139 y 150 de la Ley General de Sociedades, debido a que las mismas están referidas expresamente a los acuerdos adoptados por una Junta General de Accionistas.

Las respuestas de los jueces no han estado exentas de polémica. De hecho, como veremos a continuación, son contradictorias entre sí y revelan la ausencia de un diálogo entre la Corte Suprema y las Salas Comerciales en materia mercantil.

  • Ante la necesidad de suplir la argüida deficiencia de la ley, y a fin de concordar la jurisprudencia de su especialidad, mediante el Pleno Jurisdiccional Nacional Comercial celebrado el 27 y 28 de setiembre de 2013 en Piura, los integrantes de las Salas Comerciales concluyeron que era procedente la pretensión de algún accionista de impugnar acuerdos adoptados por un Directorio, siempre que la Junta General de Accionistas de la Sociedad no se haya pronunciado previamente sobre el cuestionamiento de dicho accionista.
    El Pleno agrega que dicho acuerdo podrá ser cuestionado por la regla general de nulidad prevista en el artículo 38 de la Ley General de Sociedades, y que su plazo de caducidad estará regulado por lo dispuesto en el artículo 49 de la misma norma.
    Con respecto al Pleno, se ha denunciado que el artículo 38 de la Ley General de Sociedades solo regula de manera general las causales de nulidad, y no así las de anulabilidad, lo cual deja en la incertidumbre la posibilidad de impugnar o no un acuerdo adoptado por Directorio[2]. Asimismo, la remisión al plazo de caducidad regulado en el artículo 49 de la misma norma no prevé cuál será el plazo para solicitar la nulidad de acuerdos no inscribibles, ni qué ocurre si se trata de un acuerdo inscribible que no requiere de escritura pública[3].
  • Al contrario, por la CAS. N° 3165-2014-LIMA, publicada el 30 de setiembre del 2016 en el diario oficial El Peruano, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República se ha pronunciado sobre el fondo de un recurso de casación interpuesto en un proceso de nulidad de acto jurídico en el que se cuestionaba la validez de un acuerdo adoptado por un Directorio.
    Con dicha decisión, la Sala Civil Transitoria ha reconocido -de forma implícita al menos- la existencia de una pretensión destinada a impugnar y, o, discutir la validez de los acuerdos adoptados por un Directorio, cuya regulación es ajena a la Ley General de Sociedades, aunque sea para los procesos iniciados con anterioridad a la celebración del Pleno Comercial[4].
    El plazo de prescripción de la pretensión de nulidad de acto jurídico de diez años contradeciría la lógica del legislador al establecer plazos de caducidad breves para las pretensiones de nulidad e impugnación en la Ley General de Sociedades para brindar seguridad al tráfico comercial[5].

En este contexto, ante el déficit de predictibilidad generado por los jueces en el que solo están de acuerdo en que no están de acuerdo, es necesaria e impostergable una reforma como la propuesta del Anteproyecto de la Ley General de Sociedades, elaborado por el Grupo de Trabajo conformado por Resolución Ministerial N° 0108-2017-JUS, en la que se incluye, entre los acuerdos susceptibles de cuestionamiento, a los adoptados por un Directorio, y se ordena el tratamiento diferenciado de las pretensiones de impugnación y nulidad.


Imagen obtenida de: https://goo.gl/kRQvCD

[1]             REGGIARDO SAAVEDRA, Mario y otro. «Aproximaciones a la litigiosidad en el Perú». En: THĒMIS – Revista de Derecho N° 62. 2012. p. 224.

[2]             ECHAÍZ MORENO, Daniel. «El Cuestionamiento de los acuerdos societarios: análisis normativo y jurisprudencial». En: Revista de Actualidad Mercantil N° 05. 2017. p. 147.

[3]             ABRAMOVICH ACKERMAN, Daniel. «La problemática de la impugnación y nulidad de acuerdos en la ley general de sociedades». En: THĒMIS – Revista de Derecho N° 47. 2003. p. 253.

[4]             La demanda de nulidad de acto jurídico fue interpuesta el 27 de noviembre del 2007.

[5]             ELÍAS LAROSA, Enrique. Derecho Societario Peruano. Trujillo: Editora Normas Legales S.A.C. 2002. pp. 310 y 326.

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