Entrevista realizada por Cristina Valega al Dr. Sigfredo Florián sobre la resolución fiscal que archiva 2073 casos de mujeres que han denunciado haber sido esterilizadas en contra de su voluntad.
IUS 360°: ¿Puede explicarnos cómo ocurrieron las esterilizaciones forzadas en el gobierno del expresidente Fujimori?
A partir del segundo período del gobierno del expresidente Alberto Fujimori, el Estado Peruano asumió una nueva política de salud reproductiva donde se incluyó un programa de planificación familiar. Este desnaturalizaba lo que en un primer momento se había planteado, pues este Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar estableció como único método de planificación familiar la esterilización (vasectomía o ligadura de trompas). Además, ello se mezcló con graves elementos de coacción y amenaza a las mujeres para poder someterlas a las esterilizaciones.
A varias mujeres las obligaron a trasladarse desde sus comunidades a los centros de salud, a otras que iban a dar a luz a las postas las esterilizaban sin ni siquiera decirles. Incluso, en algunos casos las mujeres eran llevadas a la fuerza en ambulancias a los centros de salud y, al estas querer escaparse, las encerraban o amarraban a las camillas para que no pudieran salir. En otros casos, los médicos y enfermeros iban a los domicilios a captar a las mujeres y les ofrecían dinero o alimentos para que ellas pudieran aceptar la operación. Además, a las mujeres no se les realizaban exámenes preoperatorios e incluso se las abandonaba luego de la esterilización, generándoles secuelas.
Estos casos ocurrieron en varias zonas del país y, es a partir de esta política, que comienzan las denuncias de personas que habían sido esterilizadas contra su voluntad. Surgen también instituciones y organizaciones de las propias zonas que van denunciando aquellos hechos. Es también a inicios de los años 2000, que ocurre el caso emblemático de esterilización forzada seguida de muerte de la señora María Mamérita Mestanza. Este caso es el más emblemático porque involucró una intervención internacional, ya que este llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Es importante recalcar, además, que este Plan de Esterilizaciones vino de la alta esfera del Poder Ejecutivo, y se inició desde la Presidencia de la República. Esto se sabe por diferentes indicios, como por ejemplo, el tema de los cupos de mujeres esterilizadas que se les exigía a los médicos. Se exigían metas y, si los médicos no cumplían, eran retirados de sus puestos. También, a veces se les ofrecía a los médicos un dinero adicional cuando cumplían sus cuotas.
A la fecha, se calculan más de dos mil personas, entre hombres y mujeres, que habrían sido esterilizados contra su voluntad.
IUS 360°: En las investigaciones por los delitos de esterilizaciones forzadas, ¿qué cargos existían y contra quiénes?
Las personas que están investigadas en estos casos son aproximadamente treinta y una. Acá están incluidos los ministros durante el período del régimen fujimorista (Eduardo Yong Motta, Martino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga), algunos funcionarios del Ministerio de Salud de aquellas fechas, los médicos que operaron a María Mamérita Mestanza y que intervinieron luego de su deceso en el examen de necropsia, y algunas enfermeras y obstetricias de la misma. Los delitos por los que se han abierto las investigaciones son lesiones graves, lesiones graves derivadas en muerte; algunos otros por coacción, secuestro.
Sobre lo que queremos llamar la atención es que en esta investigación no estaba incluido el expresidente Alberto Fujimori. Este recién fue incluido el 25 de noviembre de 2013 en la investigación por violación a los derechos humanos y por una incorrecta tipificación como delito de lesa humanidad del Plan de Esterilizaciones. Esto porque el Plan en sí no es un delito, sino que el fiscal ni siquiera ha llevado jurídicamente correcto el caso en este extremo. Se le debió investigar por los delitos de lesiones graves y lesiones seguidas de muerte, los cuales pueden calificar como delito de lesa humanidad al haber sido una política sistemática. Además, vemos que antes de siquiera transcurrir dos meses de esta investigación al expresidente, se decidió el archivamiento del caso.
IUS 360°: ¿Qué significa el archivamiento de estos casos que ha realizado la Fiscalía?
La resolución de la fiscalía ha señalado el archivo de los casos en la parte que involucra al expresidente Fujimori, a los exministros y exfuncionarios. Esto significa que estos casos no serán judicializados; es decir, el fiscal considera que no hay indicios para que estos sean vistos y analizados por un juez. En el otro extremo, la fiscalía sí ha realizado acusación respecto del caso de María Mamérita Mestanza, pero únicamente respecto de los médicos involucrados en el mismo, es decir, la acusación contra estos últimos sí va a ser vista en juicio.
Lo grave de este archivamiento es que ya no se va juzgar las responsabilidades que tuvieron el expresidente, los exministros y los exfuncionarios en estos preocupantes delitos.
IUS 360°: En versión del fiscal, este señala que no había las pruebas suficientes para judicializar la investigación. ¿Considera usted que sí las hay?
Es fundamental señalar que estamos en una investigación fiscal y no en un juicio. Lo que se necesita en esta etapa son indicios razonables para abrir un proceso judicial, no pruebas incuestionables. Es recién en la etapa judicial donde deben contraponerse las pruebas y ya el juez decidirá si hubo responsabilidad penal o no en los acusados.
Nosotros alegamos que hay suficientes indicios para judicializar el caso: testimonios de las señoras, tres informes de la Defensoría del Pueblo documentados con denuncias concretas de personas que sufrieron esterilizaciones forzadas, informes de dos comisiones del Congreso de la República que investigaron el tema, fotos, videos y audios de cómo se llevaron a cabo estas esterilizaciones, trípticos y pancartas del Programa que se repartían señalando que el único método anticonceptivo era la esterilización, memorándums y resoluciones que en aquellas épocas se dieron.
Es decir, toda esta información la tenía el fiscal que evaluar en conjunto: hay ciento cuarenta tomos con la información acopiada en estos años y él no ha valorado de forma precisa y conjunta: no se ha pronunciado sobre todas las cuestiones.
IUS 360°: ¿Puede explicarnos las críticas fundamentales que le realizan de forma y fondo a la resolución fiscal que archiva los casos de esterilizaciones forzadas?
La crítica fundamental que tenemos es que el fiscal no ha realizado un verdadero análisis en la investigación y no se ha tomado el tiempo de revisar todas las evidencias. Un fiscal tiene el deber de motivar sus resoluciones; sin embargo, en este caso lo que apreciamos es que el fiscal simplemente presenta los hechos y, a través de generalidades, arriba a sus conclusiones. No ha realizado ninguna valoración de los testimonios que proporcionan los agraviados y esto es grave porque en aquellos se da cuenta de cómo las mujeres fueron captadas, coaccionadas, amenazadas y engañadas respecto de las esterilizaciones.
Inclusive, el fiscal no ha tenido claro los tipos penales en su investigación. Como mencioné anteriormente, al expresidente se le investigó por el Plan de Esterilizaciones como delito de lesa humanidad, cuando el Plan en sí no es el tipo, sino las lesiones graves y lesiones graves seguidas de muerte. Este es un error jurídico muy grave.
Otra crítica importante es que la fiscalía únicamente ha centrado su investigación en Cuzco, Cajamarca y Piura, dejando de investigar los otros casos que vienen de Ayacucho, Huancavelica, Iquitos, Loreto, entre muchos otros departamentos del Perú. No ha hecho ningún tipo de investigación en ese extremo y, sin embargo, archiva los casos. ¿Cómo se va a aceptar esto? Ni siquiera se han realizado las investigaciones respecto a los que serían los médicos que realizaron las esterilizaciones forzadas a las mujeres habitantes de las otras zonas.
Otra cuestión que también ya mencioné anteriormente es que al expresidente Alberto Fujimori recién se le incluyó en la investigación a fines de noviembre del año pasado. Es decir, sin ni siquiera haber transcurrido dos meses de investigación–y enfaticemos que esta es una investigación que involucra a más de dos mil personas-, se decide archivar los casos que se señala lo involucran. Es de criticar, asimismo, que a las partes no se nos notificó la inclusión del expresidente en el caso y esto debió haber ocurrido, pues estamos apersonados en la investigación.
Además, una vez incluido el expresidente en la investigación, no se realizó ninguna recopilación de nueva evidencia, salvo la declaración del mismo dos semanas antes de archivar el caso. Al ampliarse la investigación para incluirlo, debieron haberse realizado mayores investigaciones respecto de su responsabilidad.
IUS 360°: Se ha formalizado acusación contra los médicos que esterilizaron a María Mamérita Mestanza, quien luego también falleció. ¿Puede explicarnos por qué este caso ha sido tratado de forma diferente a los demás?
La señora María Mamérita Mestanza fue esterilizada contra su voluntad y falleció por esta causa posteriormente, fue el primer caso de esterilizaciones forzadas que logró que diferentes instituciones intervengan y logren denunciar estos hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es tras la denuncia de este caso que se da un acuerdo de solución amistosa entre la CIDH y el Estado peruano que le exigía a este último iniciar una investigación respecto del caso de Mamérita Mestanza y de las demás mujeres que habían denunciado esterilizaciones forzadas. El acuerdo exigía juzgar y sancionar a los responsables, y no solamente a los responsables directos.
Entonces, el caso de Mamérita Mestanza es distinto porque involucró a un organismo internacional de derechos humanos. Considero que esto ha impedido que el fiscal considere archivar el caso. Sin embargo, es preciso señalar que este acuerdo amistoso, si bien se refería a un caso con nombre concreto, también abarcaba la exigencia de investigar los otros casos de esterilizaciones forzadas.
IUS 360°: Tenemos entendido que se ha presentado un recurso de queja, ¿qué es lo que se está alegando y solicitando?
La defensa de las víctimas hemos presentado el recurso de queja de derecho respecto de los casos que han sido archivados. Lo que se solicita es que estos sean elevados a la Fiscalía Superior a efectos de que esta pueda analizar toda la investigación y las evidencias que se han venido acopiando.
Hemos presentado este recurso porque a nuestro entender, el fiscal que ha archivado los casos no ha hecho un análisis profundo de los casos. Si bien ha tomado testimonios, en su resolución fiscal no valora los mismos ni se pronuncia de manera lógica respecto de los hechos que señala y la conclusión a la que llega. Es decir, hay errores graves en la motivación. Vemos en la resolución únicamente generalidades, no hay un análisis profundo de toda la evidencia que hay en la investigación.
Lo que estamos buscando es que el Fiscal Superior rechace la resolución emitida en primera instancia. Buscamos que se continúe la investigación con los que ya están investigados para posibilitar la judicialización contra ellos y respecto del expresidente Fujimori que recién ha sido incorporado a la investigación, inicie las diligencias para acopiar otras evidencias respecto de su responsabilidad.
IUS 360°: ¿Qué podría hacerse si se rechazara este recurso de queja?
Dado que estos son casos cuya investigación formó parte de un acuerdo de solución amistosa entre el Estado Peruano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el otro recurso que estamos planteando es una comunicación formal a la CIDH haciendo conocer de esta resolución de archivamiento, como parte del seguimiento que realiza la Comisión a los acuerdos que tiene el Estado Peruano con la misma. Es decir, también vamos a ejercer presión internacional respecto de este tema.
