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Consideraciones sobre el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano | Paul Villegas Vega

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Escrito por Paul Vilegas Vega (*)

La sola lectura del título de este breve documento invita a que recordemos fotos, entrevistas, documentales, películas, charlas de café o clases (alguno diría, procesos constituyentes). No obstante, el ámbito internacional y la coordinación que se pueda desarrollar en dichos ámbitos, quizás, no sea la primera referencia, en tanto hoy, lo habitual es que haya un acuerdo tácito en la relevancia del medio ambiente, la cuestión permanece en los límites de su afectación (inherente a la presencia del ser humano) basada en una política coherente de bienestar social y desarrollo (no se olvide la presencia obvia del interés de los particulares, como actores de nuestra sociedad).

En un contexto como el aludido (de manera, ciertamente, reducida), la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 28 de julio de 2002 (Ver A/RES/76/300), reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano. Cabe señalar, como se ha repetido en la prensa, que el referido reconocimiento contó con 161 votos a favor y 8 abstenciones.

Al respecto y en el mismo sentido de la participación del representante del gobierno de Pakistan (ver UN Press – Meetings Coverage and Press Releases), debe resaltarse que el reconocimiento del derecho humano al medio ambiente, antes que entenderse con virtudes legales, tiene un objeto político.

La afirmación respecto al medio ambiente como un derecho humano pone de manifiesto la relevancia del tema en la actualidad, así como la necesidad de la implementación de instrumentos jurídicos a nivel nacional o en el marco de vínculos bilaterales o multilaterales en los que sí se impongan (o acuerden, a nivel internacional) obligaciones que deban ser cumplidas por los diferentes actores aludidos.

En este punto, el esfuerzo relevante que debe desplegarse se encuentra en el ámbito legislativo, reglamentario o en la gestión del cumplimiento de los objetivos que se impongan, aprovechando así las diversas potestades de la administración pública.

La necesidad por describir y detallar las tareas por realizar en el ámbito público y privado resulta indispensable en la búsqueda de aquella sostenibilidad a la cual ahora se apunta, también, con este derecho humano.

En esta línea, José Esteve[1], aunque en el marco de su estudio vinculado a la Agenda 2030 y las administraciones locales, realiza un especial llamado de atención sobre el compromiso que se tiene a nivel país (gobierno nacional), a nivel de comunidades autónomas (con diferencias, el símil de los gobiernos regionales en Perú) y a nivel de los entes locales. Será en los diferentes niveles de gobierno que la materialización de las herramientas para enfrentar los desafíos, ahora a propósito de la declaración del derecho humano al medio ambiente, tendrán que desarrollarse para el cumplimiento de los objetivos en los que (seguimos) trabajando.

En el ámbito privado, con marcadas diferencias en virtud del sector y país en el que se realice la siguiente afirmación, se deben iniciar o reanudar conversaciones sobre escenarios vinculados a externalidades negativas, propuestas de eficiencia en el marco de procesos de producción, entre otros. Así, debemos resaltar lo oportuno de analizar los actividades, procesos o sectores que podrían brindar mayores resultados para los objetivos que ahora consideramos. Lo señalado aquí, no es otra cosa, que procurar propuestas que contemplen los resultados a corto, mediano y largo plazo, así se podrá hablar de medidas sostenibles.

En atención a lo comentado y reconociendo los retos de la actualidad (deforestación, falta de tratamiento de aguas residuales, el constante uso de envases de plástico, el creciente consumo de agua embotellada, la falta de planificación de las ciudades, la necesidad de replantear las cadenas de suministro, entre otros), queda en manos del Estado garantizar el reconocimiento aludido mediante la aplicación de las diversas potestades de la administración pública.

Finalmente, esta situación permite que el Estado, en sus distintos niveles de gobierno, evalúe los problemas transversales tanto de manera sectorial como territorialmente para la adopción medidas (coherentes en cada contexto específico) en el marco de sus competencias, significando así una nueva oportunidad para la promoción de la sostenibilidad.


(*) Sobre el autor: Profesor Ordinario de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP e investigador en el Grupo de Investigación en Derecho Administrativo GIDA de la misma casa de estudios.


Referencias:

[1] Esteve Pardo, José. La Inclusividad y resiliencia como objetivos locales de la Agenda 2030 en el horizonte de la recuperación. En La Agenda 2030: implicaciones y retos para las administraciones locales. Madrid: Fundación Democracia y Gobierno Local, 2021.

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