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Comentarios sobre el convenio de KYOTO y su aplicacion en la actual ley general general de aduanas

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El presente artículo ha sido elaborado con la finalidad de mostrar la importancia de las disposiciones contenidas en el Convenio de Kyoto Revisado en el desarrollo, transparencia y eficiencia de los regímenes aduaneros regulados por la actual Ley General de Aduanas, lo cual ha contribuido con la facilitación del comercio exterior, el crecimiento económico, así como con la modernización de la Administración Aduanera.

Sobre el Convenio de Kyoto – Antecedentes

El Convenio de Kyoto, denominado Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, se firmó en la ciudad de Kyoto, Japón, el 18 de mayo de 1973, y entró en vigor el 25 de setiembre de 1974. Fue elaborado bajo el auspicio del Consejo de Cooperación Aduanera (hoy, Organización Mundial de Aduanas), con el objetivo, como su propio nombre lo indica, de alcanzar un alto grado de simplificación y de armonización de los regímenes aduaneros, de tal forma que se disminuyan las divergencias que pudiesen obstruir el comercio internacional.

Debido al acelerado progreso tecnológico, al crecimiento del transporte internacional y a la necesidad de establecer Administraciones Aduaneras más modernas y competitivas, la Organización Mundial de Aduanas reconoció la obligación de revisar los procedimientos aduaneros tradicionales, adoptando, el 26 de junio de 1999, en la ciudad de Bruselas, la Versión Revisada del Convenio de Kyoto, la cual entró en vigor el 03 de febrero de 2006.

A pesar de que solo 40 Partes Contratantes del Convenio de Kyoto de 1974 firmaron el Protocolo de Enmienda, el Convenio de Kyoto Revisado se ha convertido en uno de los instrumentos jurídicos de mayor trascendencia a nivel mundial, en tanto varias de sus normas y prácticas recomendadas han sido tomadas en cuenta en la legislación aduanera de la mayoría de países, como es el caso del nuestro.

En efecto, si bien formalmente el Perú no se adhirió al Convenio de Kyoto de 1974, ni tampoco a la versión revisada del mismo, a nivel comunitario, mediante la Decisión 618, se dispuso la incorporación progresiva del Anexo General del Convenio de Kyoto Revisado, así como la referencia de los Anexos Específicos en la elaboración de la Decisión sobre Armonización de Regímenes Aduaneros. Ello, con la finalidad de facilitar y promover un lenguaje común internacional en el marco de las disposiciones aduaneras, que permita la obtención de resultados significativos y mensurables en el proceso de integración andina.

Dentro de este orden de ideas, con fecha 16 de julio de 2007, se publicó en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina, la Decisión 671 relativa a la Armonización de Regímenes Aduaneros, en cuyo Considerando se manifestó la necesidad de adoptar los principios del Convenio de Kyoto Revisado, a efectos de armonizar la normativa de los regímenes aduaneros a ser aplicados en el comercio intrasubregional y frente a las importaciones de terceros países.

En tanto la Decisión 671 entró en vigor el 01 de junio de 2009, el Perú se encuentra obligado a adoptar las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento, conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En atención a ello, es que la actual Ley General de Aduanas, aprobada mediante el Decreto Legislativo No. 1053, ha sido elaborada siguiendo la misma línea de la Decisión 671, y por consiguiente, bajo los principios establecidos en el Convenio de Kyoto Revisado, los cuales buscan, como veremos más adelante, la estandarización y simplificación de las prácticas y regímenes aduaneros, a efectos de contribuir con la política comercial de apertura y globalización.

Sobre la Aplicación del Convenio de Kyoto Revisado en la actual Ley General de Aduanas

En la medida que el Convenio de Kyoto Revisado se ha convertido en una herramienta fundamental para favorecer el intercambio comercial, es que nuestro legislador ha considerado conveniente el adoptar la estructura de los regímenes aduaneros recomendada por dicho Convenio, con la finalidad de armonizar y simplificar el tratamiento aplicable a las mercancías que ingresan y salen de los distintos territorios aduaneros.

Con el propósito de evitar que se generen vacíos legales, contradicciones o entorpecimientos en el comercio internacional, la actual Ley General de Aduanas ha uniformizado la denominación de los regímenes aduaneros siguiendo el parámetro establecido en el Convenio de Kyoto Revisado, y a diferencia de la legislación anterior, en la actual Ley General de Aduanas los regímenes aduaneros se clasifican en seis (06) categorías: los regímenes de importación, de exportación, de perfeccionamiento, de depósito aduanero, de tránsito y otros regímenes aduaneros o de excepción, siendo importante resaltar que han desaparecido dos (02) categorías: los regímenes temporales y los regímenes suspensivos, los cuales han sido distribuidos en las categorías anteriores.

Si bien la clasificación actual no es 100% idéntica a la plasmada en el Convenio de Kyoto Revisado, es innegable que dicha estructura ha sido expedida sobre la base del mismo, orientada bajo los mismos principios rectores, es decir, la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros, la modernización de la administración, el aprovechamiento de la tecnología de la información, la cooperación con otras autoridades nacionales y con otras administraciones aduaneras, la adopción de normas internacionales y el acceso a recursos tanto administrativos como judiciales.

En efecto, la actual Ley General de Aduanas ha establecido en sus primeros artículos, los Principios Generales que rigen la actividad aduanera en el Perú, los cuales se equiparan a los principios regulados en el Convenio de Kyoto Revisado, por cuanto, en estricto buscan la Facilitación del Comercio Exterior, la Cooperación e Intercambio de Información con otras Administraciones Aduaneras y con Empresas Privadas o Entidades Públicas Nacionales o Extranjeras, la Participación de Agentes Económicos en la Prestación de los Servicios Aduaneros, la Gestión de Calidad y Uso de Estándares Internacionales, así como la Publicidad de las normas exigibles a los Operadores de Comercio Exterior.

Sin perjuicio de ello, es menester señalar que existen disposiciones en el Convenio de Kyoto Revisado que difieren de las plasmadas en la actual Ley General de Aduanas. Para efectos del presente artículo, haremos mención solo a alguna de ellas, como es el caso de las siguientes:

• Norma 1, Capítulo 8 del Anexo General: “Las personas interesadas podrán elegir entre llevar a cabo sus negocios con la Aduana directamente o mediante la designación de un tercero que actúe en su nombre”.

En la legislación nacional, los despachos de importación que superen los US$ 2,000 dólares americanos y los despachos de exportación que superen los US$ 5,000 dólares americanos, necesariamente deben realizarse a través de un intermediario aduanero, el Agente de Aduanas.

En ese sentido, únicamente los despachos por montos menores a los indicados podrán ser tramitados por los propios dueños o consignatarios de las mercancías, con lo cual, es claro que, a diferencia de lo contemplado en el Convenio de Kyoto Revisado, no existe una libre elección de llevar a cabo los negocios directamente con la Aduana o a través de un tercero.

• Norma 47, Capítulo 3 del Anexo General: “Cuando la Aduana venda las mercancías que no hayan sido declaradas dentro del plazo establecido o que no hayan podido ser retiradas aunque no se haya constatado alguna infracción, el producto de la venta luego de la deducción de cualquier derecho e impuesto y de cualquier otro recargo o gasto en que se haya incurrido, se entregará a la(s) persona(s) con derecho a recibirlo, o cuando esto no sea posible, se mantendrá a su disposición por un período determinado”.

En la legislación nacional, se prevé que las mercancías en situación de abandono legal, abandono voluntario y las que hayan sido objeto de comiso pueden ser rematadas, adjudicadas, destruidas o entregadas al sector competente; sin embargo, no se establece la posibilidad que, de existir un remanente producto de la venta, éste sea entregado al dueño o consignatario.

• Norma 23 del Anexo Específico H: “La severidad o el monto de las multas aplicadas en la cancelación administrativa de una infracción aduanera dependerán de la gravedad o de la importancia de la infracción cometida y de los antecedentes de la persona involucrada con respecto a su relación con la Aduana”.

Norma 24 del Anexo Específico H: “Cuando se proporcione datos falsos en una declaración de mercancías y el declarante pueda demostrar que se tomaron todos los pasos razonables a fin de proporcionar una información correcta y exacta, la Aduana tomará este factor en cuenta cuando considere la eventual imposición de una multa”.

Norma 25 del Anexo Específico H: “Cuando se cometa una infracción aduanera como consecuencia de un hecho de fuerza mayor o por otras circunstancias fuera del control de la persona interesada y no hubiere fraude o negligencia o intento de fraude de su parte, no se aplicará ninguna multa a condición que los hechos sean debidamente probados a satisfacción de la Aduana”.

En la legislación nacional se establece que la infracción será determinada en forma objetiva; sin embargo, como se puede apreciar, el Convenio de Kyoto Revisado refleja una concepción de responsabilidad subjetiva para la aplicación de las sanciones administrativas, en tanto hace referencia a conceptos como intención, negligencia y fraude.

A partir de todo lo expuesto, resulta evidente que, a pesar de no habernos adherido formalmente al Convenio de Kyoto Revisado, la actual Ley General de Aduanas ha sido elaborada sobre la base de los objetivos y principios establecidos en el mismo, existiendo algunas diferencias, que bien podrían ser reexaminadas, en tanto contribuyan con la promoción de la facilitación del intercambio comercial.

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Eduardo González Espinoza Socio Senior del Área de Comercio Exterior y Aduanas del Estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya Abogados.
Diana Pomahuallca Sulca Asociada del Área de Comercio Exterior y Aduanas del Estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya Abogados.

Comentarios

Un comentario

  1. Buenas tardes:

    necesito una orientacion, si un Estado de adhiere al Convenio y por resolucion constitucional el Estado aprueba el Convenio con su anexo general y los especificos y en su instrumento de adhesion no hace reservas ni objeta ninguna parte se considera que aprobo los anexos especificos o debe hacerlo de manera expresa en los plazos del convenio? muchas gracias por su orientacion

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