El portal jurídico de
IUS ET VERITAS

A seis años del terremoto del Sur: Inversión Pública y desastre

Compartir

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

A la fecha se carece con certeza cuánto es el monto invertido por el Estado en la reconstrucción de las provincias de Pisco, Chincha, Ica, Cañete, Huaytará, Castrovirreyna y Yauyos, afectadas por el terremoto del pasado 15 de agosto de 2007. Sin embargo, cifras aproximadas difundidas por un medio local y confirmadas, en parte, por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de nuestro país señalan que superaron los 2,800 millones de soles. ¿Qué explica que a pesar de este alto monto de inversión pública miles de familia sigan aún viviendo en carpas o módulos de madera?

Si hoy, a 6 años del terremoto, viajamos por Pisco, por ejemplo, notaremos que hay veredas y pistas recién habilitadas o reconstruidas, con muchas casas también recién reconstruidas. Pero también notaremos que existe un gran muro de pared que cerca casi todas las cuadras del centro histórico. Tras este muro continúa el desastre de cientos de viviendas que no han sido reconstruidas por sus propietarios o poseedores. Algo semejante se repite en las otras provincias afectadas por el terremoto, pero el drama es extremo en distritos o centros poblados donde los programas de inversión pública simplemente no llegaron.

La Unidad de Comunicación Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha confirmado que su sector ha invertido la suma de 1,292.5 millones de soles en varios programas orientados a la reconstrucción. Así, el programa Techo Propio desembolsó la suma de 694 millones de soles a través de 41,579 Bonos Familiares Habitacionales, el Fondo Mivivienda desembolsó la suma de 105 millones de soles a través de 1,416 créditos, el Banco de Materiales (hasta agosto de 2011) desembolsó 54 millones de soles a través de 2,460 créditos, el Programa Bono 6000 desembolsó 169.6 millones de soles a través de 28,266 subsidios, así como el programa Mejoramiento Integral de Barrios ha transferido 130 millones de soles para 118 proyectos de pistas y veredas, y el programa Nacional de Saneamiento Urbano ha transferido 139.9 millones para la ejecución de 55 proyectos de agua y desagüe (publicado el 16 de agosto de 2013 en línea: http://www.vivienda.gob.pe/inicio/noticias.aspx, visitado el 22 de agosto de 2013).

A ello se suman las inversiones públicas gestionadas a través de FORSUR (Fondo para la Reconstrucción del Sur) que suman 1,000 millones de soles en sus diversas obras de saneamiento, electrificación, habilitación urbana, colegios, postas, centros médicos y comisarias, y también se suman las inversiones públicas de otros ministerios o sectores, incluidos los ministerios de educación, salud y trabajo, así como ESSALUD por un monto de 580 millones (diario El Comercio, 15 de agosto de 2013, página A10).

En total se obtiene la suma de 2,872.5 millones de soles en inversión pública para la reconstrucción del Sur en estos últimos 6 años.

¿Por qué no ha sido suficiente esa inversión para reconstruir las ciudades y pueblos afectados por el terremoto del 15 de agosto de 2007? ¿Se aplicaron gestiones inadecuadas? ¿La población aprovechó de su “viveza”? ¿Hubo corrupción de funcionarios? ¿Los órganos de control resultaron y resultan ineficientes? ¿La corrupción fue generalizada al extremo de comprometer a las empresas privadas que contratan con el Estado?

Hay muchas preguntas aún sin responder. Sin embargo, hay un hecho constatado por quienes tuvimos la oportunidad de seguir, desde el lugar del desastre, el proceso de reconstrucción como un derecho: la falta de participación en la gestión y ejecución de las obras de la propia población damnificada. En los primeros años del desastre se actúo gubernamentalmente al margen absoluto de dicha población considerándola incapaz, y en los últimos años aún no hay muestra de un actuar diferente.

Sin participación y compromiso de la propia población damnificada, no hay planificación ni control de las obras urgentes y, menos aún, del destino de la millonaria inversión pública. Al final, la pérdida no es solo para los damnificados, sino para todos por afectarse nuestro erario nacional. ¿Tenemos aún tiempo para rectificarnos? Creemos que sí, particularmente para evitar que los mismos errores se repitan en otros desastres.

Comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.