Consideraciones para un hábeas corpus colectivo. A propósito de la situación de emergencia de los establecimientos penitenciarios en el Perú | Círculo de Estudios Juan Montero Aroca

La situación del sistema penitenciario empieza descontrolarse. ¿Se puede hablar del carácter supraindividual del hábeas corpus? En esta primera entrega del Círculo de Estudios "Juan Montero Aroca", Ruben Gonzales Ormachea, Abogado por la UNMSM, Asociado del estudio Rodas Vera & Asociados, esboza ideas para reflexionar sobre el hábeas corpus colectivo.

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Por Ruben Gonzales Ormachea*

  1. A modo de introducción

El numeral 21 del artículo 139 de la constitución política del Perú regula que todo recluso tiene derecho a ocupar un establecimiento adecuado. Este presupuesto permite inferir que todo establecimiento penitenciario debe ser sano, seguro y limpio sin ningún trato inhumano que atente contra la dignidad del interno. Sin embargo, la realidad del sistema penitenciario es otra.

En efecto, la sobrepoblación, falta de higiene e inadecuada infraestructura son las principales características de la realidad penitenciaria en el país. Sin políticas públicas efectivas, las falencias han continuado creciendo, agudizándose aún más en plena pandemia del covid-19.

  1. El tratamiento legal y jurisprudencial del hábeas corpus correctivo en el Perú

Con mayor detalle, García Belaunde (1994) afirma que, si bien el hábeas corpus nació en Inglaterra medieval como un writ y en Estados Unidos, el hábeas corpus se ha desarrollado más y con mayor amplitud en América Latina (p. 74).

En 1982, nuestro habeas corpus estuvo regulado en la Ley N°23506, cuyo artículo 12 ya establecía que, ante la vulneración o amenaza de la libertad individual, procedía la acción de hábeas corpus en determinados casos. Se reflexionaba que, siendo la libertad un atributo innato de la persona, el hábeas corpus venía a ser un resguardo de la libertad contra la desproporcionalidad del uso del poder. Sin embargo, cuando la libertad era restringida por mandato judicial, la condición y la forma de la restricción de la libertad se volvía prioridad.

Ahora, el artículo 25 inciso 17 del actual código procesal constitucional regula que el hábeas corpus procede ante la acción u omisión que amenace o vulnere el derecho del recluso. En el tema que nos ocupa, este supuesto busca evitar un tratamiento abusivo carente de razonabilidad y proporcionalidad sobre las condiciones carcelarias.

El Tribunal Constitucional (Expediente N°726-2002-HC/TC) ha sostenido que el hábeas corpus correctivo es un remedio procesal para efectuar el control constitucional de las condiciones en las que se desarrolla la restricción del ejercicio de la libertad individual en aquellos casos en que este se haya decretado judicialmente (fj.1).

De esta manera, el hábeas corpus correctivo viene a ser una forma de tutela jurisdiccional destinada a la protección de derechos fundamentales de los reclusos, como la dignidad en el trato carcelario. Para mayor precisión, Oré Guardia (2016) considera que el hábeas corpus correctivo logra que, sin suspender la medida de restricción a la libertad, ésta se cumpla conforme a su regulación constitucional, convencional o legal, facultando, por ejemplo, el traslado de un lugar de detención a otro, para evitar o hacer cesar los maltratos o condiciones indignas contra el detenido o reo en cárcel (p.21-22).

A lo largo de los años, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de resolver casos de habeas corpus interpuestos por reclusos, quienes alegaban tratos degradantes en su contra que afectaban la dignidad humana. Por ejemplo, en el expediente N°1429-2002-HC/TC, el Tribunal Constitucional estimó que la privación de la libertad no implica, en absoluto, la suspensión o restricción de otros derechos, en particular del derecho a la salud. En cuanto derecho constitucional, la salud de las personas recluidas es también una facultad vinculante al Estado (fj.4).

La situación del covid-19 nos obliga a debatir si las condiciones actuales de hacinamiento carecen o no de las mínimas e indispensables estructuras de higiene o instalaciones sanitarias, pues el Estado no solo debe garantizar las formas y condiciones penitenciarias, sino también prevenir actos contrarios a derecho. No hay que olvidar la condición de recluso no restringe los derechos fundamentales de la persona.

  1. A manera de ilustración: Una breve radiografía del sistema penitenciario peruano y el leading case colombiano

Una vez más, el sistema nacional penitenciario viene atravesando su mayor crisis debido a la sobrepoblación[1] de internos en condiciones precarias y a la pandemia del covid-19. Pero sin duda, esta crisis no viene de ahora.

Lo más cercano a la actualidad es la declaración de emergencia del sistema penitenciario por razones de seguridad, salud, hacimiento y deficiente infraestructura mediante el Decreto Legislativo N°1325, publicado el 06 de enero del 2017 en el diario oficial El Peruano, el cual fue prorrogado por dos años más hasta diciembre del 2020 mediante el Decreto Supremo N°013-2018-JUS, publicado el 28 de diciembre del 2018 en el diario oficial El Peruano.

En la jurisprudencia nacional, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia, recaída en el expediente N°3426-2008-PHC/TC, en la cual declaró como estado de cosas inconstitucional la falta de política de tratamiento y rehabilitación de la salud mental de personas que se encontraban sujetas a medidas de seguridad de internación por padecer de una enfermedad mental. El Tribunal Constitucional ya desnudaba las falencias del sistema penitenciario peruano.

En la experiencia internacional, una situación similar ocurrió en Colombia mediante la Sentencia T-153/98, de fecha 28 de abril de 1998, emitida y aprobada por la Tercera Sala de Revisión de la Corte Constitucional de Colombia. Para la Corte, existía una obligación constitucional del Estado de velar por la seguridad de los ciudadanos. Es un hecho que una obligación inherente del Estado es brindar las condiciones dignas de vida a los reclusos (fund. 61) [2]. Este leading case, también, ha sido una importante referencia jurisprudencial sobre el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario.

Hasta aquí, el diagnóstico es la omisión inconstitucional por parte del Estado como único responsable por no implementar los medios necesarios que garanticen una condición de vida adecuada en los establecimientos penitenciarios. Estos hechos han generado demandas de hábeas corpus correctivo de presos sin mayor eco que exigen la efectividad y protección de sus derechos. El problema es que aún persisten y, con el covid-19, serán aún más. Entonces, ¿Hay una solución al problema?

  1. La tutela inhibitoria y los derechos colectivos strictu sensu

Para responder a la pregunta, es importante tener en cuenta que la tutela inhibitoria y la remoción del ilícito ofrecen una perspectiva dinámica del derecho material. Así, Cavani (2014) sostiene que, dentro del plano del derecho material, existen normas que no solo atribuyen derechos, sino, por el mismo hecho de consagrarlos, también reconocen las formas imprescindibles para su protección (p.179).

Para Marinoni (2010), la tutela inhibitoria se destina a impedir la violación de un derecho, incluso, puede impedir la práctica de un acto contrario al derecho, así como su continuación o repetición (p.52) mientras la tutela de remoción del ilícito es posterior a la práctica del ilícito, dirigiéndose contra el mismo, independiente de que el ilícito no haya provocado daño (p.58).

Complementando la idea, Didier Jr y Zanetti Jr (2019) nos hacen una importante diferenciación entre la tutela colectiva represiva (posterior a la lesión) que está destinada a los derechos individuales homogéneos y la acción colectiva preventiva (inhibitoria) que está destinada a los derechos difusos o colectivos para evitar el daño o lesión a un número indeterminado de personas, relacionadas o no entre sí (pp. 103).

De lo expuesto, considero que la tutela colectiva puede ser una respuesta que sirva no sólo para cesar actos sino también para omisiones ilícitas por el Estado. El diagnóstico actual nos condena a presenciar las consecuencias angustiantes: Presos contagiados con el covid-19 por la carencia de una infraestructura adecuada y motines por el temor ante el contagio del covid-19.

  1. Continuación: Consideraciones para un hábeas corpus colectivo: ¿Carácter supraindividual? 

Pero allí no queda todo. El caso argentino “Horacio Verbitsky” ha sido una referencia extranjera para el tema, puesto que, ahí, se otorgó el carácter colectivo al hábeas corpus, dejando de lado su carácter tradicional. El argumento ofrecido en la sentencia de la Suprema Corte argentina, de fecha 03 de mayo del 2005 recaída en el recurso de hecho V.856.XXXVIII, fue uno de razonamiento a fortiori.

En ella, la Suprema Corte argentina ha manifestado que pese a que la Constitución no menciona en forma expresa el habeas corpus como instrumento deducible también en forma colectiva, es lógico suponer que si se reconoce la tutela colectiva de los derechos citados, con igual o mayor razón la Constitución otorga las mismas herramientas a un bien jurídico de valor prioritario y del que se ocupa en especial, no precisamente para reducir o acotar su tutela sino para privilegiarla (Fund. 16).

En el carácter supraindividual, existe una colectividad de personas vinculadas entre sí, cuyos derechos están afectados sistemáticamente por las mismas razones. Bajo esa lógica, es totalmente posible la configuración del hábeas corpus colectivo en favor de la colectividad de presos.

Desarrollando el carácter supraindividual, Giannini (2005, p.8) ha manifestado que esta categoría sirve no sólo para cesar actos sino también para omisiones inconstitucionales. Así, el cese de omisiones demanda alguna conducta que debe ser ordenada por el Poder Judicial ante la ausencia del compromiso estatal; por lo que, ante omisiones sistemáticas que afecten a una pluralidad de reclusos, se requiere cambios estructurales.

De ahí que, bajo el concepto del proceso sumario, Sagüés (1998, p.340) ha manifestado que todo proceso de hábeas corpus no debe admitir discusiones ni alegaciones que las precisas para establecer los únicos puntos planteados, por lo que deben excluirse las incidencias previas que afecten la satisfacción urgente del derecho sustancial. En esa línea, el proceso de habeas corpus colectivo, también, debe aspirar a ello.

  1. Reflexiones finales

Los procesos de habeas corpus colectivos pueden no solo desnudar a gran escala los defectos del sistema penitenciario, sino también señalar responsabilidades funcionales por omisión de acciones.

En plena pandemia del covid-19, la actual situación penitenciaria es consecuencia de una tragedia anunciada por años. No hay duda que falta mucho por hacer, pero también mucho por reflexionar.


  1. Referencia bibliográfica
  • CAVANI, Renzo (2014). “¿Qué es la tutela inhibitoria? Entendiendo el proceso civil a partir de la tutela de derechos”. En Gaceta Jurídica. Lima, Número 8. Pp. 173-190.
  • DIDIER, Fredie Jr. y ZANETI, Hermes Jr. (2019). Proceso colectivo: Tutela procesal de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos. Revisión de traducción: Renzo Cavani y Brian Ragas. Lima: Palestra.
  • GARCÍA BELAUNDE, Domingo (1979) El hábeas corpus en el Perú. Lima: UNMSM.
  • GARCÍA BELAUNDE, Domingo (1994) “El hábeas corpus en América Latina. Algunos problemas y tendencias recientes” En: Ius Et Veritas. Lima, Número 9. pp. 69-81.
  • GIANNINI, Leandro (2015). “El hábeas corpus colectivo como litigio estructural”. Buenos Aires: La Ley. Recuperado: https://www.academia.edu/12263336/El_h%C3%Albeas_corpus_colectivo_como_litigio_estructural
  • MARINONI, Luiz Guilherme (2010) Tutelas urgentes y Tutelas preventivas. Lima: Communitas.
  • ORÉ GUARDIA, Arsenio (2016) El Hábeas Corpus. Un enfoque casuístico. Lima: Gaceta Jurídica.
  • SAGUÉS, Néstor Pedro (1998) Derecho Procesal Constitucional. Hábeas Corpus. Tomo 4. 3° Edición. Buenos Aires: Editorial Astrea.

* Ruben Gonzalez Ormachea es Abogado por la UNMSM. Adjunto de docencia PUCP. Estudios de maestría en derecho procesal por la PUCP. Asociado del estudio Rodas Vera & Asociados.

[1] la Defensoría del Pueblo (2018) ha advertido que, hasta agosto del 2018, la población penitenciaria ascendía a 89, 166 reclusos cuando la capacidad límite de los establecimientos penitenciarios es para 39, 156 personas; es decir, el nivel de hacinamiento alcanza el 128% (p. 14). A la fecha, el nivel de hacinamiento sigue en aumento y la infraestructura es inadecuada.

[2] La Corte Constitucional (Sentencia T-153/98, Fund. 53) manifestó que las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción, y la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos.

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