Nuevamente se ha producido un choque de poderes en el país. Esto llama la atención, pero no por las veces en que se ha presentado una situación semejante, sino porque en el Perú la institucionalidad es solamente una palabra de difícil significado; luego entonces causa hasta risa que existan dos «poderes» que no funcionan, pero que pretenden hacer, a veces torpemente, hacer respetar sus fueros.
No es casualidad que, otra vez, el choque se produzca entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y es que resulta ahora que el Congreso quiere investigar a algunos Magistrados por el caso de la corrupción en la región Ancash.
Hay que empezar por decir algo, que además lo he repetido en “n” oportunidades: la función natural del Poder Legislativo no es investigar delitos, es producir normas (al menos eso se supone). La facultad de fiscalización – de la cual presume el Congreso – debe de entenderse como la capacidad de exigir cuentas cuando a quien desempeña cargo público; en la práctica esto se viene ampliando a cualquier asunto notable, con el famoso fraseo de «interés público» que en realidad es una caja de Pandora en donde entra de todo.
Pero, valga reiterarlo, situado en una visión purista de la cuestión, cuando ya existe una investigación por el Ministerio Público o Poder Judicial, el Congreso debería de abstenerse. Es ahí en donde se empieza a respetar el fuero y la división de poderes.
Este tipo de situaciones se producen porque no se ha reparado en la diferencia que entrañan los términos que dan título a este pequeño artículo. Ser autónomo es no depender de nadie, pero no involucra ser autárquico pues esto último supone ser autosuficiente. Los poderes del Estado son autónomos e independientes pero no son un país soberano, forman parte de un todo, una unidad (el Estado), por eso es que sostengo que no son autárquicos.
Debido a confusiones de ese cariz es que el Congreso, por ejemplo, reacciona virulentamente cuando el Poder Judicial emite resoluciones que sancionan los defectos de las «investigaciones» que – desde siempre – se han consumado en casos políticos. Esto no determina novedad alguna, y nadie hizo nada hasta que un pedido individual motivó lo que se conoce como tutela jurisdiccional efectiva.
La reflexión que viene a continuación guarda vinculación con un viejo aforismo que conocemos muy bien los abogados y que reza de la siguiente manera: «a igual razón, igual derecho». Si el Congreso debe respetar el fuero del Poder Judicial y – se supone – que no es un poder autárquico, el Poder Judicial – bajo el mismo entendimiento – debe aceptar lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Simple, que si bien hay funciones que deben respetarse (así molesten), esto no legitima la autarquía, esto también abarca al propio Poder Judicial sobre todo cuando se trata de su tan ansiada (suplicada) reforma interna.
El Poder Judicial siempre ha reaccionado también agresivamente cuando siquiera se ha tocado el asunto. Piensan, equivocadamente, que ostentan autarquía confundiendo el real significado de la autonomía que la Carta Fundamental les confiere. Es decir, piensan que son intocables.
No hay novedad cuando sostengo que el sistema de administración de Justicia en general es un auténtico desastre, esto hace – por omisión – más palpable la urgencia de una reforma seria que realmente cambie las cosas, a su vez esto nos conducirá a un primer gran paso hacia la también ansiada institucionalidad. La institucionalidad, vale recordarlo, genera estabilidad indispensable para atraer
¿Quién reforma? Reforma el Estado que es uno; ¿cómo se reforma? Bueno, eso hay que ejecutarlo tomando en consideración los estudios más serios que existen sobre la materia, comprendiendo – y esto es ineludible – la naturaleza y dimensión del problema.
Varios años han pasado esperando que sea el propio Poder Judicial el que se «auto reforme» y es claro que por x circunstancias que no viene al caso detallar, esto no ha sucedido; del otro lado está la población que reclama tener una sistema de administración de Justicia que sea precisamente eso. Sin embargo, parece que existe miedo por la mal conceptualizada autonomía que, recalco, no es autarquía.
