Censo, políticas públicas y religión

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Varios expertos expresaron su desacuerdo con la inclusión de la pregunta sobre religión en el reciente (y ampliamente cuestionado) Censo 2017, por juzgar irrelevante a la religión en las políticas públicas. Por ejemplo, el exjefe del INEI, Farid Matuk, declaró en una entrevista al diario Perú 21: “La pregunta de religión sería útil si fuésemos un estado confesional, como Arabia Saudita. En el caso del Perú, que no hay políticas públicas basadas en religión, yo no le encuentro sentido a colocar esta pregunta“. El reconocido economista Eduardo Morón, por su parte, mencionó en Twitter:

Considero que esta perspectiva está equivocada, y se basa más en principios que en una apreciación de la realidad. Más bien, diría que hoy es especialmente pertinente que los tomadores de decisiones sobre políticas conozcan mejor las tendencias en las afiliaciones religiosas de la ciudadanía. Primero, porque en pleno siglo XXI aún no tenemos un estado laico propiamente, y subsisten políticas basadas explícitamente en religión: la Iglesia Católica, como supuesta fe de la mayoría de peruanos, disfruta de una serie de ventajas económicas y tributarias en comparación con otras—fundamentadas en el Concordato de 1980—y el Estado subvenciona a esta institución, incluyendo el sueldo de cientos de religiosos, entre ellos del mismo Cardenal Cipriani. Este tipo de decisiones, que exaltan una religión y no son propias de un estado laico, se siguen dando hoy: hace muy poco el Congreso declaró el 31 de octubre Día Nacional de las Iglesias Evangélicas.

Segundo, la religión es pertinente porque—incluso cuando las políticas no son formuladas para beneficiar expresamente a alguna institución religiosa o a sus seguidores—siempre se consideran los valores de la sociedad al diseñar políticas públicas y evaluar su viabilidad. Muchos de estos valores, sin duda, aún provienen de la religión. Esto ocurre visiblemente en varios temas esenciales para el desarrollo del país, como la educación, salud e identidad. ¿Acaso los intensos debates en torno a la supuesta “ideología de género“ en educación, derechos sexuales y reproductivos en salud, y los derechos básicos de personas LGTB, no son básicamente debates sobre la pertinencia de reflejar valores religiosos particulares, antes que un enfoque de derechos universales, en las políticas?

Las políticas públicas son mucho más que lo que está escrito: son cursos de acción que a veces no están normados, y también son productos de procesos de decisión complejos. Su legitimidad y viabilidad social depende en gran medida de los valores que reflejen, ya que estos limitan las alternativas de las cuales podemos elegir para solucionar problemas públicos. En la sociedad, estos valores vienen muchas veces de las religiones. Por ejemplo, la legalización y regulación del uso recreacional de las drogas es, objetivamente, una alternativa prometedora para abordar más efectivamente graves problemas de narcotráfico y drogadicción, pero probablemente sería inviable en la práctica por estar en contra de los códigos de conducta que exigen de sus seguidores las principales creencias.

Muchas políticas públicas en el Perú, entonces, están condicionadas por las creencias religiosas—y en general por los valores—de la sociedad.

Ahora bien, una crítica que sí es pertinente es la siguiente: para conocer mejor las creencias y valores de la población, ¿era necesario incluir esta pregunta en el censo? Probablemente el costo haya sido muy alto, y habría sido suficiente con lo que nos pudiera decir una buena encuesta nacional sobre valores y costumbres. Asimismo, la formulación de la pregunta en el censo no fue óptima, ya que en las respuestas invisibilizó a todas las religiones no cristianas dentro del rubro “Otros“, así como dificultó la identificación de ateos y agnósticos.

Ninguna de estas objeciones, sin embargo, disminuye la relevancia de conocer mejor a la religión en el Perú, con miras a fortalecer los procesos de políticas públicas. En todo caso, es políticamente muy importante conocer los cambios que están en marcha hoy en las afiliaciones religiosas de la población. El crecimiento de las iglesias evangélicas en toda América Latina en décadas recientes, por ejemplo, cuestiona cada vez más la legitimidad y sostenibilidad de los tradicionales privilegios otorgados a la Iglesia Católica. Más aún cuando los líderes evangélicos tienen aspiraciones políticas y participan muy activamente en debates sobre políticas públicas, llegan crecientemente al parlamento como parte de diversos partidos, e incluso algunos se perfilan como fuerza política independiente que podría competir en las próximas elecciones presidenciales con plataformas fundamentadas en sus valores cristianos.

 

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