En los últimos días hemos sido testigos de una serie de sucesos lamentables ocurridos con ocasión de las protestas llevadas a cabo por grupos de estudiantes y líderes opositores al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Así, los enfrentamientos entre manifestantes y miembros del oficialismo han significado la muerte de tres personas y un número importante de heridos y detenidos.[1] Al margen de las fuertes implicancias políticas del tema, debemos llamar la atención sobre situaciones ocurridas a lo largo del periodo de protestas que han sido calificadas por distintos medios e instituciones como lesivas a los derechos fundamentales. Es preciso, entonces, repasar brevemente lo sucedido de tal forma que podamos contribuir a la formación de la opinión con relación a este tema.

A inicios del presente mes, el descontento social de un sector de la población venezolana provocado por altos índices de inseguridad ciudadana, escasez de productos junto con la inflación y el recorte a la libertad de expresión, se vio encausado por las declaraciones del líder opositor Leopoldo López, quien instó a la población a salir a las calles y protestar frente al gobierno del presidente Nicolás Maduro.[2]Aproximadamente una semana después, los incidentes ocurridos en el estado de Táchira –provocados por la detención de estudiantes que marchaban por la inseguridad al interior de los campus universitarios en el país– intensificaron las protestas y agravaron la relación entre los estudiantes universitarios y el gobierno.[3]De la misma forma, el último martes, trabajadores de la prensa venezolana convocados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP) marcharon debido al atraso en la asignación de divisas por parte del gobierno para la importación de papel periódico.[4] A raíz del clima de tensión configurado por los días anteriores,[5] el 12 de febrero –día que en Venezuela se celebra el Día de la Juventud, así como también el aniversario de la Batalla de la Victoria– se desarrollaron multitudinarias marchas convocadas por dirigentes estudiantiles y políticos en diversas ciudades venezolanas, así como también por simpatizantes del gobierno, celebrando el Día de la Juventud.

Fue en ese día que la violencia y la represión por parte del gobierno alcanzaron su máxima expresión. Así, entre lo sucedido el 12 de febrero, resalta principalmente la muerte de tres personas en Caracas[6] producto de enfrentamientos entre grupos de manifestantes y miembros de los llamados “colectivos bolivarianos”[7] (cuestión aun por ser aclarada del todo). Resalta también, la represión por parte de las fuerzas policiales y la irregularidad en algunas detenciones.[8] Finalmente, cabe mencionar que la suspensión de la señal de NTN24, el único medio televisivo que transmitía en vivo los incidentes ha causado el rechazo de la Sociedad Interamericana de Prensa.

En el escenario antes expuesto, creemos que la lesión a derechos fundamentales se hace notoria, por ello pasaremos a abordar brevemente los temas implicados.

La muerte de tres personas (una de ellas simpatizante del oficialismo) y la cantidad de heridos muestra el nivel de descontrol en el que se llevó a cabo la marcha del 12 de febrero. Al respecto, recordemos que el ejercicio del derecho a la reunión debe darse en un ambiente de diálogo y sujeción a la Ley.

Con relación al derecho mencionado, recordemos que se configura como uno relacional: su ejercicio permite, por ejemplo, el derecho a manifestarse. Por ello, se erige como expresión del actuar político ciudadano en un sistema democrático de gobierno.

Es preciso recordar también que el derecho a la reunión ha sido reconocido por instrumentos internacionales, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su artículo 20 señala: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”

Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 15 lo siguiente: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”.

Particularmente, en el ámbito del derecho interno venezolano, el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala:

“Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.

Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.

Ahora bien, a lo largo de las jornadas de protestas que desembocaron en lo sucedido el 12 de febrero –las que incluyen actos de violencia de una y otra parte– se aducen numerosos actos represivos por parte del gobierno, aun cuando las protestas se llevaban a cabo de manera pacífica. Si bien el asunto tendrá que ser materia de investigación, como lo exhortan organismos internacionales como la ONU o la OEA,[9]la situación despierta preocupación en la medida que tales actos se configurarían como una seria lesión al derecho a la reunión por parte del gobierno venezolano. De ser así –es decir, de haber violado el gobierno venezolano sus propias normas constitucionales– la crisis de legitimidad que viene atravesando dicho gobierno se agudizaría, agravando el descontento social ya existente en Venezuela.

Por otro lado, el ejercicio de la libertad de expresión e información y sus restricciones es un tema que causa polémica en el caso venezolano. Recordemos que ambas libertades se engloban en lo que se conoce como libertades comunicativas, las cuales fungen como derechos fundamentales individuales así como también como garantías institucionales en la medida que constituyen un pilar de soporte del sistema democrático de gobierno. Ello porque las libertades comunicativas juegan un rol fundamental en la formación de la opinión pública y del debate político. En este sentido, la doctrina señala que inciden incluso directamente en el ejercicio del derecho al voto.[10]

Sobre lo ocurrido el 12 de febrero con relación al canal NTN24, observamos que la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos venezolana, en particular el artículo 29.1 dispone lo siguiente:

“Los sujetos de aplicación de esta Ley, cuando les sea aplicable, serán sancionados:

1.- Con multa de hasta un 10% de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquél en el cual se cometió la infracción, y/o suspensión hasta por setenta y dos horas continuas de sus transmisiones, cuando difundan mensajes que:

a) Promuevan, hagan apología o inciten a alteraciones del orden público;

b) Promuevan, hagan apología o inciten al delito;

c) Inciten o promuevan el odio o la intolerancia por razones religiosas, políticas, por diferencia de género, por racismo o xenofobia.

d) Promuevan la discriminación;

e) Que utilicen el anonimato.

f) Constituyan propaganda de Guerra.

g) Fomenten la zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público.

h) Desconozcan las autoridades legítimamente constituida. […]”.

Si bien la acción del gobierno se pretende amparar en el artículo citado, llamamos la atención sobre la generalidad con la que dicha norma ha sido rectada, más aun considerando que –como ya hemos mencionado– nos encontramos ante un derecho que juega un rol esencial en el sistema democrático de gobierno. Así, creemos que existen argumentos para sostener que la censura fundamentada en la sanción contenida en el antes citado artículo, se configura como una lesión grave a las libertades comunicativas. Ello porque al tratarse de un derecho de tal importancia, su regulación –y por lo tanto sus limitaciones– debe ser exhaustiva y claramente delimitada. Reconocemos, sin embargo, que este es un aspecto polémico y, además, un debate recurrente en los últimos años en Venezuela.

Creemos que el análisis de lo acontecido en Venezuela no se agota en lo aquí expuesto; sin embargo, nos solidarizamos con las víctimas de las jornadas de protestas y compartimos el llamado a la paz y diálogo en un marco de sujeción a la Ley. Si bien, la situación en Venezuela se presta –incluso desde el gobierno de Hugo Chávez– a debatir sobre la prevalencia de un modelo económico sobre el otro para alcanzar el bienestar social, cuestión fuertemente marcada por tintes ideológicos y políticos, no debe perderse de vista que aún en un clima de tensión de tal magnitud, debe primar el respeto a los derechos fundamentales y al sistema democrático de gobierno.

AUTOR: IUS 360° | DIRECTOR: RENZO ROSSI | CONSEJO EDITORIAL: MELISSA CERVANTES, ALEXIS LUJÁN, CRISTINA VALEGA, CLAUDIO GENTILLE, DANIA MANRIQUE Y LUIS MENA.