Hoy 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en el mundo. La fecha es especialmente significativa en el Perú por varias razones, voy a señalar dos. Primero, tenemos más de 15 mil personas desparecidas y más de 4 mil sitios de entierro a causa del periodo de violencia que vivió el país entre 1980 y el 2000, según ha reconocido el Estado peruano a través del Ministerio Público (2012). La cifra es escandalosa en un país que se enorgullece de contar con un crecimiento económico sostenido y de ser considerado hoy un país de renta media. Sin embargo, junto con los cambios en el sistema político (transición a la democracia), todavía subsisten muchos de los problemas estructurales que provocan desigualdades y falta de oportunidades en el país, así se reproducen en lo cotidiano situaciones de violencia o discriminación.
La segunda razón que es reciente y profundamente simbólica, es que acaba de morir Angélica Mendoza de Ascarza (88), fundadora y ex presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), la primera organización de familiares que se creó justamente para buscar a las personas desaparecidas durante el conflicto armado interno. Escribo este texto, desde Huamanga, precisamente cuando se conmemoran 14 años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). El trabajo de la CVR estuvo orientado a esclarecer la verdad sobre el periodo del conflicto armado interno, reconocer y afirmar los derechos de las víctimas así como contribuir a superar las secuelas del conflicto armado interno, mediante reformas institucionales y garantías de no repetición. Justamente hoy, la muerte de Mama Angélica, como cariñosamente le llamaban los hijos y nietos de padres o madres desaparecidos, nos sorprende y nos compromete a seguir en su ruta de búsqueda de reconocimiento y de justicia para sus seres queridos.
En el Perú, aunque la problemática de desaparecidos lleva más de 30 años, la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas fue promulgada recién el 2016. Su objetivo prinicipal es promover la recuperación y restitución de restos de víctimas de la violencia política con un enfoque humanitario -un aporte de la problemática peruana al mundo-, es decir no esperar la resolución de los largos procesos judiciales para recién buscar, exhumar –si es el caso- y restituir los restos, sino poner por delante la necesidad de responder al dolor de las víctimas mediante una serie de herramientas y recursos que hoy proporciona la búsqueda de personas desaparecidas en todo el mundo, como identificarlos a partir de las prendas que usaban cuando desaparecieron. Esto supone un cambio de enfoque en el Ministerio de Justicia y la recién creada Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas para atender el derecho a saber de las víctimas. El enfoque humanitario que plantea la ley debe ser implementado en un proceso de diálogo que no agote esfuerzos para la búsqueda y la atención de las demandas de los familiares sobre sus seres queridos desaparecidos.
El Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, que visitó el país el año pasado, quedó conmovido ante la situación tan clamorosa como la desaparición de más de 15 mil peruanos no se haya convertido en un problema público, de interés nacional. Y es que paradójicamente, la situación de las personas desparecidas se ha invisbilizado durante más de 30 años. Se espera ahora que con la implementación de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del ministerio de Justicia y sus dos direcciones especializadas –una en registro e investigación forense y otra en acompañamiento psicosocial- la respuesta del Estado se haga efectiva tomando como eje la centralidad de los derechos de las víctimas.
Esta perspectiva de derechos ha sido comprendida –y aprendida- de forma temprana por las organizaciones de familiares y víctimas quienes han impulsado diversas iniciativas para fortalecer la búsqueda de las personas desaparecidas, no solo en las instancias judiciales sino también en los procesos de conmemoración como el seguido para la creación del Santuario de la Memoria La Hoyada, un terreno de más de 7 mil hectáreas ubicado al lado de lo que fue el cuartel Los Cabitos, Ayacucho, donde se estima que yacen los restos de decenas de desaparecidos. Han transcurrido más de 30 años y se han recuperado solo 109 restos, de los cuales solo 2 han sido identificados; para las mujeres de la ANFASEP, este lugar es sagrado, la tierra es sagrada: el resto de sus familiares yace ahí.
En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas recordar a Mama Angélica y la lucha de la ANFASEP no se convierte en un homenaje protocolar, es un deber ético y ciudadano sobre el que debemos seguir aportando.
Fuente de imagen: http://anfasep.org.pe/anfasep/
