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En el presente editorial, establecemos el marco general de la elección de los miembros del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (en adelante “BCRP”) y desarrollaremos algunas ideas básicas sobre la importancia de dicha entidad y su necesaria autonomía.

  1. Cuestiones Preliminares

Al cumplirse el periodo del Directorio del BCRP, este 27 de octubre, se eligieron a los nuevos miembros del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú, un Organismo Constitucional Autónomo que se encarga, principalmente, del manejo del Sistema Monetario y su estabilidad, mediante una serie de funciones otorgadas por la Constitución y establecidas en su Ley Orgánica.

El Poder Ejecutivo designó a los 4 miembros que le corresponde por mandato constitucional: así, se designó a Julio Velarde Flores, Doctor en Economía con con amplia experiencia en el BCRP por haber sido presidente de la entidad desde ya hace una década, quien además ha sido reconocido por su exitosa gestión en el cargo en diversas oportunidades [1]; Gustavo Yamada Fukusaki, también Doctor en Economía con experiencia en el BCRP, en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en el Fondo Monetario Internacional (FMI), además de una prolífica carrera de investigador; Javier Escobal D’Angelo, quien es Doctor en Desarrollo Económico con experiencia en el MEF e INDECOPI y Luis Miguel Palomino Bonilla, Doctor en Finanzas que ha ejercido altos cargos en bancos e instituciones financieras internacionales.

Asimismo, según la Constitución, el Parlamento debe elegir a los 3 miembros restantes del BCRP. Pero a diferencia de lo sucedido con las personas elegidas por el Ejecutivo, los designados por el Parlamento han desatado una serie de críticas y cuestionamientos. A continuación esbozaremos qué motiva dicha oposición respecto de cada uno de los directores:

Elmer Cuba Bustinza, economista, tiene experiencia en el BCRP como especialista en la Gerencia de Estudios Económicos, pero se cuestiona su elección debido a la estrecha vinculación con el Partido Fuerza Popular por su apoyo a la candidatura de Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales; José Chlimper Ackerman, quien es economista y administrador, tiene experiencia en el BCRP como director en el periodo 2006 – 2011, sin embargo, es cuestionado porque ocupa el cargo de Secretario General del Partido Fuerza Popular, ha estado involucrado en la entrega de audios manipulados para su difusión en la última campaña electoral respecto del caso relacionado con la supuesta investigación de la DEA a Joaquín Ramírez y por su participación en inversiones privadas, lo que beneficiaría a Chlimper al tener acceso a información sobre el manejo de la economía nacional; y por último, fue elegido Rafael Rey Rey, ingeniero industrial, que tiene experiencia política en el Congreso y ha sido ministro en el segundo gobierno de Alan García, pero es cuestionado básicamente por la ausencia de experiencia técnica para ocupar un cargo relacionado netamente con la economía y decisiones sobre la estabilidad monetaria nacional.

A vista del lector, claramente hay un desbalance en el nivel de preparación para el cargo entre los miembros del directorio designados por el Poder Ejecutivo y los elegidos por el Parlamento. Precisamente, este es uno de los motivos por los cuales, estas semanas, ha sido cuestionada la decisión del Parlamento, lo que debió ser una elección de los miembros del Directorio con respaldo en la experiencia de las personas designadas parece haberse convertido en un juego de poder en el cual la oposición al Gobierno ha dejado en claro que posee una amplia mayoría parlamentaria; por lo tanto, para la toma de muchas decisiones no necesita (o siquiera pretende) la búsqueda de consenso alguno.

  1. Sobre el Banco Central de Reserva del Perú

Para comprender la importancia de esta institución, brindaremos al lector un breve recuento histórico. Desde la época colonial, existió la Casa Nacional de la Moneda (CNM) y es en 1922 cuando se crea el Banco Central de Reserva que, poco a poco, adquiere importancia hasta hacer de la CNM una dependencia del BCRP [2].

A mediados de 1980, el Banco Central acentuó el financiamiento del déficit fiscal y las necesidades de la banca de fomento, en este contexto, existía un sistema de control de precios y subsidios, un sistema de cambios múltiples y las tasas de interés estaban controladas y eran negativas en la realidad [3]. En el periodo de 1985 a 1990, “la demanda de saldos monetarios reales se redujo sustancialmente, el mercado financiero informal canalizaba un creciente volumen de operaciones y se acentuaba la dolarización de la economía” [4].

Es así que el BCRP fue manejado como un banco de fomento y para financiar los déficits fiscales, otorgaba préstamos al gobierno que no devengaban intereses y que rápidamente perdían su valor real por la creciente inflación, generando grandes pérdidas al BCRP.

Ya en los 90, el valor real del dinero y ‘cuasidinero’ llegó casi a la quinta parte del registrado en 1985 y “el crédito bancario al sector privado se redujo al 15% del que valía en 1985” [5]. En agosto de 1990, se optó por un programa de estabilización y reformas que tienen directa incidencia en el Banco Central, eliminando el sistema de control de precios y subsidios, se estableció un sistema de tipo de cambio  flotante y tasas de interés libres, asimismo, se liberalizó el comercio exterior y se admitió la entrada y salida de capitales.

  1. Autonomía e independencia del BCRP

No es novedad que la ‘ideología’ a la cual se suscribe el gobierno de turno puede ser un factor influyente en la política monetaria de un Estado pero, precisamente, para ello existen mandatos constitucionales que han logrado dotar de suficiente autonomía e independencia a un organismo de tanta relevancia como el Banco Central de Reserva, así en el artículo 84 de la Constitución se establece que  el BCRP “tiene autonomía dentro del marco de su Ley Orgánica”. Un aspecto en específico de la Ley Orgánica, será abordado más adelante respecto a la mínima exigencia sobre la elección de directores en dicha entidad.

Existe diversa literatura que sostiene la premisa de que un Banco Central debe ser autónomo e independiente si se pretende un correcto manejo económico del Estado, ya que “la autonomía de un Banco Central facilita su tarea de lograr y mantener la estabilidad de precios. En particular, un Banco Central al contar con independencia para determinar sus instrumentos de política, operaciones de mercado, entre otros, puede lograr mejor sus objetivos. Asimismo, un Banco Central autónomo está protegido de adoptar políticas expansivas que pueden surgir de los ciclos políticos. Estas expansiones injustificadas pueden generar problemas en el futuro, cuando se deba hacer frente a mayores inflaciones [6].

Lo mencionado sobre la independencia y la autonomía necesaria de un Banco Central, sumado al consenso tácito, de los gobiernos y distintas conformaciones parlamentarias, sobre la especialización de los miembros del Directorio que debían conformar este Organismo Constitucional Autónomo, fue determinante para que el manejo monetario de nuestro país haya sido halagado reiteradamente en estos últimos tiempos. Sin embargo, en esta última elección del 27 de octubre se ha dejado de lado el mandato constitucional y los lineamientos de la Ley Orgánica sobre las exigencias mínimas de los directores, y todo esto, por el juego político de mayorías en el Congreso.

  1. Sobre el Directorio y el rechazo de la influencia política

Las funciones, organización y gestión de un Banco Central se originan en la Constitución y en el Derecho Público, es decir, en la ley. Dicha regulación debe permitir a su vez que la misión de administrar adecuadamente la política monetaria sea alcanzada, pues el mercado tiene sus propias normas. Así, tenemos que es complicado lograr que la tensión constante del mercado no afecte el avance de la economía, y lo es contando incluso con profesionales con vasta experiencia en economía y finanzas.

El Art. 11 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú señala expresamente lo siguiente:

“Los Directores deben ser peruanos, tener reconocida solvencia moral y poseer amplia competencia y experiencia en economía y finanzas. No representan a entidad o interés particular alguno y su voto debe tener en cuenta únicamente el cumplimiento de la finalidad y las funciones del Banco” (énfasis añadido).

Sin embargo, en el caso de los directores elegidos por el Parlamento parece haberse pasado por alto tal disposición legal, pues es claro que las personas designadas para ser miembros del Directorio no calzan el perfil que la ley exige. No hace falta recalcar lo expuesto en el punto 1 acerca de qué es lo que se le cuestiona a cada uno de los candidatos, porque, independientemente, de su capacidad técnica lo que preocupa es el trasfondo político, es la preocupación de que las decisiones sean poco técnicas y más influenciadas por los réditos que una u otra bancada pudieran obtener, lo cual no sólo afectará a este ciclo económico sino a los que vendrán.

A pesar de que voces autorizadas como la de Richard Webb -ex funcionario del BCR- han señalado que la influencia política en un organismo altamente técnico y especializado no debería tener demasiado impacto, lo preocupante sigue siendo aquello que tantas veces es el flagelo de sociedades democráticas con bajos niveles de institucionalidad como es el caso peruano. Es llamativo que una institución largamente intacta, y en cierto modo casi aislada del alcance de decisiones eminentemente políticas, haya sido recientemente alcanzada por hechos de esta naturaleza.

La elección de los directores de una institución llamada constitucionalmente a ser autónoma no debería pasar desapercibida, la Sociedad Civil en general habría de mantenerse atenta a la sola posibilidad de que dicha autonomía se vea afectada y/o reducida. Tratándose de un organismo, cuya finalidad es el preservar la estabilidad monetaria, deberían realizarse todos los esfuerzos necesarios para evitar que sea la influencia política o la afiliación partidaria lo determinante para la conformación del Directorio. Y felizmente ha sido así.

Esta vez, no ha transcurrido mucho tiempo para que se haga sentir el rechazo a la elección de los 3 directores en el Congreso, por lo que gremios estudiantiles y otros actores civiles, se han manifestado y han mostrado una clara postura de rechazo al cuestionar esta elección. Ya se ha notado la influencia política en la elección del Defensor del Pueblo pero esta eventual revocación en el BCRP no sería algo impensable, recordemos que ya previamente ha sucedido que el Parlamento se encontró obligado a retroceder en sus decisiones cuando se descubrió en 2013 que legisladores de por lo menos 5 bancadas negociaron bajo la mesa la elección de las vacantes en la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el propio BCRP [7].

  1. Comentarios finales

Incluso si legalmente no se ha establecido un procedimiento detallado para la elección de los restantes miembros del Directorio, debemos considerar que el Ejecutivo nombra 4 de los 7 miembros, y los 3 restantes también deben cumplir con el requisito de ‘experiencia en economía y finanzas’ y que ‘no represente intereses particulares’. No es saludable para nuestra democracia que se contravenga una tendencia establecida tácitamente por anteriores gobiernos y que lo político sea lo preponderante. Tranquilamente, se pudo haber elaborado una lista más amplia con candidatos más idóneos y, seguidamente, se pudo haber realizado una sesión en la cual se argumente a favor o en contra de la elección de dichos miembros. Hacerlo sin la búsqueda de diálogo y/o consenso es contraproducente, mucho más si los elegidos no cumplen a cabalidad con lo que legalmente es exigible.

El martes 8 de noviembre se realizará nuevamente una marcha para que la ciudadanía exprese su rechazo a las decisiones de un Parlamento que, como es ya es costumbre, parece priorizar los intereses partidarios que no se condicen con lo que la población espera. Quizá no se trate únicamente de rechazar la elección de los Directores del BCRP, sino de exigir que el manejo político no sea el que defina el futuro de importantes instituciones e incluso de nuestra economía, o que en todo caso dicho manejo político sea verdaderamente representativo y en favor del bienestar general..
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Bibliografía

[1] La revista especializada Global Finance emite un Reporte de Calificaciones de los banqueros centrales, publicado anualmente desde 1994, para lo cual considera el éxito en áreas como el control de la inflación, metas de crecimiento económico, la estabilidad de la moneda y gestión de la tasa de interés. Información disponible en: https://d2tyltutevw8th.cloudfront.net/media/document/central-bankers-2016-1472776973.pdf

[2] Véase en el siguiente link: http://www.bcrp.gob.pe/billetes-y-monedas/casa-nacional-de-moneda/historia.html

[3] SUÁREZ, Germán. “Rol del Banco Central de Reserva del Perú”. Boletín del CELMA: CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINOAMERICANOS. Noviembre – diciembre 1997, pp. 286

[4] Ídem

[5] Ídem

[6] TUESTA, Vicente. “Independencia Legal y Efectiva del Banco Central de Reserva del Perú”, 2007. Disponible en: http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2007/Working-Paper-12-2007.pdf

[7] Sobre los hechos revisar: http://peru21.pe/politica/audio-confirma-que-hubo-repartija-congreso-2140482

Imagen: Canal N

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