El 21 de diciembre se llevó a cabo uno de los eventos más relevantes para la política nacional. El resultado del pedido de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, en este sentido, fue determinante para la gobernabilidad de nuestro país puesto que estaba en juego la estabilidad del poder Ejecutivo.
En el panorama de este proceso eminentemente político, sin embargo, es importante recalcar algunos de los elementos más resaltantes de la defensa de Kuczynski, elaborada por el abogado Alberto Borea Odría. En este sentido, se evidenció que la defensa del cuestionado presidente se basó básicamente en tres argumentos.
1. El concepto difuso de la incapacidad moral
Como se conoce, el inciso 2 del artículo 117 de la Constitución de 1993 establece la “permanente incapacidad moral o física” como causal de vacancia presidencial. Históricamente, resaltó Borea Odría, el concepto de incapacidad moral era equiparable al de discapacidad mental. Por esto, la evolución de este concepto requeriría de especial cuidado en su aplicación, a fin de que no se den abusos de esta figura para desequilibrar el balance de poderes.
En este sentido, la defensa de Pedro Pablo Kuczynski estableció que no es proporcional ni razonable castigar al presidente permanentemente y de la más grave manera por una supuesta mentira respecto a un hecho acontecido «hace años». Borea recalcó que la moción de vacancia está fundada en esta supuesta mentira y, por este motivo, es fundamental que se demuestre en un proceso donde se pruebe que esto efectivamente se dio.
2. Los negocios de Westfield Capital no fueron gestionados por PPK y el contrato de First Capital fue un contrato entre privados
En cuanto a los negocios de la empresa Westfield Capital, se resaltó que Kuczynski no gestó ni intervino en ellos y que, por el contrario, Gerardo Sepúlveda era el encargado de administrar la empresa. En este sentido, la defensa del presidente recalcó que lo prohibido para los funcionarios públicos, según el artículo 126 de la Constitución de 1993, es precisamente «ser gestores de intereses propios o de terceros (…) ejercer actividad lucrativa, (…) intervenir en la dirección o gestión de empresas [y] asociaciones privadas» involucradas con el Estado. Esto, enfatizando que el mismo Marcelo Odebrecht declaró que las operaciones comerciales con la empresa Westfield Capital no provenían de la División de Operaciones Estructuradas, por lo que no serían negociaciones ilícitas.
Asimismo, Borea Odría hizo referencia a varias declaraciones de Sepúlveda donde quedaba claro que Pedro Pablo Kuczynski no tenía conocimiento de los negocios de la empresa Westfield Capital, puesto que existía una muralla china para evitar posibles conflictos. En las finanzas corporativas, el concepto de muralla china es entendido como una «práctica ética» cuya finalidad es «evitar que se generen conflictos de intereses». La defensa de PPK recordó que, además de desconocer sobre los negocios de Westfield Capital debido a la muralla y a que no la gestaba, no es posible culpar a Kuczynski por los negocios de la empresa de su propiedad, puesto que «las personas jurídicas son distintas de sus miembros».
En cuanto a los negocios de la empresa First Capital, Alberto Borea explicó que Kuczynski no ha gestado ni intervenido en negocios con Odebrecht. Esto, puesto que el contrato de negocios celebrado fue entre Gerardo Sepúlveda y Odebrecht. De esta manera, no se ha probado que el presidente haya tenido algún tipo de participación fraudulenta en negocios con la cuestionada empresa brasileña.
3. Vulneración de los derechos al debido proceso y de defensa
Citando a lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Alberto Borea estableció que:
«la continuidad en el cargo presidencial para el que fue elegido por el voto popular, para un período de gobierno de duración predeterminada, llegaría a depender de que mantenga una mayoría parlamentaria favorable, o de que la oposición no logre aglutinar una mayoría calificada de votos en su contra para aprobar su destitución, sin que importe demasiado la causa».
En nuestro país, el proceso de pedido de vacancia presidencial está regulado en el en el artículo 89-A del Reglamento del Congreso. Alberto Borea, abogado del presidente Kuczynski, señaló que el plazo establecido para el proceso de vacancia presidencial no es razonable ni proporcional, pues tres días no resultan suficientes para actuar las pruebas y defenderse adecuadamente. En este sentido y haciendo referencia al inciso 3 del artículo 139 de la Constitución, la defensa del presidente recalcó que el proceso de vacancia presidencial no es el más idóneo para tratar este caso, puesto que no se trataría de una situación evidente donde se pueda prescindir de la actuación de medios probatorios. Siendo así, el abogado Alberto Borea, expresó que un proceso como este debería desarrollarse en procesos como los de antejuicio penal o infracción constitucional.
En esta línea, Borea Odría denuncia no solo que se está desnaturalizando el proceso, sino que se están vulnerando los derechos fundamentales del presidente Pedro Pablo Kuczynski. De esta manera y haciendo referencia al inciso 2 del artículo 8 del Pacto de San José al cual nuestro país se ha adherido, la defensa de PPK insistió en que el plazo de tres días para la contestación de la demanda resulta violatoria de garantías procesales como son el derecho de defensa y el plazo razonable. En este sentido, Alberto Borea estableció que el plazo no resulta razonable ni proporcional, especialmente considerando que «el plazo de contestación de la demanda ordinaria es 30 días (…) y el de vacancia de un alcalde es de 90 días o más».
Conclusión:
El pedido de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski efectivamente creó fuertes discusiones tanto entre como dentro de las bancadas políticas representadas en el Congreso. Teniendo esto en cuenta, la defensa de Kuczynski se enfocó en pedir que la investigación de su presunto vínculo con la empresa Odebrecht se lleve a cabo en un proceso diferente al de vacancia presidencial. Esto, con la finalidad de que el juzgamiento del presidente no resulte violatorio a sus derechos fundamentales al transformarse en una decisión puramente política.
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