El pasado jueves 13 de noviembre del año en curso fue capturado en Cali, Colombia, Rodolfo Orellana, quien es actualmente investigado por delitos de corrupción y crimen organizado. En el presente editorial, trataremos brevemente la forma en la que la red criminal de Orellana operaba[1].
Los crímenes que se le imputan a Orellana derivan, de manera general, de la apropiación de inmuebles de terceros, la participación fraudulenta en licitaciones convocadas por el Estado, y el lavado de los activos conseguidos empleando cualquiera (u otra) de estas formas. Como resulta evidente, para realizar este tipo de actos Orellana tuvo que contar, por un lado, con el apoyo de un grupo organizado de personas que incluyese, entre otros, jueces, registradores públicos, notarios, etc.; y, por otro lado, con el empleo de distintas personas jurídicas con la finalidad de encubrir y facilitar el desarrollo de tales actos.
Bajo una primera modalidad, la red criminal de Orellana buscaba apoderarse de predios pertenecientes a terceros para luego venderlos. La institución central que empleaba Orellana en esta modalidad era el convenio arbitral. En efecto, en este supuesto se presentaban, básicamente, dos posibilidades en cuanto a la red criminal de Orellana: (i) existía una relación contractual entre el propietario y algún testaferro de Orellana que involucre el predio, o (ii) no existía relación contractual alguna.
En la primera hipótesis, los contratos celebrados incluían cláusulas de arbitraje ambiguas, de tal forma que las futuras controversias sean resueltas por un tribunal arbitral controlado por Orellana. Así, la red criminal de Orellana buscaba activar otros mecanismos contractuales que posibiliten la adjudicación del bien a favor del testaferro, aun cuando el dispositivo contractual no sea, en realidad, de aplicación en el caso concreto. Por ejemplo, una cláusula en la que se disponga que (i) para la introducción de mejoras, el poseedor (en este caso testaferro de Orellana) debe contar con el consentimiento del propietario, y que (ii) el reembolso por las mejoras realizadas por el poseedor, cuando no puedan ser pagadas por el propietario, se realice por medio de la adjudicación del bien. Orellana buscaba activar un dispositivo de este tipo aun cuando las mejoras realizadas no contasen con el consentimiento del propietario[2], lo cual lograba al llevar la controversia a un arbitraje, como mencionamos, controlado por su red criminal. En la segunda hipótesis, con la participación de, principalmente, registradores públicos, notarios y abogados, Orellana lograba inscribir en Registros Públicos una serie de negocios jurídicos viciados mediante los cuales se transfería la propiedad a un testaferro suyo. Posteriormente, dicha propiedad era transferida sucesivas veces (incluso a terceros de buena fe), para reforzar la apariencia de legalidad de las operaciones[3]. Inclusive, se inscribía un contrato simulado que incluyese una clausula arbitral entre testaferros de la red de Orellana sobre un inmueble de un tercero para poder, así, aplicar un mecanismo similar al de la primera hipótesis. Ambas hipótesis, como mencionamos, funcionaban gracias a que Orellana controlaba funcionarios públicos de suma importancia (como lo es un registrador público), así como también distintos árbitros, tergiversando de esta manera el contenido de los principios registrales y los convenios arbitrales.[4]
Pues bien, una vez que la red criminal de Orellana contaba con la propiedad de un inmueble, disponían de este empleando distintos mecanismos legales: Por ejemplo, un testaferro suyo obtenía un crédito en algún banco hipotecando uno de estos inmuebles. Luego, el inmueble era transferido a otra persona sometida a un proceso de insolvencia (también simulado por la red de Orellana) llevado por alguna de las empresas liquidadoras de la misma red (Aladem o Delta). La empresa encargada incluía el inmueble en la masa a liquidar, y de esta forma lograban levantar las cargas y gravámenes del inmueble (entre estos, la hipoteca a favor del banco). Finalmente, el inmueble se transfería a un tercero de buena fe, sin que el banco logre cobrar nada[5].
Otra modalidad de operación de la red criminal de Orellana, consistía en que la Cooperativa de Ahorro y Crédito para los Exportadores (Coopex) –empresa constituida y controlada por la misma red- compraba los inmuebles y luego emitía cartas-fianza falsificadas[6] a favor de empresas creadas por la red criminal, las cuales se presentaban en procesos de licitación a efectos de demostrar su solvencia. Una vez obtenida la buena pro, estas empresas pedían al Estado un adelanto para iniciar la ejecución de las obras, tras lo cual desaparecían.[7]
La impunidad con la que operó la red criminal de Orellana llama severamente la atención sobre la fragilidad de nuestros funcionarios y la debilidad de los controles anticorrupción con los que actualmente contamos. Como vimos, la columna vertebral en las operaciones de Orellana no se formaba, al menos no principalmente, por la ambigüedad del texto de una norma o la duda en su aplicación. Esta columna vertebral se conformaba por la participación de operadores jurídicos de distintos ámbitos (léase jueces, árbitros, notarios, registradores públicos, abogados), los cuales, incluso ante la claridad de una norma, estaban dispuestos interpretarla y aplicarla de manera distinta -ante cualquier controversia, Orellana contaba con podía obtener un pronunciamiento arbitral o judicial favorable, independientemente de si legalmente tenía la razón o no-. Esta situación debería incentivar el refuerzo de mecanismos de prevención y fiscalización anticorrupción, en tanto que se trata de un problema medular en un país como el nuestro.
[1] De esta manera, complementamos lo expuesto en nuestro editorial anterior [2] Ver el caso de la Fundación por los Niños del Perú: http://laley.pe/not/1876/-como-la-hizo-orellana-i- y http://laley.pe/index.php?noticia=1877&preview=9f6fb83da5df5bb69c8f5489e51d6b44 [3] http://peru21.pe/politica/rodolfo-orellana-red-criminal-10-claves-2192955 [4] Ver http://elcomercio.pe/politica/justicia/caso-rodolfo-orellana-modus-operandi-su-red-criminal-noticia-1767112 [5] Ver http://www.larepublica.pe/22-06-2014/asi-opera-la-red-de-rodolfo-orellana [6] http://elcomercio.pe/peru/lambayeque/empresa-orellana-avalo-cuatro-obras-publicas-region-noticia-1756673 [7] http://elcomercio.pe/politica/actualidad/orellana-empresario-jefe-mas-grande-red-delictiva-noticia-1739380
