Escrito por Alberto Cairampoma (a), Paul Villegas (b), Marycielo Miranda (c) y Braylyn Paredes (d) (*) (**)
En Perú, el servicio de agua potable se constituye como un servicio público municipalizado, es decir de responsabilidad de los Gobiernos Locales (Cairampoma, 2023, p.114). Esta última característica lo coloca en una situación especial respecto de otros servicios públicos como el de telecomunicaciones, electricidad o infraestructura de transporte, ya que éstos se encuentran bajo el ámbito nacional.
Bajo ese escenario, se aprecia una brecha de acceso al agua potable en el nivel de cobertura, calidad y continuidad. Según lo reportado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el año móvil de octubre 2022-septiembre 2023, solo el 89.1 % (28 millones 901 mil 900 personas) de la población a nivel nacional en promedio accede al agua potable proveniente de red pública. De este porcentaje, resulta pertinente señalar que el 91.8% accede al servicio en las zonas urbanas (2023).
De lo expresado, se visibiliza que en las zonas urbanas existe una brecha de acceso al agua potable significativa, toda vez que el 8.2% de personas no cuentan con un servicio tan esencial para la vida del ser humano y las actividades que realiza en la sociedad. Y es que, el acceso al agua potable en términos de cobertura, calidad y continuidad en la gestión de los servicios públicos es un aspecto central para el desarrollo y bienestar de la población en el país (Cairampoma y Villegas, 2016).
Al respecto, se debe tener en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico ha establecido una diferencia entre el régimen jurídico del servicio de agua potable para las zonas urbanas y las zonas rurales, que a nuestra opinión no ha sido la más acertada (Cairampoma, 2023, p.171).
Así, si bien los prestadores del servicio de agua potable en las zonas urbanas cuentan con sistemas estructurados para su prestación, a diferencia de los prestadores en las zonas rurales que mantienen una estructura compleja por la dificultad misma del espacio territorial y con ello, la dificultad en la incorporación de sistemas de tratamiento y economías de escala; existe una dispersión en el territorio por parte de la población urbana que repercute en el acceso al agua potable y con ello un incremento en la desigualdad. De esta manera, pese a tratarse de zonas urbanas donde existen sistemas estructurados de abastecimiento, es posible visibilizar la presencia de brecha de acceso al servicio básico del agua potable, generando espacios de desigualdad.
Sobre este último aspecto, autores como Tilly han señalado que la desigualdad humana, en términos generales, no solo implica la existencia de una distribución desigual de un conjunto de atributos económicos, sino que -además- están vinculados a la disponibilidad en otros ámbitos (1998). De esta manera, se advierte así que la desigualdad no tiene una concepción unívoca y más si es que impacta en la sociedad, en donde se le reconoce como desigualdad social.
Así, por un lado, la desigualdad puede ser entendida como distanciamiento, en el que los individuos se encuentran en situación de desventaja entre sí pese a que parten de situaciones más o menos equitativas; como exclusión, en donde un grupo de individuos encuentra obstáculos y/o barreras para acceder a los servicios o ejercer su propio derecho; como jerarquía, en donde las barreras antes mencionadas llegan a institucionalizarse y marcar distinciones entre aquellos que visibilizan dichas barreras y los que no; y, como explotación, en donde la obtención de recursos representa el beneficio de los individuos en situación de poder en perjuicio de aquellos que no tienen dicho poder (Therborn & Aboim, 2014).
De otro lado, la desigualdad puede ser vista desde múltiples dimensiones, conforme señalaría Schorr. Y es que, siguiendo a la misma autora, no se limita a determinar la desigualdad por el resultado del indicador de ingresos económicos de la persona, sino que -a su vez- comprende otros aspectos que influyen sobre el entorno del ciudadano, aun cuando este último esté relacionado a aquel: a menor ingreso, menor poder de influenciar y, a mayor ingreso, mayor poder de influenciar (2018).
Este concepto de desigualdad multidimensional está relacionado con el desarrollo sostenible, pues la distribución desigual de los recursos económicos (ingresos) y no económicos (derechos, acceso a servicios, etc) conlleva a que un grupo de individuos acceda a un mejor y mayor cantidad de dichos recursos. Se coloca así a un grupo en una mejor posición respecto de otro grupo menos favorecido con dicha distribución y, por ende, en una posición diferente. Es decir, existe una relación de interdependencia entre las dimensiones de la desigualdad, según entendería Schorr.
De lo anterior, es posible comprender que la brecha de acceso al agua potable en las zonas urbanas refleja desigualdades de distanciamiento y de tipo multidimensional, en tanto se advierte que la falta de acceso al servicio en términos de cobertura, calidad y continuidad conlleva a que los usuarios del servicio lo visualicen como un limitante en varios aspectos de su vida (por ejemplo, en repercursiones directas a la salud de las personas o en temas de higiene y la relación con su dignidad, entre otros). Esto último impacta en sus vidas y los posiciona en un lugar distinto a los individuos que sí tienen acceso al agua potable en las mismas zonas urbanas.
Finalmente, cabe resaltar que el cierre de brecha en el acceso al servicio ha sido, y continúa siendo, un constante desafío para el Estado peruano desde su rol garante, tal como ha sido la reciente modificación del Decreto Legislativo N° 1280, a través del Decreto Legislativo N° 1620, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. Con esta norma, y entre varias modificaciones, se ha precisado e incorporado terminología y conceptos vinculados a la esencialidad, sostenibilidad, inclusión; se ha precisado funciones y competencias de los actores vinculados al servicio; y, entre otros, se ha reconocido el alcance de los mecanismos e instrumentos de gestión del mencionado servicio, a partir del cual se busca mejorar la actuación del Estado para garantizar el adecuado acceso al agua potable, entre ellos, por parte de los usuarios en las zonas urbanas.
(*) Sobre los autores
(a) Alberto Cairampoma. Profesor de Derecho Administrativo y Derecho de Aguas en la Pontificia Universidad Católica del Perú e investigador en el Grupo de Investigación en Derecho Administrativo de la misma casa de estudios.
(b) Paul Villegas. Profesor de Derecho Administrativo y Derecho de Aguas en la Pontificia Universidad Católica del Perú e investigador en el Grupo de Investigación en Derecho Administrativo de la misma casa de estudios.
(c) Marycielo Miranda. Asistente de investigación en el Grupo de Investigación en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
(d) Braylyn Paredes. Asistente de investigación en el Grupo de Investigación en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP.
(**) Sobre el proyecto
La presente comunicación ha sido realizada en el marco del proyecto de investigación «¿Cómo lograr el Objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lo establecido en el Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026?: La Articulación de actores y la valoración de los servicios como herramientas clave para lograr el acceso universal al agua potable en el Perú», financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP.
Bibliografía
Cairampoma, A. (2023). Los servicios públicos de agua potable y saneamiento en el perú. Lima: Palestra.
Cairampoma, A., & Villegas, P. (2016). El acceso universal al agua potable. La experiencia peruana. Derecho PUCP, 76, 229–250. https://doi.org/https://doi.org/10.18800/derechopucp.201601.009
Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2023). Perú: formas de acceso al agua y saneamiento básico. https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_agua_2023.pdf
Schorr, B. (2018). How Social Inequalities Affect Sustainable Development. Five Causal Mechanisms Underlying the Nexus (No. 1; Issue 1).
Therborn, G., & Aboim, S. (2014). The killing fields of inequality. Analise Social, 49(212), 729–735. https://doi.org/10.3898/136266209789024960
Tilly, C. (1998). Of essences and bonds. In Durable Inequalities (pp. 1–40). University of California.
