A puertas de iniciar la segunda semana de enero de 2018, desde esta columna nos tomamos la libertad de proponer algunos temas que -en nuestra opinión- deberían ser considerados prioritarios en la agenda de la política pública laboral de este nuevo año:

1.- Implementar acciones iniciales para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS.

En septiembre de 2015 la asamblea general de Naciones Unidas aprobó la denominada “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, a partir de la cual se establecieron 17 ODS, cuya finalidad esencial es conseguir a nivel global que en los próximos 15 años se termine con la pobreza extrema, se reduzca la desigualdad y se repare el cambio climático.

Precisamente, el ODS N° 8 consiste en promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Para ello, la Agenda 2030 propone algunas metas conexas, tales como reducir sustancialmente para el 2020 la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios (“jóvenes ni-ni”), poner fin al trabajo infantil en todas sus formas a más tardar el 2025, o lograr para el 2030 un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor^[1].

Ciertamente, las metas que cada uno de los ODS plantean constituyen un desafío enorme para el Estado y, además, demandan una actuación intersectorial y en los distintos niveles de gobierno; sin embargo, sería interesante ver en la agenda del Ministerio de Trabajo para este año la inclusión de algunas acciones preliminares que apunten a garantizar progresivamente que el Estado peruano alcance con éxito el ODS N° 8 en el 2030.

2.- Actualizar las políticas públicas para la erradicación del trabajo forzoso y del trabajo infantil prohibido.

 A través del Decreto Supremo N° 004-2013-TR se aprobó el “II Plan Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso” – PNLCTF, cuyo plazo de ejecución fue establecido para el período 2013-2017. Así, habiendo concluido ya la vigencia del PNLCTF, resulta urgente que las autoridades competentes pongan en agenda dos acciones inmediatas: (i) la publicación y socialización del informe de evaluación final respecto al logro de los objetivos estratégicos y metas que se habían fijado; y, (ii) la conformación de un grupo técnico de trabajo para la elaboración del siguiente PNLCTF.

Por su parte, la “Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012-2021” – ENPETI, aprobada por Decreto Supremo N° 015-2012-TR, ha cumplido ya 5 años de ejecución desde su implementación, por lo que sería de sumo interés para los actores sociales conocer los avances y resultados derivados de su evaluación intermedia, más aun teniendo en cuenta que -como fue antes comentado- una de las metas específicas de los ODS es que al 2025 se haya puesto fin al trabajo infantil en todas sus formas.

3.- Incrementar los ingresos de la población asalariada.

Una nota publicada a fines del año pasado en el portal de Semana Económica[2], daba cuenta de que -según cifras de la OIT- en el Perú todavía existía un 20%, aproximadamente, de trabajadores asalariados que no lograba percibir el salario mínimo legal.

En esa misma línea, el “Índice de Mejores Trabajos” publicado recientemente por el BID^[3], le otorga al Perú un puntaje de 43/100 en el indicador de trabajos con salario suficiente para superar la pobreza (frente al promedio regional que se sitúa en 47), ubicándose con ello en el puesto 12 de un total de 17 países de América Latina.

Según ambos estudios, el problema radica en que los empleos que se generan en el país no son necesariamente formales ni aseguran a la población un nivel de ingresos suficiente para superar la pobreza. Siendo ello así, resulta prioritario incluir en la agenda laboral no solo el debate -estrictamente técnico- sobre el incremento del salario mínimo, sino también sobre la calidad y pertinencia de la educación, la formación profesional, y la empleabilidad de los jóvenes.

4.- Ampliar la cobertura de protección social.

En septiembre de 2017, la Comisión de Protección Social (creada por Resolución Ministerial N° 017-2017-EF/10) publicó su informe final con propuestas para la reforma integral del sistema de pensiones, el financiamiento y aseguramiento de la salud y la postergación del establecimiento de un seguro de desempleo^[4].

A modo de apretada síntesis, podemos destacar que la Comisión de Protección Social propone la creación de un nuevo sistema pensionario conformado por tres pilares complementarios (pensión básica universal + ahorro previsional obligatorio + aportes voluntarios), y en materia de salud propone la creación de un plan de beneficios universal financiado con recurso públicos y administrado por un fondo único, a la par que reducir progresivamente las contribuciones a Essalud.

Qué duda cabe respecto a la complejidad de las reformas propuestas y a la necesidad de la intervención de múltiples entidades y sectores estatales, dentro de los que el Ministerio de Trabajo seguramente tendrá que jugar un rol activo y prioritario.

[1] Para mayor información, consultar: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/summit/

[2] http://semanaeconomica.com/article/economia/empleo/259371-oit-el-20-de-asalariados-recibe-menos-del-sueldo-minimo-en-el-peru/

[3] https://mejorestrabajos.iadb.org/es/dimensiones

[4] Para mayor información, consultar: http://www.proteccionsocial.com.pe/

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