Desde las primeras horas del domingo 13 del presente mes, se empezaron a hacer públicas las noticias sobre la inundación que se produjo en determinadas zonas del distrito limeño de San Juan de Lurigancho, situación ante la cual se han visto afectados una gran cantidad de personas debido a la generación de focos infecciosos y la afectación de los predios. ¿Qué fue lo que ha ocurrido exactamente y qué instrumento jurídico se debe activar para proteger los intereses y los bienes de los vecinos damnificados por el aniego?
Contextualización del siniestro
Según se tiene entendido, el origen de la situación se debe a las distintas obstrucciones que ha sufrido la tubería matriz, la cual básicamente conecta todos los desagües de San Juan de Lurigancho; en ese sentido, la acumulación de residuos sólidos generó un colapso en dicha tubería y a raíz de eso se produjo el desborde de los mismos.
Asimismo, Sedapal afirma que además de la fisura provocada por los materiales sólidos de una inundación previa, lo más probable es que la tubería principal haya cargado con sobrepeso y eso hizo que cediera. Así la causa del daño de los ductos sería- según Francisco Quezada, representante de Sedapal- “es la presión o el peso que ejercería sobre esa parte del terreno la estación Pirámide del Sol, de la línea 1 del metro de Lima”[1].
Ante dicha situación, se han visto afectadas principalmente las cuadras 11 y 12 de la Av. Próceres de la Independencia, Los Jardines y el cruce entre la Av. Los Tusílagos y la calle los Hinojos. La cantidad de damnificados varía según las fuentes, pero se estima que hay alrededor de 1500 personas afectadas y unos 800 predios dañados.
A todo ello se suma el temor constante de la gente por el hecho de que les podrían robar sus pertenencias si es que salen hacia las zonas especiales designadas, por lo cual prefieren quedarse en sus viviendas, exponiéndose a contraer enfermedades.
Acciones tomadas hasta ahora por el gobierno y la población
Dada la magnitud del aniego, todo el aparato institucional se ha puesto en marcha, por lo cual es importante recalcar que, dentro de sus competencias, muchos de los ministerios se han puesto en marcha para frenar dicha situación.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el Ministerio de Salud (Minsa), el cual declaró a la zona en alerta sanitaria, al menos hasta que concluyan los trabajos de limpieza del agua residual, así como los trabajos de desinfección y epidemología, el cual se encuentra a cargo de la Dirección Regional de Salud Ambiental.
De la misma forma, se ha realizado el empadronamiento de tanto los afectados como de los predios por parte del Ministerio de Vivienda, aunque es probable que las cifras sigan aumentando ya que es un trabajo de mucho esfuerzo logístico.
A su vez, José Huerta, como ministro de Defensa afirmo que desplegarían parte de las fuerzas del ejército para ayudar con las labores de limpieza una vez que Sedapal pueda solucionar la fuga del desagüe.
Por último, cabe recalcar los esfuerzos por parte de la población la cual, incluso en medio del gran caos político y la marcha que tendrá lugar hoy en contra del Plan Nacional de Competitividad y Productividad Laboral, se ha organizado para formar puntos de acopio de alimentos para distribuir a los damnificados.
Responsabilidad civil de Sedapal
El caos que han provocado las inundaciones tiene definitivamente a alguien como responsable, y en este caso el encargado de realizar las reparaciones es Sedapal. ¿Qué clase de responsabilidad posee Sedapal y qué labores ha concluido hasta ahora?
En lo que respecta a la contención actual de la problemática, Sedapal ya ha iniciado las labores de saneamiento y expulsión de las aguas residuales que se encuentran en medio de las calles. También tienen el deber de realizar la limpieza dentro de los mismos hogares en conjunto con los demás ministerio encargados; ello en tanto que hay que recordar que el rebalse de las aguas no solo se dio en las calles, sino que las tuberías ubicadas dentro de los hogares, así como las bañeras y los inodoros colapsaron igualmente, por lo cual el trabajo de limpieza se tiene que realizar tanto interna como externamente.
De la misma forma, con la ayuda de la aseguradora Mapfre, ya se empezó a contabilizar en cifras el daño de las viviendas en las que ya se succionó el agua. ¿Por qué se realiza esto? Pues desde una perspectiva de la responsabilidad civil extracontractual que posee Sedapal frente al siniestro, se debe entender que para poder realizar las indemnizaciones correspondiente al vulnerado se tiene que realizar un inventario de tanto de los daños de la propiedad, como de los bienes, así como también cubrir la alimentación, el tratamiento médico, el hospedaje y el traslado.
Ante esto, el gerente de la empresa de Sedapal, Michael Vega señaló que “la empresa aseguradora tendrá que ingresar vivienda por vivienda, se hará un inventario de todos los daños. Todo ese proceso puede tomar entre tres o cuatro días”[2].
El real problema con esto es que el monto que la aseguradora puede cubrir por todos los daños solamente asciende a la suma de S./ 10 millones. ¿Qué sucederá si es que el justiprecio realizado excede dicha suma? Pues en esa situación entonces le queda a la empresa misma asumir todos los gastos que su error implica. Todo el proceso de entrega de la indemnización puede tomar hasta unas cuatro semanas aproximadamente.
Como consecuencia de lo acontecido, cabe señalar que, en caso que Sedapal lo señalase, la empresa “No podría alegar una causa no imputable a su competencia ni argumentar caso fortuito o fuerza mayor, porque es una situación que está bajo su cargo y bien se pudo controlar o prever para evitar este aniego y posterior desastre”[3]. Ello nos da a entender que la situación del desperdicio de los residuos que generaron la fisura, e incluso la presión que ejercía la estación del metro de Lima sobre la tubería matriz era previsible. Por todo ello, desde el ámbito administrativo, la responsabilidad del siniestro encaja por completo dentro de las competencias de la persona jurídica, por lo cual tiene que hacerse cargo de todos los gastos.
¿Qué salidas existen si es que una familia no está de acuerdo con el monto justipreciado acordado? En ese escenario existen tres soluciones: dos de carácter administrativo y uno directamente procesal. Según Vega, la primera consistiría en recurrir a la Defensoría del Asegurado de la Apeseg; en segundo lugar, se puede presentar una queja por el monto ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y; por último, se puede iniciar una demanda directa en el Poder Judicial.
Imagen obtenida de: https://bit.ly/2RNvGvC
[1] https://elcomercio.pe/lima/sucesos/sedapal-san-juan-lurigancho-origen-aniego-acciones-tomadas-hoy-noticia-597605
[2] https://gestion.pe/economia/recibiran-indemnizaciones-seguro-sedapal-afectados-aniego-sjl-nndc-255698
[3] https://legis.pe/interes-difuso-debe-activarse-proposito-emergencia-san-juan-lurigancho-aniego-aguas-servidas/
[4] Sagástegui Urteaga, Pedro, Código Procesal Civil, exégesis y sistemática, Lima, Grijley, 2005
[5]http://blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerdpc/2013/08/22/el-interes-difuso/
[6] Morales Godo, Juan, Instituciones de derecho procesal, Lima, Palestra Editores, 2005
[7] http://www.diarioconstitucional.cl/noticias/actualidad-legislativa/2019/01/07/mocion-pretende-reformar-procedimiento-especial-para-proteccion-del-interes-colectivo-o-difuso-de-los-consumidores/
