Daniel Ulloa, profesor de Derecho Laboral en la PUCP, nos habla en esta entrevista sobre el rol de la Sunafil en la fiscalización laboral y el proyecto de Ley Nº 1722/2017 «Ley de fortalecimiento del sistema de inspección del trabajo».

Esta propuesta normativa, presentada al Congreso de la República por el presidente Pedro Pablo Kuczynski tras su mensaje presidencial, propone establecer a la Sunafil como Autoridad Central del Sistema de Inspección del Trabajo. Esto implica que esta entidad tendrá competencia absoluta de las funciones de inspección del trabajo a nivel nacional.

En los tres años que tiene de creada la Sunafil, ¿cuál ha sido su rol en la fiscalización laboral?

Su rol ha sido muy relevante, tanto es así que desde algunos sectores se le ha cuestionado su rol tutelar, crítica que resulta contradictoria pues Sunafil ha sido creada para proteger los derechos laborales y de seguridad social y salud de los trabajadores, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el convenio OIT 81, ratificado por Perú y por tanto, norma de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, a diferencia de los gobiernos regionales, no tiene competencia para fiscalizar pequeñas empresas, aspecto que ojalá se pueda modificar con un reciente proyecto de ley. No obstante su relevante rol, existen deficiencias que impiden el cumplimiento cabal de las funciones de los inspectores de trabajo. Por ejemplo, no se cuenta con el número mínimo necesario de inspectores; los inspectores no se encuentran correctamente distribuidos por regiones, no se cuenta con herramientas o materiales de trabajo adecuados que faciliten su labor (movilidad, impresoras, etc.), todavía no existe el tribunal de fiscalización para uniformizar criterios, etc. Un ejemplo cercano de esta labor puede ser la dirección general de trabajo de Chile.

Después de su mensaje a la nación, PPK ha presentado al Congreso un proyecto de ley para optimizar la labor de fiscalización laboral a través del fortalecimiento de la Sunafil. ¿Qué opina sobre esta iniciativa? ¿Ayudará realmente a solucionar o disminuir la informalidad laboral? ¿Se logrará mejorar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores?

Considero que toda la inspección del trabajo debería estar concentrada en una sola entidad. Me parece contradictorio el esquema actual, previsto para una anhelada descentralización, que en realidad no ha funcionado. Recordemos además que, según datos del último anuario estadístico emitido por el Ministerio de Trabajo, el 88% de los empleadores formales tienen menos de 10 trabajadores, con lo cual la apuesta legislativa careció de base real.

En el artículo 3 de este proyecto de ley se propone la transferencia progresiva de competencias y funciones inspectivas de los gobiernos regionales a Sunafil, lo cual incluye al personal que realiza la función inspectiva y una partida presupuestal correspondiente. En realidad, lo que debe darse es un incremento del personal de Sunafil (inspectores de trabajo y auxiliares) pues el actual número es insuficiente para abastecerse en las labores que le competen. Con Sunafil debe ocurrir lo mismo que se hizo con SUNAT: pasó a ser una DGC desordenada y que no generaba respeto a una entidad que preocupa, en el buen sentido, a las empresas. Si con los tributos hemos logrado un cambio ¿por qué no se puede hacer esto con la entidad que vela por las personas que trabajan?

Consecuentemente, el objetivo debe ser fortalecer la inspección, implementando y capacitando al personal en el marco de las funciones que ya venía desempeñando y con las que está familiarizado.

¿Que ahora Sunafil tenga la exclusividad de la inspección laboral garantiza una adecuada cobertura fiscalizadora y sancionadora a nivel nacional? ¿La flexibilidad de la distribución de los inspectores de trabajo contribuye a ello?  

Con personal capacitado y con una dirección que realmente establezca reglas y directivas claras (como funciona un semáforo en la ciudad), todos estaremos advertidos. No es un tema, creo yo, de ser pro trabajador o pro empleador: en este asunto debemos preocuparnos por la gente que trabaja en base a reglas fácilmente entendibles y previstas, en esencia, los derechos fundamentales según OIT.

¿Cuáles son los retos que deberá afrontar Sunafil para cumplir su labor de manera efectiva a partir de ahora?

Los retos, varios de ellos señalados por los sindicatos de inspectores y algunos aceptados por las autoridades de SUNAFIL, son los siguientes:

• Creación de intendencias de SUNAFIL en cada región. A la fecha solo existen 10 intendencias, faltan 14. Además, no solo es necesaria la creación sino también que estas se encuentren debidamente implementadas, para evitar problemas como única movilidad para inspectores en más de una región, escasez de movilidad para las visitas de inspección, falta de impresoras, etc.
• Que entre en funciones el tribunal de fiscalización laboral.
• Que existan directivas claras. Asimismo, que se publique la relación de empresas infractoras, en especial de los derechos fundamentales, para que la sociedad pueda conocer quienes hacen negocio con dumping
• Contar con inspectores de trabajo que tengan todas las facultades de inspección. En la actualidad, el cuerpo de Sunafil está formado mayoritariamente por inspectores auxiliares que tiene competencia únicamente para fiscalizar micro y pequeña empresa. El único requisito para el ascenso de estos inspectores es que cuenten con más de 2 años de experiencia (lo cual en la práctica se da, pues en su mayoría tienen entre 2 a 10 años trabajando en SUNAFIL). Debe priorizarse una carrera atractiva para el inspector.
• Implementar una política de ascensos que permita que los inspectores auxiliares que cumplen los requisitos asciendan a inspectores de trabajo, porque el número actual de estos es insuficiente. Esta práctica facilitaría la fiscalización de la informalidad en empresas con más de 100 trabajadores.
• Aumentar el número de inspectores de trabajo pues según OIT se requieren más de 3,000 inspectores de trabajo en nuestro país y en la actualidad la cifra llega a menos de 400 inspectores –incluyendo a los auxiliares, quienes como hemos anotado, no tienen todas las facultades para fiscalizar.
• Implementar locales que brinden facilidades y comodidades a inspectores y personal administrativo, así como para los usuarios (trabajadores que acuden con sus reclamos y empleadores que son citados). Nuevamente, el modelo chileno resulta atractivo.
• Implementar una política de Estado que fortalezca la implementación de la inspección laboral. Que la prioridad sean las personas y no los tributos.
• El cumplimiento de SUNAFIL debe los beneficios laborales de los inspectores de trabajo que laboran en esta entidad. Una muestra de estas deficiencias es que aun cuando existe un laudo arbitral que le otorga una bono por función inspectiva, SUNAFIL solo lo otorgó en el año 2015 y este beneficio fue nuevamente otorgado recién con los reclamos de los inspectores.

Una de las etapas previas para el fortalecimiento de la Sunafil es la transferencia progresiva de funciones de inspección de los gobiernos regionales hacia esta entidad. ¿Considera que esta transición conllevará algún problema o complicación?

Toda transición conlleva dificultades. Lo curioso es que se rehaga una propuesta de entidad que no tiene ni cinco años. Me parece que antes de cambiar el esquema de inspecciones se tuvo que considerar la realidad de nuestro país (la preponderancia de micro empresas y los problemas que esa realidad genera) antes que discutir sobre temas que afectaban a un porcentaje menor de trabajadores. Creo que los criterios para una adecuada política de inspecciones parten de: (i) definir las prioridades, (ii) intentar corregir las distorsiones que sufren la mayoría de las personas que trabajan, (iii) crear y difundir reglas claras aplicables a todos, sin excepción. Solamente con coherencia podremos luego exigir conductas.

Fuente de imagen: http://www.revistadeconsultoria.com/sunafil-inspeccion-del-trabajo