Venezuela. El miércoles 20 de diciembre, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó un decreto que puede resultar nefasto para la democracia en Venezuela. Este mecanismo normativo ha provocado rechazo entre la comunidad internacional, dentro del cual resalta el comunicado del gobierno norteamericano emitido el pasado viernes 22 de diciembre.
El denominado Decreto Constituyente para la Valoración de Partidos Políticos impone que los partidos y organizaciones políticas que “no participaron en el evento electoral inmediatamente anterior tienen que renovarse de acuerdo con lo establecido en la Ley de Partidos Políticos, Manifestaciones y Reuniones Públicas[1]”.
De esta manera, este dispositivo normativo impone el requisito de haber participado en los comicios inmediatamente anteriores para poder participar en las siguientes elecciones presidenciales.
Iris Varela, miembro de la ANC, defendió el decreto resaltando la obligación constitucional de los partidos y organizaciones políticas de formar parte de los procesos electorales[2], en referencia al artículo 132 de la Constitución de 1999[3]. Asimismo, la ANC, a través de su presidenta Delcy Rodríguez, se pronunció indicando que esta norma tiene como finalidad evitar futuros boicots a los procesos electorales para así proteger “el derecho al sufragio del pueblo venezolano” que se ve supuestamente amenazado con las acciones de los partidos y organizaciones políticas de la oposición[4].
Como se recuerda, varios partidos de oposición en Venezuela se negaron a participar de las elecciones municipales del domingo 10 de diciembre debido a las irregularidades denunciadas en los comicios regionales del 15 de octubre[5]. El boicot de la oposición al proceso electoral del 10 de diciembre tuvo un dramático efecto en la participación política de la ciudadanía. En este sentido, “9.2 millones de electores” participaron de los comicios municipales, representando solamente el “47.32% del electorado[6]”.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Decreto Constituyente excluye efectivamente a aquellos partidos y organizaciones opositoras que boicotearon las pasadas elecciones municipales. Entre las organizaciones políticas afectadas resaltan los partidos Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP) y Acción Democrática (AD)[7]. En este contexto, es importante resaltar que este panorama puede potencialmente beneficiar la reelección de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 2018 y representar, de esta manera, una amenaza para la democracia del país vecino.
[1] VTV (entidad informativa del Estado venezolano): http://vtv.gob.ve/aprobaron-decreto-constituyente-para-la-validacion-de-los-partidos-politicos/
[2] Ídem.
[3] Artículo 132 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social”
[4] VTV (entidad informativa del Estado venezolano). Op. cit.
[5] ABC: http://www.abc.es/internacional/abci-venezuela-celebra-elecciones-municipales-boicot-mayoria-oposicion-201712100120_noticia.html
[6] BBC: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42304110
[7] El País: https://elpais.com/elpais/2017/12/22/opinion/1513965950_995312.html
Imagen obtenida de: https://goo.gl/rnPP24.
