La interpretación en materia penal a la luz del debate iusfilosófico actual

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Elaborado por Allen Martí Flores Zerpa***

La interpretación, como objeto de estudio, ha interesado mucho más a la filosofía del derecho que al Derecho Penal; sin embargo, ello no quita la pertinencia para que se extraigan consecuencias a partir del debate iusfilosófico en pro de una mejor descripción, conceptualización o —mucho más común en el Derecho Penal— elaboración dogmática. De tal modo, aquí se pretende generar un diálogo entre lo desarrollado en la Filosofía del Derecho y el Derecho Penal.

De tal modo, será aceptado aquí que la interpretación implica otorgar significado a un texto, ya sea al término aisladamente o a la conjunción de ellos. Aunque con mayor precisión podrá decirse —con Wittgenstein— que interpretar implica reemplazar un término por otros. Así, por ejemplo, dado el término X, concurrente en una formulación jurídica, es lo mismo que Y, por tanto, se tendrá —siempre que se interprete— la premisa siguiente: “X significa Y”, a esta premisa la denominaremos premisa interpretativa.

Dada la premisa interpretativa, puede consultarse si cabe valorarla en términos de verdad o falsedad. Aquí se halla el meollo de la discusión en la filosofía del derecho, pues podemos identificar a quienes consideran que tal premisa no puede ser valorada como verdadera o falsa (escépticos), ya que el intérprete es quien atribuye significado, por tanto crea derecho; otros que afirman tal posibilidad (cognitivistas), porque la interpretación puede consistir en identificar el significado previamente dado; y quienes consideran que a veces sí otras veces no se puede predicar verdad de la premisa normativa(mixta), ello generalmente con base a que se pueda identificar casos claros o difíciles.

Expuestos de manera muy resumida los argumentos de estos puntos de vista doctrinarios, es necesario tomar postura al respecto. En principio, en cuanto al escepticismo habrá que consultar de manera negativa ¿Por qué matar no podría significar lo mismo que apropiarse? (a efectos de los tipos penales de homicidio y apropiación indebida). Así, si bien el intérprete es quien determina el significado de un término, esta actividad tiene ciertos límites, los cuales se determinan por un conjunto de significados que le son familiares al hablante. Esta última afirmación nos facilita frente a las otras dos posturas, ya que se hacen expresos dos cuestiones relevantes: la vaguedad y ambigüedad del lenguaje y, de otro lado, las convenciones que establecen los hablantes.

La vaguedad y ambigüedad son características sintomáticas del lenguaje, podríamos decir que una y/u otra son recurrentes a cada término. Esa es la razón de la existencia de los denominados casos fáciles y difíciles, en el entendido de que los fáciles implican la verificación de ciertas propiedades previamente establecidas respecto a un término, mientras que en los casos difíciles no se hallarían o es complicado identificar tales características. Por tanto, aquí no se niega la existencia de casos con tales características; sin embargo, identificarlos requiere que el intérprete señale —de antemano— esas características o propiedades del término, es decir que él interprete previamente el término para luego evaluar si se halla ante un caso de una y otra categoría.

Asimismo, es necesario mencionar que por más que se acepte que el lenguaje posee vaguedad y ambigüedad, es evidente que sí se pueden identificar cierto tipo de propiedades comunes. Estas propiedades de los términos son muchas veces dependientes a la convencionalidad de los hablantes, ya que el lenguaje ante todo es social y, por ende, dependiente de los usuarios. En tal medida, son relevantes las convenciones de hablantes expertos y no expertos para determinar las convenciones entre los usos, ello en el entendido que estos pueden tener relevancia en unos y otros contextos, pero no siempre podría hallarse esas convenciones.

Así, respecto a la premisa interpretativa podríamos afirmar que ella depende de las convenciones entre los usos del término a interpretar. Asimismo, identificar esas convenciones son dependientes de que se señale su existencia o no. Por tanto, es plausible una postura intermedia que comprenda que a veces podrá señalarse la verdad de la existencia de aquella convención o convenciones (ambigüedad) y otras veces que no sea posible al tratarse de un término extremadamente vago.

Sin embargo, por más que se haya realizado la anterior aclaración, cae como necesaria hacer la distinción entre la interpretación y la aplicación de una ley. Esto se justificará por la misma distinción que se haga de ellas.

Así, la aplicación de la ley necesariamente es dependiente de la existencia de cierto contexto regulado, en el que no solo el aplicador tiene la exclusiva potestad de realizarlo, sino que todo el proceso de adecuación de una conducta —por ejemplo— a una ley es dependiente de determinado tipo de reglas que hacen que aquel acto se vea justificado y necesariamente revestido de validez.

Por ello, mientras que la interpretación es la “mera” otorgación de significado realizado por cualquier hablante y dependiente de las reglas sobre el significado, la aplicación solo está reservada para determinados sujetos y es necesario el cumplimiento de reglas que determinan su validez. Por tal motivo, sobre la aplicación de una ley sí podríamos hacer un examen, no de verdad o falsedad, sino de corrección ya que este acto es ante todo uno institucional.

En cuanto al derecho penal, las consideraciones en cuanto a la interpretación históricamente no han variado mucho y por lo general el concepto es conjuntamente analizado con la legalidad penal y en específico para diferenciarlo de la analogía — tal como lo hacen Santiago Mir, Roxin o Zaffaroni— o para distinguirlo de las pretensiones becarianas o similares que afirmaban que el juez era boca de la ley. Algunas otras veces es tomado este concepto como una de las funciones de la dogmática — como lo hace Villavicencio Terreros— en pro de determinar el sentido “verdadero” de las leyes penales y otras —como lo hace Jakobs o García Cavero— se conceptualiza como un razonamiento analógico.

Así, puede afirmarse que este concepto es analizado aisladamente y es comúnmente revisado a la hora de establecer los límites impuestos por la legalidad penal. Por tal motivo, puede afirmarse que, por ejemplo, los conceptos antes distinguidos entre interpretación y aplicación no son tomados en cuenta y, por el contrario, se halla una confusión.

Asimismo, se soslaya que la dogmática, como actividad doctrinal que implica la abstracción de los conceptos jurídicos para brindar herramientas al juzgador es un modo más de interpretar, probablemente similar —dependiendo de las construcciones dogmáticas más o menos abstractas— a lo que clásicamente se ha denominado como interpretación teleológica.  En adición, es relevante que haya concepciones dogmáticas que consideran que ante la duda siempre será relevante el lenguaje experto que el lenguaje ordinario.

Al respecto, nuestro interés se enfoca en la relevancia que tienen estas reglas que determinan la corrección de la aplicación de las leyes penales respecto a un caso. Ello nos lleva necesariamente a acudir a la noción de regla de competencia (ello al margen de la diversidad de nombres que se le ha dado a este tipo de reglas) cuyas características implican que se otorgue cierta potestad a determinados sujetos, no son prescriptivos —aunque sí pueden ser considerados como pautas— y que constituyen actos, teniendo como consecuencia que la su inobservancia hace invalido o nulo el acto realizado.

En tal sentido, las reglas sobre la legalidad penal serán consideradas aquí como reglas de competencia que necesariamente deben ser observadas por el aplicador. Así, se tiene por ejemplo a la regla según la cual solo es válida la aplicación literal de la ley penal (lex stricta), entendiendo aquí a la literalidad como actividad de establecer el marco de posibles significados del término con base al uso de hablantes expertos y no expertos, la relevancia de uno u otro tipo de significado determinado por hablantes será siempre delimitado en razón de la favorabilidad que este juicio implique para el sujeto imputado.

Sin embargo, con ello no se agota la aplicación, pues como ha de deducirse, la literalidad no fija un único significado. Por el contrario, solo fija el marco de posibles significados que se le puede dar al término. La elección de alguno de ellos dependerá de otra clase de argumentos, que pueden ser de tipo, histórico, sistemático, teleológico, doctrinal, etc.

Pero lo que interesa aquí es resaltar que esta regla de legalidad es una regla semántica de clausura, que generalmente está positivizada en los códigos penales y textos constitucionales, con la cual no se proscribe una conducta para el aplicador solamente se le indica en qué términos es válido el ejercicio de la potestad de sancionar que se ha irrogado le ha irrogado. Por lo cual, no podría considerársela como un “límite de contención al ius puniendi”.

Todo lo contrario, la potestad de sancionar que tiene el estado y los órganos a quienes se ha dejado esta labor solamente es válida si se cumplen las reglas de competencia, en este caso las de la legalidad penal.

Por tal motivo no son estas reglas otra cosa más que la expresión del mismo ius puniendi, aplicar de otro modo la ley penal hace nula todo ejercicio estatal del poder para castigar.

Finalmente, la dogmática penal alemana ha desarrollado en los últimos 40 años la teoría de la imputación objetiva, cuya mayor novedad fue hacer explícita la diferencia entre el discurso descriptivo del normativo de hechos relevantes a efectos de los tipos penales.

La fórmula original pretendía, mediante un método inductivo y apelando al criterio del riesgo permitido y prohibido, distinguir cuándo era o no factible atribuir (imputar) un resultado a una acción realizada por alguien. Las consideraciones actuales y por ende dominantes (al menos en la jurisprudencia peruana) se inspiran en una construcción dogmática distinta, al mando del funcionalismo inspirado en la sociología de Luhman, con un método deductivo y en el seno del cual se conceptualiza al riesgo permitido/prohibido a partir consideraciones sobre expectativas normativas, deberes generales y especiales inspirados en otros sistemas normativos distintos al penal y una consideración privilegiada al lenguaje especializado.

A efectos prácticos se ha dado, por ejemplo, sentencias aplicando tales consideraciones. De tal modo, es relevante la casación 725-2018-JUNIN en la cual se dice que la madre que no impidió la violación de su hija responde como autora del delito de violación sexual. Ello en razón de la existencia de un deber extrapenal que le obligaba a protegerla. Así, se considera plausible sancionar la madre con el título de imputación ya señalado, ya que ella cometió el delito en comisión por omisión. Al respecto, hay que hacer mención que la comisión por omisión, al margen de la construcción dogmática de la cual se parta para sustentarla y siempre que se pretenda aplicarla, podrá ser corregible mediante la regla de legalidad semántica.

En el caso comentado, se denota una contradicción entre los hablantes no expertos en el lenguaje natural y el lenguaje especializado de la dogmática de dirección funcionalista para entender el significado del término “violar sexualmente”, pero aun así se entendiese que ambos significados coexisten, se privilegiará el lenguaje especializado siempre que con ello se obtenga un bien para el imputado. Además, si tenemos a las reglas de conducta como razones para la acción es difícil considerar que la imputada pueda haberse representado que con su omisión haya estado cometiendo (como autora) la regla de conducta que prohíbe cometer actos que impliquen el daño a la libertad sexual de otra persona.

Por tales razones, aquí consideramos que el tipo de interpretación que se pretende por las reglas de legalidad penal deben ser reflexionadas por la dogmática penal en pro de una preferencia por la satisfacción del sistema normativo que por la construcción dogmática con la cual se comulgue; asimismo, el límite semántico establecido por esta regla de competencia debe ser siempre tenido en cuenta a la hora aplicar las leyes penales.

** Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y asistente de cátedra de Derecho por la misma casa de estudios.

* El presente texto es la ponencia sustentada en el Foro 2 de las XXXIV Jornadas nacionales de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho llevada a cabo en noviembre de 2020.

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