Entrevista realizada por el Consejo Editorial de IUS 360° a Gonzalo Quijandría, abogado especialista en resolución de conflictos mineros.
Ius 360°: Hemos sido testigos de huelgas bastante violentas entre los mineros artesanales y el Estado hace algunas semanas ¿existe una buena regulación legal para combatir la minería ilegal, o las quejas de los mineros tienen asidero?
La minería ilegal es un robo al país, de ella se extraen recursos que pertenecen a todos los peruanos sin pagar ningún impuesto ni regalía, y atentando contra el medio ambiente. El Gobierno ha decidido hacerle frente a este problema mediante dos estrategias: de un lado, promover la formalización de aquellos mineros ilegales que tengan o estén en la búsqueda de un acuerdo con los propietarios de las tierras superficiales donde estén operando; y de otro lado, la erradicación de los mineros ilegales que no se encuentren en proceso de formalización o que se encuentren en áreas donde no puede haber actividad minera (reservas naturales y zonas de amortiguamiento, por ejemplo). En el primer caso, el procedimiento ha resultado engorroso; si bien se ha buscado aligerar el trámite, sigue siendo complicado para el sector que busca formalizarse. En el segundo caso, falta mucho aún para erradicar este flagelo de zonas como Madre de Dios, donde las autoridades y miembros del Poder Judicial tienen un trabajo pendiente. En líneas generales, a la estrategia del Gobierno aún le falta atacar de manera decidida dos puntos centrales: el abastecimiento de insumos para la minería, el cual debe ser mejor controlado; y el procesamiento y comercialización de minerales, el cual está en manos -muchas veces- de empresas con permisos otorgados por el Estado, las cuales deben ser sancionadas con un mayor rigor. Es en esta etapa donde se da una figura que debería estar tipificada como crimen organizado. En la actualidad no lo está por decisión del Congreso de la República.
Ius 360°: La minería, en general, produce tensiones con las comunidades. Según Vladimiro Huaroc, alto comisionado de la oficina de diálogo de la PCM, la minería causa más del 60% de los conflictos sociales en el Perú. ¿Existe alguna norma que obligue a las empresas mineras a dialogar con las comunidades antes de realizar actividades de exploración? ¿Ya se aplica la ley de consulta previa? Si fuese así ¿por qué se siguen dando tantos conflictos sociales en el Perú?
El dato no ha sido tomado de manera correcta: aproximadamente el 60% de los conflictos sociales se dan por asuntos vinculados a la actividad minera, no por causa de la minería. Es importante aclarar esto porque no es la actividad en sí la que causa una situación de conflicto, sino el entorno de pobreza y exclusión donde se desarrolla la actividad. De hecho, otras actividades económicas también se han desarrollado últimamente en zonas donde se dan estas características, y no han sido ajenas a una situación conflictiva. Por ejemplo, cuando la tienda Plaza Vea decidió invertir en la ciudad de Juliaca hubo protestas durante varias semanas por parte de los comerciantes informales, que se sintieron amenazados por los cambios que se darían en el comercio en su localidad. Algo parecido ocurre siempre con la minería: implica un cambio para los habitantes de las zonas donde operan las empresas, y el conflicto puede ser una etapa de esta adaptación a los cambios que se generen.
