En algunos medios de prensa ha venido circulando el run-runde una huelga policial a llevarse a cabo el fatídico 5 de febrero. No es el primer año que sucede lo mismo, pero el protagonista sigue siendoRichard Ortega Quispe, suboficial que ya estuvo incluso preso un año y medio (entre febrero del 2010 y agosto del 2011) por incitar uniformado y armado a una huelga nacional en la televisión ayacuchana.
Jurídicamente, una huelga policial (así como la creación de un sindicato policial) no tiene cabida alguna. Nuestra Constitución la prohíbe en su artículo 42 (que dispone que no están comprendidos entre los funcionarios a quienes se reconoce este derecho “los miembros de las fuerzas armadas y policiales”), en plena concordancia con el artículo 9 del Convenio 87 de la OIT, que entrega a las legislaciones nacionales la determinación de hasta qué punto se puede reconocer estos derechos a la Policía y las Fuerzas Armadas, y en el Perú nuestros legisladores eligieron no otorgarlos en ninguna medida.
Esta exclusión de la huelga se origina principalmente en el carácter fuertemente jerarquizado de la institución y en la naturaleza de servicio esencial para la comunidad que tienen las labores de mantener la seguridad ciudadana y preservar el orden público, encargadas a la institución policial, y que no pueden dejar de prestarse por ningún motivo o circunstancia. La privación de los derechos de sindicación y huelga lleva a que los reclamos laborales de los Policías se tramiten de manera informal y muchas veces a través de las asociaciones de familiares o de jubilados de la Policía, que hacen de caja de resonancia y exteriorización de tales pedidos.
Pero más allá de la ilegalidad evidente de la medida de conflicto es necesario detenerse brevemente en el contexto y los actores de este rumor para calibrar su consistencia. El final del año pasado se vio convulsionado por el escándalo de la custodia injustificada y desmedida del domicilio de Oscar López Meneses (OLM), que no sólo conmocionó a la opinión pública, sino que puso en el ojo de la tormenta, por enésima ocasión, a la Policía Nacional. Es verdad que todavía no se sabe con absoluta certeza quién dio la orden de resguardo del domicilio de OLM, pero también se tiene el convencimiento pleno de que altos mandos de la Policía estuvieron implicados en tal decisión. Las fotos de oficiales con el cuestionado personaje mostraron, además, que no tenían siquiera el menor cuidado en mostrarse en actos de mucha cercanía personal con él.
El escándalo OLM le costó al gobierno un Ministro de Interior, algunos importantes Generales y altos oficiales de la Policía, así como una fuerte reprimenda del Presidente de la República a la institución que luego se tuvo que matizar para no afectar lo de honorable que queda en la Policía. En medio de este vendaval, que no dejaba de zarandear a la Policía, hubo que tomarse las medidas de pase a retiro de fin de año, que condujeron a que alrededor de 1,500 oficiales y suboficiales quedaran fuera de la institución, con el disgusto y la contestación que traen siempre estas medidas.
Uno de los suboficiales que pasó al retiro por renovación fue Richard Ortega Quispe, que no desperdició ni un minuto en convocar a diversos periodistas para declarar, en su condición de Secretario General del Sindicato Único de la Policía Peruana: “qué casualidad, justo cuando se gesta un paro policial para el 5 de febrero, toman esa decisión y ponen en un solo saco a los que estamos reclamando dentro de la institución”. Ya hemos mencionado que Ortega Quispe estuvo fuera de la Policía por similares actos en el 2010, siendo repuesto por una cuestionada orden judicial. A ello debemos agregar que la protesta por su salida resulta llamativa cuando él mismo había solicitado en mayo del 2013 su pase al retiro para hacer vida política y “participar en las elecciones del 2014 y del 2016”, según consta en la carta que remitió a sus superiores.
De lo señalado anteriormente se puede ver con claridad que el principal impulsor de la supuesta huelga policial está tratando de pescar a río revuelto. Su salida no pudo llamar siquiera la atención si él mismo la había solicitado anteriormente, aunque no se la aceptaran por tener un proceso disciplinario en curso. Asimismo, las circunstancias, el modo de anunciar la paralización, la fantasmagórica organización que la impulsa y el nulo eco en otras organizaciones vinculadas a los policías nos hacen ver que tras todo esto hay simplemente un intento de ganar notoriedad periodística para futuros emprendimientos políticos.
Y ello no nos puede llamar la atención, conociendo la trayectoria del personaje y su confeso e inminente interés de participar en la vida política nacional. Lo que sí nos debe poner en alerta es la intensa cobertura periodística que se le da a hechos que no soportan el menor análisis de realidad, echan leña a un fuego de por sí muy corrosivo y permiten intensificar la niebla que cubre grandes problemas como el referido a López Meneses. Revisando la prensa en este caso parece confirmarse aquello de que un país no sólo tiene los políticos que se merece sino también la prensa correspondiente. O tal vez el orden de los factores sea al contrario y los países tienen la prensa que se merecen y luego los políticos correspondientes. Menuda labor tiene por delante el Ministro Albán, que no sólo debe ocuparse de problemas endémicos y muy graves en la Policía, sino que ha de dedicar valioso tiempo y esfuerzos a tratar de conjurar fantasmas inflados por una prensa muy irresponsable, para decir lo menos.
