USA. La noche del lunes 26 de marzo del presente año, el Departamento de Comercio del gobierno federal estadounidense anunció que una polémica pregunta será agregada al cuestionario del Censo 2020. La inclusión de esta pregunta en el cuestionario se dio a raíz de un pedido del Departamento de Justicia realizado el año pasado, supuestamente para lograr el cumplimiento del Voting Rights Act[1]. En este sentido, el Censo 2020 será el primero en 70 años – desde 1950 – que cuestionará a los encuestados acerca de su situación legal en el país.
La pregunta en el centro de la cuestión es: ¿eres ciudadano?
El debate suscitado se centra en que una pregunta como esta disuadiría a los inmigrantes de participar en el censo – por temor a las políticas antimigratorias del gobierno de Donald Trump –, originando así que se infravalore la cantidad de habitantes. De esta manera, no solo se atentaría contra el fin mismo del censo, sino que se generarían consecuencias políticas y sociales.
En este respecto, cabe señalar que el objetivo del U.S. Census Bureau es cuantificar “el número total de personas en el país”, no el “número total de ciudadanos”[2]. Entre estos dos términos, así no lo parezca, existe una gran diferencia. Jurídicamente, la ciudadanía se ha definido como “la membresía pasiva y activa de individuos en el Estado-nación con ciertos derechos universales y obligaciones en un dado nivel de igualdad”[3]. De esta manera, queda claro que lo que, de acuerdo al derecho, diferencia a un ciudadano es aquel especial conglomerado de obligaciones y derechos que lo acompañan.
La definición anterior puede explicar por qué la pregunta respecto a la ciudadanía se obvió por 70 años en los censos estadounidenses: la gran ola de migraciones tanto legales como ilegales hizo que este cuestionamiento se vuelva innecesario ya que, ciudadanos o no, el gobierno reconocía la presencia de las personas en su país y se veía en la necesidad de desarrollar políticas públicas para satisfacer adecuadamente la demanda de estas personas.
Esto se evidencia en el hecho de que los resultados obtenidos del Censo, que es de carácter obligatorio y se realiza cada 10 años[4], son usados para actualizar los distritos congresales y determinar así la cantidad de representantes estatales y locales de cada región en base a su número de habitantes. También, estas cifras son “la base de innumerables estudios gubernamentales y académicos que guían decisiones de políticas públicas y legislativas”[5]. Asimismo, la información es necesaria para establecer dónde se debe realizar inversiones del fondo público para “construir nuevas escuelas, carreteras, centros de salud, centros de cuidado infantil y asilos”[6].
Desde el pedido del Departamento de Justicia en 2017, la inclusión de esta pregunta ha generado gran rechazo en un gran sector de la población norteamericana. En este sentido, muchos denuncian que esta sería una artimaña del gobierno republicano para “alterar el balance político del poder en los mapas legislativos”[7] debido a que menos personas participarían en la encuesta por miedo a ser deportados por su situación legal. Lo anterior cobra mayor sentido al considerar que los estados con gran cantidad de inmigrantes suelen ser mayoritariamente demócratas.
Ante esta situación, los fiscales generales de los estados de Nueva York y California se han pronunciado abiertamente en contra de la inclusión de la polémica interrogante en el Censo 2020. El martes 27 en la mañana, a pocas horas del anuncio oficial, el fiscal general del estado California – Xavier Becerra –, presentó una demanda de treinta páginas denunciando “al Departamento de Comercio, al Secretario Wilbur Ross, al U.S. Census Bureau y a su cabeza Ron Jarmin”[8] por considerar que la pregunta no solo es violatoria de leyes federales, sino porque es abiertamente inconstitucional.
California, el estado más poblado de Estados Unidos en la actualidad, podría potencialmente perder tanto financiamiento federal como escaños congresales si la pregunta sobre la ciudadanía se mantiene en el cuestionario del Censo. Lo anterior, especialmente considerando que este estado tiene “el mayor número de ciudadanos estadounidenses que viven con al menos un familiar indocumentado” y que además en él habitan “más residentes extranjeros (más de 10 millones) y no-ciudadanos (más de 5 millones) que en cualquier otro estado”[9].
Similar situación atraviesa Nueva York, considerado uno de los estados más cosmopolitas del país del norte. El fiscal general neoyorkino, Eric Schneiderman, no dudó en señalar que la pregunta sólo “crearía un ambiente de miedo y desconfianza en las comunidades de inmigrantes”[10]. Asimismo, los fiscales generales de más de una quincena de estados se adhirieron a la posición en contra de la inclusión de la interrogante en el Censo.
Imagen obtenida de: https://goo.gl/XKkAoS
[1] Una norma federal orientada a la protección de los derechos electorales de las minorías.
[2] USA Today: https://www.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2018/03/26/citizenship-question-put-back-2020-census/461044002/
[3] Thomas Janoski, Citizenship and Civil Society: A framework of rights and obligations in liberal, traditional and social democratic regimes. Cambridge University Press: 1998, pg.9.
[4] BBC: http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43545782
[5] USA Today, óp cit.
[6] Ibid.
[7] BBC, óp cit.
[8] CNBC: https://www.cnbc.com/2018/03/27/california-sues-feds-for-adding-citizenship-question-to-2020-census.html
[9] Ibid.
[10] BBC, óp cit.
