Escrito por Gustavo Zambrano
Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos indígenas en el mundo. La razón es para resaltar que estos pueblos aun mantienen brechas sociales en comparación con el resto de la población no indígena, y con ello lograr que los Estados actúen en pos de generar cambios que garanticen la continuidad de sus condiciones de vida. Este año 2020, en un contexto de pandemia global, hay que considerar además lo que se debe hacer para evitar los contagios entre las personas de estos pueblos, y responder ante las emergencias, siempre garantizando el ejercicio de sus derechos.
Esta fecha en el caso peruano debe servir para evaluar seriamente lo que hasta ahora se ha hecho en la materia; y, sobre todo, revisar lo que no se ha conseguido y porqué. Esto es necesario para encontrar los puntos de quiebre que permitan reconocer dónde ajustar y mejorar, establecer responsabilidades, y proponer cambios operativos y viables.
Ya en otras oportunidades he señalado la imperiosa necesidad de revisar el enfoque desde el que se está entendiendo la realidad indígena en el país para comprender su relación con el Estado peruano. Estando en el año 199 del establecimiento del Perú cómo república, dicha revisión ayudará a entender desde dónde se han venido abordando los problemas públicos de los pueblos indígenas en la agenda estatal. El objetivo, corregir dicho enfoque de ser necesario. Si buscamos garantizar derechos, no podemos hacerlo si el Estado cumple sus obligaciones desde miradas aun monoculturales, o que entienden la interculturalidad desde retóricas nada prácticas, o que permitan y den permiso, más que impulsar agencia.
Para profundizar estas ideas hay que hablar sensatamente en el ámbito público sobre los temas indígenas. Ello porque tales temas terminan siendo encajonados a ciertas temáticas, dejando de lado la necesidad de entender esta realidad como transversal a casi todo el aparato público. Por un lado, la discriminación histórica y el racismo asolapado aun perviven en la manera cómo se atienden las necesidades indígenas, y ello exige combatirse. Debido a ello la problemática indígena termina reduciéndose a pocos temas que se presentan en algunas discusiones políticas, o simplemente invisibilizados, cuando de lo que hablamos son de realidades complejas que deben estar presentes en todas las discusiones relevantes en un país ad portas de su bicentenario.
Los temas indígenas solo son mencionados o identificados cuando se tratan temas relacionados a actividades minero extractivas. Ciertamente están vinculados, pero no son los únicos contextos en los que se deben trabajar los temas de estos pueblos. Pensemos en algunos ejemplos. La consulta no puede ser solo un mecanismo para acelerar procesos, sino un derecho que apunta a establecer el diálogo. Además, no se limita a temas mineros o de hidrocarburos, sino a distintos escenarios de ejercicio de derechos colectivos amparados en el Convenio 169 de la OIT. Otro ejemplo es el de la Base de Datos de pueblos indígenas; la inyección de financiamiento para cerrar la brecha de identificación de más de 3000 comunidades campesinas debe asentarse en la importancia por reconocer la identidad indígena de miles de personas para ejercer sus derechos, y acceder a servicios diferenciados. Ello les da seguridad jurídica y garantiza sus condiciones de vida. No tener esta información genera incertidumbre. Y en ese paquete de información para todo el estado peruano, están también las empresas. Es saludable que se dé inicio a esta identificación, pero debemos salir del discurso de que esta sea solo para una actividad, cuando es para garantizar derechos de un 26% de la población nacional que se ha autoidentificado como indígena de acuerdo con el Censo del 2017. Pensemos en otros escenarios donde los temas indígenas puedan estar presentes. Es incorporar las variables étnicas y de lengua originaria en cuestiones como el acceso a la salud, a plataformas digitales como el de la bolsa de trabajo, a servicios de saneamiento, a créditos para pequeños agricultores, a gestión forestal, a la conservación, etc. Es generar otra manera de hacer gestión. Ya contamos con varias políticas y los marcos normativos, hay varios avances, ejemplos y buenas prácticas, pero en asuntos de necesidades básicas no se sabe cómo gestionar adecuadamente.
Cuando en discursos como el de investidura el tema indígena solo aparece vinculado a ciertas actividades o a emergencias y conflictos, olvidamos que son pueblos cuya realidad siempre ha estado ahí. Olvidamos que sus agendas son más que solo buscar cuestiones económicas. Olvidamos que son millones de personas que exigen que sus condiciones de vida no se extingan, que sus culturas no desaparezcan. Son una realidad que se mantiene invisible y desatendida, pero que lucha porque ello cambie, sobre todo para las siguientes generaciones. Parte de la solución es saber brindar servicios con pertinencia cultural, donde el enfoque intercultural sea realmente práctico y las agendas indígenas sean canalizadas a través de mecanismos de participación y consulta. Otra parte es reconocer que sus ideas e iniciativas deben formar parte de la gestión estatal. Porque nada se puede hacer si es que los propios pueblos no están involucrados. ¿Qué pasa cuando no es así?
Los pueblos indígenas ante la emergencia nacional respondieron rápidamente. El 20 de marzo AIDESEP hizo un llamado a los pueblos amazónicos para que se acate la cuarentena nacional cerrando el ingreso a sus territorios de personas foráneas, así como pedir que los puestos de salud sean abastecidos con medicinas suficientes. El 1 de abril con el respaldo de todas sus bases regionales, AIDESEP solicitó a través de una carta dirigida al Presidente Vizcarra y varios de sus ministros, que se hagan pruebas rápidas a través de brigadas fluviales, que se hagan pruebas de descarte a los/las funcionarios/as estatales antes de ingresar a comunidades, que los bonos sean entregados en especie a través de la compra en el equivalente del monto monetario. Además, puso a disposición para apoyar el trabajo estatal a toda su red de dirigentes y equipo técnico, además de su logística. Pero las demoras terminaron mostrando que no se consideraron sus ideas. ¿Por qué? El plan de salud para pueblos indígenas que se solicitó a inicios de abril, recién fue aprobado a finales de mayo, debido a la insistencia de quienes lo hicieron (de acuerdo a lo señalado por Luisa Elvira Belaúnde en una entrevista) y no por otras razones. ¿Es que no era prioridad? La experiencia de vida y trabajo junto a la realidad indígena en un país como el Perú nos dijeron que era necesario incluso tener un abordaje de la emergencia nacional de manera diferenciada, cosa que no se hizo a pesar de las alertas que se generaron. No escuchar a los y las representantes indígenas ha traído graves consecuencias. Parte de la población indígena Awajún de Condorcanqui se contagió por ir a la agencia del Banco de la Nación de Nieva para cobrar sus bonos.
Para finalizar, se ha prometido un Pacto Perú. La pregunta es, ¿los pueblos indígenas estarán en ese pacto? La única manera de dejar de pensar lo indígena solo un uno o dos temas es revisar cómo ha sido entendido, y considerar que es un tema eje, central y clave en la gestión pública a nivel nacional.
