Mecanismos legales para afrontar las crisis empresariales generadas por la pandemia del Coronavirus (COVID-19)

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El estado de emergencia declarado por el Estado debido al proliferación de la pandemia del Coronavirus (COVID-19) ha ocasionado y ocasionará una crisis económica y/o financiera no solo a nivel local sino mundial, así numerosas empresas nacionales enfrentan la falta de liquidez para cumplir con sus deudas ocasionando el rompimiento de la cadena de pagos.

Cuando una empresa atraviesa una situación de crisis económica y/o financiera, debe de adoptar una serie de decisiones para afrontar dicha crisis, entre ellas, la de reestructurar sus deudas.

En ese sentido, el sistema concursal surge como una alternativa para afrontar y superar las crisis empresariales, puesto que está compuesto de una serie de instituciones jurídicas que operan de manera excepcional en el ordenamiento jurídico, la doctrina reconoce su particular naturaleza y su carácter excepcional sustentados en principios exclusivos, como señala Bonfanti y Garrone “[…] principios que son propios y aún exclusivos del instituto”[1], tales como universalidad, colectividad e igualdad para contrarrestar situaciones donde el patrimonio de algún agente económico es insuficiente para honrar las obligaciones asumidas frente a los acreedores, por ende, dicho patrimonio no conllevará a satisfacer a la colectividad de sus acreedores.

Es así que, el derecho concursal opera cuando el derecho común no otorga una solución a la crisis patrimonial en que está inmerso el deudor, debido a que esta crisis involucra una pluralidad de intereses distintos (colectividad de acreedores), el accionar individual de cada acreedor frente al patrimonio del agraviado no sería una alternativa eficiente, dado que el desbalance patrimonial existente del deudor hace imposible que todos los acreedores cobren la totalidad de sus acreencias de manera igualitaria y simultánea.

Por eso se dice que, este derecho regula escenarios excepcionales de crisis patrimoniales, en donde se desarrolla los sujetos deudores con más de un acreedor, lo que hoy en día denominamos “concurso de acreedores”.

Al referirnos al accionar individual de los acreedores, debemos señalar que el acreedor al tomar conocimiento de la situación falencial del deudor, es decir un agente económico que está en la imposibilidad de honrar sus obligaciones, opta por un comportamiento que incluso lo podríamos catalogar de normal, puesto que buscará ejecutar y/o accionar de manera individual las medidas legales que tenga disponible contra el patrimonio de su deudor (contra uno o varios bienes de él) para así satisfacer sus intereses particulares, pues “El patrimonio del deudor se convierte, así, en algo similar a un bien común y escaso, del cual cada acreedor afectado buscará, en forma individual, obtener el mayor provecho”[2].

Para evitar situaciones antes descritas, nuestro sistema concursal, mediante la Ley General del Sistema Concursal (en adelante, LGSC) prohíbe que los acreedores realicen acciones judiciales, arbitrales y/o administrativas de manera individual, con ocasión a la recuperación de sus créditos[3].

De alguna manera lo que realiza el derecho concursal es instaurar “conductas cooperativas”[4] entre la colectividad de acreedores del deudor, pues al negársele la posibilidad de accionar de manera individual, se establecen incentivos para que de manera conjunta determine soluciones adecuadas.

Motivo por el cual, la ley concursal peruana establece una serie de mecanismos de protección del patrimonio del deudor para mantener este inalterable, así el deudor se da una pausa en el pago de obligaciones (deudas) exigibles, las cobranzas judiciales y extrajudiciales no podrán ser ejecutadas y el patrimonio del deudor no podrá ser objeto de acto de disposición por parte de este, salvo aquellos relacionados al desarrollo normal de la actividad.

En ese sentido, es crucial para el deudor acogerse al sistema de insolvencia de manera inmediata, en búsqueda de una reorganización y/o de mecanismos de reprogramación de pagos que le permitan cumplir con sus deudas, puesto que a más tiempo transcurra envuelto en el incumplimiento de pagos, más difícil será salir de la crisis en la que atraviesa, para ello, la ley concursal peruana establece dos tipos de procedimientos concursales para afrontar la crisis, el ordinario y el preventivo.

  1. El procedimiento concursal ordinario

Este procedimiento puede ser iniciado a solicitud del propio deudor o de uno o varios de sus acreedores:

  • Inicio del procedimiento concursal ordinario a pedido del deudor

Cualquier deudor podrá solicitar el inicio del procedimiento concursal ordinario siempre que acredite encontrarse en, cuando menos, alguno de los siguientes casos: (i) que más de un tercio (1/3) del total de sus obligaciones se encuentren vencidas e impagas por un período mayor a treinta (30) días calendario; o, (ii) que tenga pérdidas acumuladas, deducidas las reservas, cuyo importe sea mayor al tercio del capital social pagado.

Asimismo, deberá presentar una serie de documentos societarios, contables y financieros para acreditar encontrarse en alguno de los supuestos mencionados líneas arriba.

  • Inicio del procedimiento concursal ordinario a pedido de acreedores

Uno o varios acreedores impagos cuyos créditos exigibles se encuentren vencidos, no hayan sido pagados dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su vencimiento y que, en conjunto, superen el equivalente a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de presentación, podrán solicitar el inicio del Procedimiento Concursal Ordinario de su deudor.

  1. Procedimiento concursal preventivo

Este procedimiento solo puede ser impulsado por el deudor y para someterse a este procedimiento el deudor no debe estar inmerso en las causales del procedimiento concursal ordinario a pedido del deudor, es decir, (i) que no más de un tercio (1/3) del total de sus obligaciones se encuentren vencidas e impagas por un período mayor a treinta (30) días calendario; o, (ii) que no tenga pérdidas acumuladas, deducidas las reservas, cuyo importe sea mayor al tercio del capital social pagado.

  • Aspectos generales de los procedimientos concursales

A partir de la difusión del procedimiento concursal por parte del Indecopi, mediante publicación en el Boletín Oficial del INDECOPI, se producen los siguientes efectos:

  • Inexigibilidad de las obligaciones del deudor: Se suspende la exigibilidad de las obligaciones del deudor hasta que se apruebe un Plan de Reestructuración, Convenio de Liquidación o Acuerdo Global de Refinanciación que establezca condiciones diferentes referidas a la exigibilidad de todas las obligaciones comprendidas en el procedimiento; en dicho período no se devengaran intereses moratorios, ni procede la capitalización de intereses.
  • Marco de protección del patrimonio del deudor: No proceden medidas cautelares que afecten el patrimonio del deudor; si las medidas cautelares han sido ordenadas pero no trabadas, la autoridad (judicial, arbitral o coactiva) se abstendrá de trabarlas; si por el contrario, las medidas cautelares han sido trabadas se ordenara su levantamiento y la devolución de los bienes involucrados. Esta abstención no alcanza a las medidaspasibles de registro ni a cualquier otra que no signifique la desposesión de los bienes del deudor o las que por su naturaleza no afecten el funcionamiento del negocio.

Asimismo, no procede la ejecución judicial o extrajudicial de los bienes del deudor afectados en garantía, salvo que los bienes hayan sido otorgados en garantía de obligaciones de terceros.

Como colofón podemos mencionar que, en un escenario apremiante en contra del deudor y en una inexorable crisis de este, tanto los acreedores pueden solicitar el inicio de un procedimiento concursal ordinario de su deudor, para lo cual, este deberá acreditar ante la autoridad concursal, tener créditos vencidos y exigibles por más de 30 días calendarios y superiores a 50 UIT o el propio deudor someterse a un procedimiento concursal ordinario o preventivo.


[1] BONFANTI, Mario y JOSÉ GARRONE. “Concurso y Quiebras”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1983, pág. 47.

[2] ECHEANDÍA, Francisco. “La insolvencia no es cosa de juego: cuando en los concursos se apuesta por salvar empresas viables”. En: Themis, Revista Editada por alumnos de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Nº 34, Lima, 1996, pág. 217.

[3] Ley General del Sistema Concursal.- Título Preliminar.

Artículo I.- Objetivo de la Ley

El objetivo de la presente Ley es la recuperación del crédito mediante la regulación de procedimientos concursales que promuevan la asignación eficiente de recursos a fin de conseguir el máximo valor posible del patrimonio del deudor.

[4] SCHMERLER, Daniel. “Implicancias de la suspensión de exigibilidad de obligaciones y de la protección patrimonial del deudor concursado en el Perú”. En: Derecho y Sociedad, Revista Editada por alumnos de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Nº 34, Lima, 2010, pág. 296.

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Anthony Lizárraga Vera-Portocarrero
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magister en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad Esan, además, cuenta con un Postgrado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido docente del curso de Derecho Concursal de pregrado y posgrado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNMSM. Es autor del libro “La Ineficacia Concursal: Estudio doctrinario y jurisprudencial en el sistema concursal peruano”. Actualmente, es socio y director del área de Reestructuración Empresarial y Derecho Concursal del Estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera abogados. Miembro extraordinario de la Asociación IUS ET VERITAS.

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