El jueves 27 de abril las Cámaras Africanas Extraordinarias confirmaron la condena a cadena perpetua de Hissène Habré, el expresidente y dictador de Chad, por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y tortura, aunque se le absolvió del cargo de violación sexual. En primera instancia, el 30 de mayo del 2016 la Cámara de Juzgamiento lo había declarado culpable por la comisión de graves violaciones de derechos humanos durante su mandato presidencial. Este momento histórico para la justicia africana responde al trabajo en conjunto de las víctimas y de la sociedad civil.
¿Quién es Hissène Habré?
Habré, un miembro de la etnia Tubu, gobernó la República de Chad del 7 de junio de 1982 al 1 de diciembre de 1990. Se convirtió en presidente tras protagonizar un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos y Francia, que buscaba frenar la ocupación militar de Libia en el norte de Chad y su creciente influencia en la región.
Una vez en el poder, dirigió un brutal sistema de represión en contra de sus opositores políticos, miembros de etnias diferentes a la suya como Hadjeraï y Zaghawa y población civil del sur. Todo ello en el marco de un conflicto armado internacional entre las Fuerzas Armadas Nacionales de Chad (FANT) y el Gobierno Transicional de Unión Nacional (GUNT) apoyado por Libia, y de un conflicto armado no internacional entre las FANT y los comandos (CODOS) en el sur.
Aquellas personas calificadas como sospechosas de ser opositoras del régimen o de colaborar con el Estado libio fueron arrestadas por los miembros de la Dirección de Documentación y Seguridad (DDS) y la Brigada Especial de Intervención Rápida (BSIR), su brazo armado. Esto supuso la creación de una red de detención constituida por siete prisiones en la ciudad capital N’ Djamena, que operó paralelamente al sistema penal vigente, y en donde se cometieron asesinatos, torturas sistemáticas y violencia sexual.
Su gobierno llegó a su fin después de más de 8 años. El 1 de diciembre de 1990 fue derrocado por Idriss Déby, su ex jefe de Estado mayor y consejero militar, a quién había destituido por la preocupación que le generaba su creciente protagonismo político después de lograr el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Libia. Habré huyó a Camerún y se estableció luego en Senegal.
26 años de búsqueda de justicia: de la Comisión de la Verdad a las Cámaras Africanas Extraordinarias
Después de Uganda, la segunda Comisión de la Verdad en África se estableció en Chad. La “Comisión Investigadora de Crímenes y Malversaciones Cometidas por el ex presidente Habré, sus cómplices y/o encubridores” fue creada por decreto presidencial el 29 de diciembre de 1990 y tuvo como mandato investigar detenciones ilegales, asesinatos, torturas, desapariciones, malos tratos y otros ataques a la integridad psíquica y mental, tráfico ilícito de drogas, y malversación de fondos estatales cometidos entre 1982 y 1990. En su informe de 7 de mayo de 1992 concluyó que durante el gobierno de Habré se cometieron aproximadamente 40,000 asesinatos y 200,000 torturas, y que la DDS fue particularmente responsable de aterrorizar a la población. Asimismo, destacó la participación de terceros Estados en el financiamiento y entrenamiento de quienes perpetraron dichos actos.
Desde el 2000 hubieron varios intentos para investigar y juzgar a Habré. El primero de ellos fue en Senegal, cuando 7 chadianos y la Asociación de Víctimas de Represión Política y Crímenes (AVCRP por sus siglas en inglés) presentaron una denuncia ante el Tribunal Regional de Dakar en la que se le acusó de haber cometido torturas y crímenes de lesa humanidad. En un inicio, se le procesó y se dispuso su arresto domiciliario. Sin embargo, en respuesta a una moción presentada por sus abogados, tanto la Corte de Apelaciones como la Corte de Casación resolvieron que los tribunales senegaleses no tenían competencia para conocer crímenes cometidos en Chad.
El segundo intento se registró el 30 de noviembre de 2000 en Bélgica, cuando 21 víctimas, entre ellas 3 ciudadanos belgas, presentaron el caso ante el Tribunal del Distrito de Bruselas con el objetivo de conseguir la extradición de Habré. Daniel Fransen, el juez de instrucción encargado, visitó cinco cárceles de N’ Djamena junto a su equipo, mientras que algunas de las víctimas les iban narrando sus testimonios. Teniendo en cuenta la evidencia encontrada, en el 2005 se emitió una orden de detención internacional contra Habré, y Bélgica presentó su primera solicitud de extradición. Las autoridades senegalesas lo arrestaron, aunque finalmente la Corte de Apelaciones de Dakar consideró que no tenía competencia para pronunciarse sobre la extradición y lo liberó.
Esto fue lo que impulsó a la Unión Africana a establecer el “Comité de Juristas Africanos Enminentes”, que presentó un informe en el que solicitaba a Senegal que juzgue a Habré en representación del continente africano. A su vez, el 18 de mayo de 2006 el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (en adelante, CAT) concluyó que Senegal había violado la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes” (en adelante, Convención contra la Tortura) al no procesarlo ni extraditarlo. Unos meses después la Asamblea Nacional de Senegal adoptó una ley que permitía a sus tribunales conocer casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y tortura, aun cuando dichos actos hubieran sido cometidos fuera de su territorio, y una enmienda constitucional que establecía que los tribunales tenían jurisdicción sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado. Estos avances sufrieron un revés cuando Madické Niang, ex coordinador del equipo legal de Habré, fue nombrado Ministro de Justicia.
Frente a la inacción de las autoridades senegalesas, el 19 de febrero de 2009 Bélgica demandó a Senegal ante la Corte Internacional de Justicia (en adelante, CIJ) por haber incumplido su obligación de enjuiciar o extraditar a Habré para someterlo a un proceso penal en violación de la Convención contra la Tortura. Entre el 2009 y 2012, Claudio Grossman, presidente del CAT y otros miembros del Comité viajaron a Senegal para reunirse con las autoridades e instarlos a juzgar a Habré, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS por su siglas en inglés) indicó que debía ser juzgado ante un tribunal internacional ad hoc y Bélgica presentó sin mayor éxito tres solicitudes de extradición más.
Una fecha importante para lograr justicia para las víctimas fue el 26 de marzo de 2012, cuando Macky Sall ganó la presidencia de Senegal y nombró a Aminata Touré, una economista y activista de derechos humanos, como Ministra de Justicia. Seguidamente, la CIJ resolvió que Senegal era responsable internacionalmente por no haber procedido con una investigación preliminar inmediata de los hechos y no haber sometido el caso a las autoridades competentes, y declaró que se debía iniciar el enjuiciamiento o la extradición inmediatamente.
Siguiendo el fallo de la CIJ, Senegal y la Unión Africana crearon las Cámaras Africanas Extraordinarias con el mandato de juzgar a los mayores responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos entre el 7 de junio de 1982 y el 1 de diciembre de 1990 en Chad. El 19 de diciembre de 2012 la Asamblea Nacional senegalés adoptó su normativa para que las Cámaras formaran parte del sistema judicial estatal. Están conformadas por una Cámara de Instrucción, una Cámara de Acusación, una Cámara de Juzgamiento y una Cámara de Apelaciones.
El juicio comenzó el 20 de julio de 2015 y terminó en febrero de 2016. 69 víctimas, 23 testigos y 10 peritos rindieron sus declaraciones. Habré fue condenado por (i) crímenes de lesa humanidad: violación sexual, esclavitud forzada, homicidio voluntario, ejecuciones sumarias, secuestro y desaparición, y tortura y tratos inhumanos; (ii) crimen autónomo de tortura; y (iii) crímenes de guerra: homicidio voluntario, tortura y tratos crueles e inhumanos, detención ilegal y asesinato. Seguidamente, sus abogados presentaron un recurso de apelación en el que solicitaban la anulación de la decisión aduciendo fallos en el proceso judicial.
Esta es la primera vez que un ex jefe Estado africano ha sido juzgado por crímenes internacionales en los tribunales de otro Estado africano, bajo la creación de un tribunal híbrido y la aplicación de un modelo de jurisdicción universal. La confirmación de la sentencia condenatoria de Habré debe servir como impulso para que otras víctimas de violaciones de derechos humanos no desistan en sus esfuerzos por alcanzar justicia y reparación, y luchar contra la impunidad.
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