Gonzalo Alcalde (*)

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción global que fue aprobado en 2015 por los 193 países miembros de las Naciones Unidas. Entre 2023 y 2024, las autoridades de estos países, incluyendo el Perú, han reafirmado la vigencia de este ambicioso marco como hoja de ruta compartida en tiempos turbulentos. 

Aunque desde un inicio el plan de acción fue objeto de diversas críticas, recientemente ha cobrado particular visibilidad una línea de críticas basadas en desinformación acerca de la naturaleza de la Agenda 2030. En este texto se recuerda brevemente las críticas iniciales y se menciona a tres de los principales planteamientos críticos recientes de figuras como el presidente argentino Milei y algunos políticos ultraconservadores peruanos. Sobre estos últimos, se muestra cómo están basados en falsedades que son fácilmente refutadas con información disponible en línea.

El origen de la Agenda 2030

Allá por el lejano año 2015, la aprobación de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcó un hito sin precedentes para la cooperación internacional y el desarrollo. Sobre la base de marcos globales anteriores acerca de desarrollo sostenible y desarrollo humano, así como referentes fundamentales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, por primera vez se contaba con un plan de acción para abordar coordinadamente los problemas prioritarios del planeta que fue asumido por todos los países miembros de la ONU. 

La Agenda 2030 no sólo establecía metas para los países más pobres, sino para todos, y además del marco de resultados de los ODS, proponía también con una visión de largo plazo, un proceso de seguimiento y evaluación, y pautas acerca de los medios de implementación. Todo ello se encuentra resumido en el documento fundacional Transformar nuestro mundo, que puede revisarse libremente en línea.

Críticas desde su concepción

A pesar del entusiasmo que generó en muchos círculos este nuevo marco transformador y basado en derechos, la Agenda 2030 también recibió agudas críticas desde su concepción. Estas críticas en varios casos eran fuertes y coherentes, y planteaban desafíos significativos para el fortalecimiento de la agenda.

Desde un lado que podríamos denominar “la derecha” global, se habló de la sobreestimación del impacto del papel de los gobiernos y el planeamiento oficial. Asimismo, de una exagerada atribución de posibles impactos positivos al efecto de los objetivos globales en los países, donde lo que finalmente prima son las políticas y mercados nacionales. Desde esta perspectiva, algunos actores retrataron a la Agenda 2030 como declaración de principios sin mayor sustento en la realidad, como ideales nobles presentados como metas. La concreción era considerada prácticamente imposible ante la falta de compromisos para canalizar nuevos recursos de Ayuda Oficial al Desarrollo o privados que permitiesen cubrir una brecha anual estimada ya entonces en no menos de US$3 billones. En este sentido, la revista británica The Economist llamó a los ODS “peores que inútiles“ en 2015.

Por su parte, desde otro lado que podríamos llamar “la izquierda” global, se resaltó la ausencia de análisis y lineamientos sobre las relaciones de poder desiguales y otros aspectos estructurales en el nivel global y nacional que a lo largo de la historia produjeron, y hacen persistir, las brechas y privaciones socioeconómicas. Sin ellos y una clara estrategia política, se afirmó, no es posible un cambio significativo ni permanente. Incluso desde un actor internacional moderado como Cáritas, la confederación de organizaciones humanitarias católicas, se reconocía en 2015 que los “ODS no ofrecen la respuesta a todos los problemas ni abordan cuestiones estructurales importantes”.

Además, desde diversas posiciones se señalaba que, a pesar del importante logro que representaba haber alcanzado un consenso sobre los grandes problemas y objetivos de desarrollo, había varios aspectos en el marco que no se podían medir adecuadamente, y muchos extrañaban el enfoque en pocas grandes prioridades y asuntos medibles que habían tenido los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015). Finalmente, también podemos encontrar otras críticas profundas que cuestionaban el concepto mismo de desarrollo sostenible que es la base de la Agenda 2030. Desde perspectivas como la del decrecimiento, no es posible seguir alentando crecimiento y a la vez lograr sostenibilidad ambiental y bienestar social, tal como plantean los ODS.

Retrocesos y reafirmación del compromiso con los ODS

Sumándose a las críticas que acompañaron el lanzamiento de la Agenda 2030, también es motivo válido de pesimismo hoy el poco avance registrado en los objetivos y metas, habiendo transcurrido más de la mitad del período 2016-2030. Incluso antes de la pandemia, tras cuatro años de implementación, el primer balance del marco pudo constatar en 2019 que no se estaba avanzando al paso requerido, y que algunos problemas críticos como el hambre incluso estaban aumentando.

Los retrocesos ocasionados por la pandemia fueron enormes. Según el Informe de desarrollo sostenible 2021 de la ONU, cerca de 120 millones de personas cayeron en la pobreza en 2020 y se perdió el equivalente a 255 millones de puestos de trabajo a tiempo completo, mientras que el número de personas que padecía hambre habría aumentado a 132 millones.  

En 2024, habiéndose cumplido el segundo ciclo de implementación de la Agenda, se estima que solo 17% de las 169 metas parecen encaminadas a ser alcanzadas en el año 2030. Áreas clave como cambio climático, desigualdad y paz han experimentado estancamiento o regresión, en gran medida debido a los efectos persistentes de la pandemia, y los conflictos en Ucrania y Medio Oriente.

Una nueva ola de desinformación

No obstante las críticas desde su origen y los escasos avances a la fecha, en septiembre de 2023 se reafirmó en la ONU el compromiso de los países con el logro de la Agenda 2030, y en 2024 se acordó el Pacto por el Futuro. Este pacto busca acelerar el progreso hacia el logro de los ODS, para lo cual plantea transformar las estructuras de gobernanza global para apoyar de mejor manera la implementación de los ODS, abordando desafíos como la desigualdad, el cambio climático y los desequilibrios financieros.

Esta reciente reafirmación de la Agenda 2030 como hoja de ruta compartida en tiempos difíciles ha venido acompañada, sin embargo, del fortalecimiento de un nuevo tipo de críticas. Estas se basan en una supuesta amenaza a la soberanía de los países por parte de la ONU, además de hacer hincapié en elementos de los ODS que habrían sido impuestos a pesar de ser contrarios a los valores tradicionales de pueblos que, según ellos, nunca fueron consultados. 

Un ejemplo muy visible de esta línea de críticas es el reciente discurso del presidente argentino, Javier Milei, en la Asamblea General de septiembre. Ahí describió a la Agenda 2030 y el Pacto por el Futuro como esfuerzos por imponer una gobernanza supranacional de estilo socialista a los Estados miembros. Sostuvo también que la ONU se había desviado de su propósito original de promover la paz y se había convertido en un actor poderoso que dicta cómo deben vivir las naciones y los ciudadanos. En el Perú, el Concejo Metropolitano de Lima se alineó con este tipo de discurso y expresó en un pronunciamiento su rechazo a los ODS planteados en la Agenda 2030, así como pidió al Ejecutivo desvincular al Perú del Pacto por el Futuro.

Desbaratar la desinformación

Estas críticas recientes han sido difundidas sin mayor cuestionamiento por diversos actores en redes sociales a pesar de que—a diferencia de varias críticas iniciales que ya fueron mencionadas—se basan en afirmaciones sin fundamento, como se expone a continuación.

El primer mito que viene difundiéndose en estos días se refiere a la soberanía nacional, aduciendo (como lo hizo Milei en la ONU) que hay un elemento obligatorio de la Agenda o el Pacto que prima sobre las normas nacionales. Esto es totalmente falso: la implementación de la Agenda 2030 siempre fue explícitamente voluntaria, incluyendo sus elementos de reporte y seguimiento, como el tercer Informe Nacional Voluntario que el Perú presentó este año. 

Los acuerdos legalmente vinculantes son aquellos que los Estados ratifican formalmente, y deben cumplir con las disposiciones de estos o ser sujetos a sanciones o medidas correctivas en caso de incumplimiento. Por ejemplo, los cuatro tratados que constituyen los Convenios de Ginebra son acuerdos vinculantes que establecen las normas para el trato humanitario en la guerra. La Agenda 2030 y los ODS, por el contrario, no son tratados sino marcos basados en resoluciones de la Asamblea General de ONU que por definición no son vinculantes, y cuyo carácter voluntario es mencionado en el documento mismo de la resolución A/RES/70/1.

Un segundo mito es que la Agenda 2030 y los ODS, o el Pacto por el Futuro, son imposiciones de una organización ajena a los países mismos y sus gobiernos. Esto también es totalmente falso. Si bien el Sistema de Naciones Unidas tiene un conjunto de agencias, fondos y programas que apoyan la formulación e implementación de este marco global, su contenido representa un acuerdo colectivo que fue negociado por los representantes de los países en el marco de la Asamblea General miembros a partir de 2012. 

En este sentido, es clave entender que es imposible que haya una agenda “globalista” oculta ya que los objetivos y metas—de por sí ya diseñados sobre la base de acuerdos existentes sobre desarrollo y derechos humanos—tuvieron que ser considerados y analizados oportunamente por representantes oficiales de países tan diversos en sus culturas e ideologías como China, Rusia, Estados Unidos, los países árabes, y por supuesto, los latinoamericanos y el Perú, entre muchos otros. Justamente por esto, y la necesidad de alcanzar consensos, es que ciertos conceptos políticamente debatidos como “democracia” finalmente no se encuentran entre los objetivos y metas. Los gobiernos de estos diversos países son los que aprobaron la Agenda 2030 en la Asamblea General. Como se mencionó líneas arriba, las resoluciones como la que aprobó la Agenda 2030 no son legalmente vinculantes, sólo tienen un peso moral y político. 

Finalmente, en línea con los anteriores mitos, diversas figuras señalan que la Agenda 2030 no fue consultada con los ciudadanos y pueblos del mundo y es por ello una imposición injustificada. Por el contrario, ante las críticas a marcos anteriores que fueron diseñados por autoridades y expertos, se cumplió desde ONU con hacer un proceso más inclusivo (“La Conversación Global”), iniciado en 2012, para la definición de lo que fue llamado entonces la “Agenda Post-2015“. Esto incluyó no sólo espacios de alto nivel conformados por expertos y autoridades, sino también dos rondas de consultas nacionales, y una serie de consultas globales. En particular, entre 2012 y 2013 se realizaron consultas participativas en más de 80 países, incluyendo al Perú, donde se realizaron más de 60 talleres alrededor del país en esos años, organizados por el gobierno nacional y la ONU. Más aún, en la segunda ronda de consultas, sobre medios de implementación de la nueva agenda en 2014-2015, el Perú lideró la ronda de consultas especializadas sobre seguimiento y rendición de cuentas.

En conclusión, si bien es perfectamente comprensible y válido que algunos sectores de la sociedad no vean sus valores reflejados en la Agenda 2030 y los ODS y por ello los rechacen, no es válido atacar este acuerdo públicamente sobre la base de supuestas amenazas a la soberanía o imposiciones no consultadas a los países que sólo existen en su imaginación.

(*)  Profesor de la sección de Ciencia Política del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP. Cuenta con un PhD en Políticas Públicas (University of Texas-Austin, 2009) y 25 años de experiencia en investigación, docencia y trabajo aplicado en cooperación internacional, ONG, academia y sector público. Su experiencia más reciente (2018-2023) incluye desempeñarse como funcionario nacional senior en ONU Perú y como asesor ministerial en el MIDIS. Sus principales temas de interés incluyen la descentralización del Estado, la dimensión internacional de las políticas públicas, política social y los procesos participativos de políticas y planeamiento para el desarrollo sostenible.