Escrito por Gustavo Zambrano (*)
En abril de 2025, representantes indígenas de Sudamérica se alzaron en el Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas para denunciar el avance de la deforestación, el narcotráfico y la minería ilegal sobre los territorios de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI). De los 188 registros existentes, solo 60 están reconocidos oficialmente por los Estados, lo que deja a 128 comunidades PIACI “invisibles” ante el derecho internacional y nacional (Mongabay,2025, Survival, 2024).
A pesar de los avances conseguidos en nuestra región, la situación puede volverse crítica si no se toman otro tipo de acciones. Colombia acaba de crear una reserva de más de 1 millón de has para proteger las condiciones de vida de los Yurí‑Passé en la Amazonía, entre los ríos Caquetá y Putumayo, pero la falta de financiamiento y planeamiento efectivo amenaza con socavar la supervisión y los patrullajes. Venezuela,
pese a que ONG y estudios de campo confirman la presencia de al menos cuatro pueblos en aislamiento (jotï, uwottüja, yanomami y otros), no existe un reconocimiento constitucional ni protocolos formales de no contacto, dejando sus derechos en un limbo legal que facilita incursiones mineras y de narcotráfico. Brasil por su parte, cuenta con iniciativas de la Fundación Nacional del Indio FUNAI para patrullajes y supervisión de territorios amazónicos, pero la demarcación definitiva de territorios indígenas como el de los Kawahiva del Río Pardose retrasa una y otra vez pese a sentencias de la Corte Suprema, manteniendo a la comunidad en riesgo de invasiones ilegales y un etnocidio silencioso.
En el Perú, más de 7,500 personas pertenecientes a PIACI (5,200 en aislamiento total y 2,250 en contacto inicial) habitan ocho reservas oficiales que cubren más de 4,5 millones de hectáreas en los departamentos Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Huánuco y Cusco. Sin embargo, la coexistencia de actividades extractivas ilegales y narcotráfico dentro de estas áreas ha disparado el riesgo de encuentros forzados y
contagios masivos. Por ejemplo, un informe conjunto de AIDESEP, Amazon Watch y el Instituto del Bien Común documenta que más de 270 comunidades indígenas en la Amazonía peruana están hoy amenazadas por rutas de narcotráfico que atraviesan sus territorios, con al
menos 30 líderes asesinados entre 2020 y 2025. Esta situación no es para nada ajena a la situación de los territorios PIACI. El informe Situación de los defensores indígenas en Ucayali 2024 evidencia esta situación crítica en esta región del país, resaltando la presencia de actividades ilegales cerca y dentro de reservas indígenas para PIACI. Por ejemplo, en la Reserva Murunahua (Ucayali), la deforestación ilegal creció un 17 % en los últimos tres años, mientras se abren pistas aéreas clandestinas para la cocaína (Mongabay, 2024) Pero el tema no acaba ahí. Más del 60 % de la Amazonía peruana ha sido adjudicada en concesiones forestales para explotación maderera, muchas de las cuales se solapan directamente con los límites de las reservas PIACI.
Esta superposición facilita el acceso de empresas madereras y de traficantes de madera a zonas remotas, acelerando la deforestación selectiva y la apertura de caminos clandestinos que ponen en riesgo el aislamiento voluntario de estos pueblos y aumentan la probabilidad de encuentros forzados y contagios. No estamos en contra de la actividad forestal. Pero hacerla sin considerar que estamos en territorios PIACI puede significar una grave amenaza a las condiciones de vida de estos pueblos. Estudios de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU destacan que una sola epidemia de gripe o neumonía puede diezmar hasta el 50 % de una población aislada, como ya ha ocurrido entre los Nahua tras brotes de diarrea y neumonía, a lo largo de la historia de contactos que han vivido.
Sin embargo, a pesar de la gravedad de la situación, las respuestas formales resultan altamente insuficientes. ¿Qué se puede hacer para generar los primeros pasos hacia cambios reales? Perú cuenta con el Régimen Especial Transectorial. Pero este debe ser entendido como
un marco de obligatorio cumplimiento para todos los sectores y niveles de gobierno involucrados. No se puede garantizar las condiciones de vida de los PIACI y la gestión de sus territorios, creyendo que este es un tema solo del sector Cultura. Son varios los sectores obligados a proteger a estos pueblos, a pesar de sus resistencias. Sobre este punto, los discursos que los niegan e invisibilizan deben ser combatidos con evidencia. La realidad es que existen. Negarlo es peligroso cuando las pruebas son contundentes. Pero se requiere mayor trabajo de difusión efectiva de esta realidad. Lo anterior debe resaltarse, ya que si bien es cierto debe continuarse con el trabajo de categorización de reservas indígenas, las limitaciones presentadas no permiten avances reales y técnicos. Esta no puede ser solo una bandera de organizaciones indígenas y personas comprometidas, sino una verdadera política estatal.
El monitoreo en territorio es fundamental. Ello exige trabajar tanto con organizaciones indígenas como con comunidades nativas cercanas a las reservas. Ante la falta de recursos y personal, el trabajo colaborativo con pueblos indígenas permite construir alianzas de protección a manera de cordones vivos. Esto puede ir desde desarrollar brigadas móviles de salud intercultural, capacitaciones a actores locales en no
contacto, evaluación de riesgos y sistemas de alertas tempranas, implementación de campañas preventivas, patrullajes conjuntos, entre otras prácticas. Todo lo anterior sin embargo exige, y de manera urgente, un cambio en el modelo de gestión de las reservas indígenas. Como lo mencioné años atrás, y lo sigo sosteniendo, es necesario pensar en un aparato administrativo capaz de responder de manera operativa y con mirada de gestión territorial descentraliza a la realidad PIACI. El modelo actual es altamente insuficiente a pesar de los tremendos esfuerzos que se hacen. No es un tema solo de personal o recursos, los cuales siempre se requieren, sino de estructura que le permita operar.
Se puede incrementar el presupuesto, que garanticen recursos permanentes para patrullaje, salud y defensa jurídica. Se pueden impulsar corredores territoriales transfronterizos, como propone la ONU, y hacer cumplir el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en coordinación con la OTCA y la UNIVAJA.
Se puede incluso tener a personas comprometidas en lograr que las reservas sean creadas y se tengan todos los instrumentos y herramientas que se requieren. Pero mientras este modelo de gestión permanezca, no podrá responder a la protección de los PIACI. Se exige una mirada de gestión del territorio amazónico donde hay PIACI, de manera operativa, práctica, y alejada de intenciones políticas, capaz de responder con fuerza ante los imbates negacionistas. Proteger la vida y la integridad cultural de los PIACI es un compromiso ético. América Latina, y el Perú en particular, debe cerrar la brecha entre normas y hechos, garantizando que quienes optan por mantenerse en aislamiento voluntario lo hagan en condiciones de respeto y seguridad. Solo así podremos honrar la riqueza cultural de la Amazonía y cumplir con nuestros más elementales deberes de humanidad.
This is the way.
