El pasado lunes 15 del presente mes, el presidente Martín Vizcarra anunció la implementación de la línea gratuita 1918 del Ministerio de Trabajo para denunciar acoso sexual en el espacio laboral, medida que beneficiaría, en especial, a las mujeres. Esta decisión no solo constituye un mecanismo más de lucha en contra de la violencia hacia la mujer que se suma a los ya implementados –tipificar el delito de acoso sexual, chantaje sexual, entre otros. –, sino que también pone en evidencia una mayor concientización por parte de los órganos del Estado en su lucha contra su erradicación.
Según cifras recogidas por el Ministerio de la Mujer[1], en el 2017, 81 009 mujeres fueron víctimas de algún tipo de maltrato, ya sea físico, psicológico o sexual; en el 2016, fueron 60 589.
Es lamentable visualizar, mediante una encuesta realizada por Win Américas, que el 93% de las canadienses señalen que sí se respetan sus derechos en su país, a diferencia del 22% de peruanas que tienen la misma opinión.
CUADRO 1
FUENTE: Win Americas
La misma situación se repite en cuanto a las cifras sobre violencia de género. El Perú es uno de los principales países en los que la violencia de género se llega a normalizar a tal grado que se convierte en una cotidianeidad. La mayor cantidad de mujeres víctimas de violencia de género oscilan entre 18 a 34 años. Del gráfico se puede evidenciar que a mayor nivel socio económico, menores son los riesgos de ser víctima de violencia. Es decir, la cantidad de mujeres que ha sufrido algún tipo de violencia aumenta en grado inversamente proporcional a su condición socio económica.
CUADRO 2
FUENTE: Win Americas
El pasado 12 de setiembre, el Gobierno publicó el Decreto Legislativo 1410, el cual incorpora los delitos de chantaje sexual, acoso sexual y difusión de imágenes audiovisuales o audios con contenido sexual en nuestro código penal. Hace poco, esta práctica era catalogada solo como una “falta”. El delito de acoso sexual actualmente tiene una pena no menor de 2 ni mayor de 5 años, así como determinadas agravantes: (i) que la víctima padezca una discapacidad, (ii) que sea una mujer en estado de gestación, (iii) que se trate de una persona adulto mayor; (iv) o que el agresor acose a su víctima en el contexto de una relación laboral o educativa, entre otros, para las cuales, la pena no será menor de 3 ni mayor a 8 años.
En el Perú, el número de mujeres que afirma haber sufrido acoso sexual en el último año asciende al 41%. Es por ello que consideramos fue correcta la tipificación de esta práctica.
CUADRO 3
FUENTE: Win Americas
El presidente Martín Vizcarra, en su anuncio de la línea gratuita 1918 enfatizó su compromiso en reducir los índices del maltrato hacia la mujer, razón por lo cual designará un mayor presupuesto a los Ministerios de la Mujer y al Ministerio de Trabajo; sin embargo, si bien esta iniciativa y compromiso del mandatario resulta gratificante en la lucha contra la erradicación de la violencia de género, las cifras visualizadas en el cuadro 2, determinan que la educación cumple un rol fundamental en la misma.
No se puede descuidar el Ministerio de Educación como uno de los focos centrales en los cuales el gobierno debe trabajar de manera ardua y constante. Solo con una educación de calidad, en la que los docentes estén lo suficientemente calificados para abordar estos temas en un salón de clases, en la que los estudiantes cuenten con inmediaciones en perfecto estado y con los materiales educativos correctos, se podrá erradicar poco a poco la violencia de género.
Imagen obtenida de: https://goo.gl/RpXkbF
[1] En: https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=33
