Escrito por Andrea Trigoso[1]
Lo ocurrido en la semana de (des)gobierno de Merino de Lama es un indicador palpable de que el Perú necesita una reforma estructural a gritos en todos los sectores. El presidente Sagasti dijo bien en su discurso de juramentación que van a trabajar para recuperar la confianza ciudadana porque, en efecto, los ciudadanos ya no confiamos en las instituciones del Estado ni en nuestros representantes políticos, lo cual hace urgente y de alta prioridad un nuevo pacto social.
No hay fórmulas exactas para reparar esto, sin embargo, las medidas que la Justicia Transicional propone pueden brindar un derrotero por dónde empezar. La Justicia Transicional está pensada para periodos de transición después de un gobierno autoritario o de atrocidades a gran escala, incluyendo un momento de postconflicto, y está precisamente diseñada para la construcción de un nuevo pacto social, que recupere la confianza civil y que dé reconocimiento a las víctimas y al pasado que vulneró derechos humanos, teniendo como objetivo final la reconciliación y una democracia con un sólido Estado de Derecho.
El modelo universal de Justicia Transicional está basado en cuatro derechos: el derecho a la verdad, el derecho la justicia, el derecho a las reparaciones, y el derecho tener instituciones responsables que rindan cuentas y estén organizadas de manera tal que no permitan la repetición de ese pasado vulnerador de derechos humanos.
En el Perú, se han implementado algunas medidas de Justicia Transicional. Luego de la caída del régimen autoritario de Alberto Fujimori, se estableció una Comisión de la Verdad y Reconciliación, se iniciaron investigaciones penales y juicios sobre varios casos de violaciones masivas de derechos humanos (muchos todavía pendientes como esterilizaciones forzadas), la ley de búsqueda de desaparecidos (recién promulgada en el año 2016), y el reciente plan integral de reparaciones para las víctimas del conflicto armado.
Con estas medidas, se cubrieron en mayor medida tres de los cuatros derechos sobre los que se basa la justicia transicional, pero se dejó de lado lo relativo a la reforma institucional que garantiza la no repetición de este pasado antidemocrático y violación masiva de derechos humanos. No obstante, el escenario presentado con la vacancia presidencial, Merino y Flores – Aráoz, la brutalidad policial, y el vacío de poder entre la renuncia de Merino y la juramentación de Sagasti nos pone en frente una nueva ventana de oportunidad para terminar de diseñar un nuevo pacto social.
Este nuevo pacto social, además de reafirmar la justicia , verdad y reparación para quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos durante las protestas del “gobierno” de Merino, debería incluir una reforma constitucional que garantice los procesos de rendición de cuentas, la representación de todos los pueblos del Perú, una democracia participativa, mecanismos claros de pesos y contrapesos, la meritocracia en los procesos de evaluación y nombramiento de los funcionarios públicos, la realización y protección de los derechos humanos de manera integral e interseccional, entre otros.
Así mismo, la reforma institucional además de tener un aspecto estructural pasa también por la evaluación y depuración de los funcionarios públicos actuales, incluyendo a policías y militares. Este proceso de depuración no fue llevado a cabo después de la caída del régimen de Fujimori que solo cortó cabezas y no tomó en cuenta a quienes sirvieron como tuercas en el engranaje antidemocrático. No purgó las estructuras estatales y dejó funcionarios de mediano y bajo rango que sirvieron al régimen autoritario, y que eventualmente pasados los años se convirtieron en funcionarios de alto rango, capaces de ordenar según criterios que van contra los estándares de derechos humanos, ocasionando resultados como los del 14 de noviembre.
Es urgente este proceso de depuración que no implica necesariamente la destitución de funcionarios, pero si la identificación, la capacitación, el develamiento de la verdad sobre las órdenes y su rol en lo que sucedió este año y hace veinte años.
En suma, lo que sucedió la semana de la vacancia presidencial es un llamado de emergencia para fortalecer el Estado de Derecho, y una ventana de oportunidad para terminar con esa transición tibia que empezó hace veinte años establecer un nuevo pacto social que recupere la confianza ciudadana en las instituciones estatales y que esté a la altura de la calidad de ciudadanos que han demostrado ser la generación del bicentenario.
[1] Abogada PUCP, LLM en Justicia y Crimen Internacional y Máster en Justicia Transicional, Derechos Humanos y Estado de Derecho.
