El descuido en el que se encuentra la educación legal en las universidades es uno de los factores de la crisis institucional que se cierne sobre el país. Los jueces, fiscales, procuradores, árbitros yabogados, cuestionados por sus prácticas corruptas y sus vínculos con organizaciones criminales, se formaron como profesionales en las facultades de derecho, donde muchos de ellos han ejercido la docencia y quizás lo siguen haciendo en la actualidad.
Se trata de una enorme cortina de cinismo, hábilmente tejida a través de la cultura legal que se articula desde las facultades de derecho y se proyecta en la práctica de los abogados. Una cultura legal que ha permitido justificar, como se ha visto, la corrupción y el fraude, bajo la falsa pretensión del carácter técnico de la profesión legal.
La práctica legal está definida por los intereses concretos que los abogados defienden y en las facultades de derecho se enseñan los conceptos, procedimientos y las convicciones que dan vida a la práctica legal, en muchos casos, útil para cualquier finalidad y sin vínculo con la justicia. Esta visión retorna a las facultades mediante diversas fuentes, principalmente a través del discurso de los profesores.
El contexto ha sido propicio para todo esto. Aunque el problema tiene antigua data, el modelo de desregulación creado mediante el Decreto Legislativo 882 de 1996, precipitó el deterioro y crisis del sistema universitario. Se crearon facultades de derecho bajo regímenes empresariales en medio de una débil estructura institucional universitaria. El modelo naciente respondía a la medida de las necesidades de una oleada privatizadora que ofrecía el mercado como realización de la “tierra prometida”.
Sin embargo, el mercado nunca fue capaz de hacer que las facultades de derecho cumplan los fines propios de la educación legal. Los intereses concretos de los empresarios y propietarios de las universidades sobrepasaron cualquier amague de “autorregulación”, o ésta sencillamente no se produjo.
La precariedad de este escenario no fue objeto de crítica de parte de los colegios de abogados. Y en algunos casos, hubo el auspicio de ciertos sectores de los segmentos más “altos” de la profesión. Detrás de la expresión “salvo el mercado, todo es ilusión”, se sentía que aquella era una oportunidad para ellos mismos. Puede estar aquí el origen de los abogados cuestionados por sus vínculos con las ramificaciones de la operación Lava Jato.
El carácter que define la crisis de la profesión legal impide que pueda ser enfrentada con reformas cosméticas. Es necesario propiciar un cambio cultural tan profundo como la crisis misma, lo cual implica reconocer el rol político que cumplen las facultades de derecho, su influencia en la configuración del sistema legal e institucional y, por lo tanto, sobre la democracia.
Transformar la enseñanza del derecho y cambiar la cultura jurídica para mejorar nuestras instituciones y la democracia. Esa es la reforma que se debería emprender para enfrentar la corrupción y superar las injusticias y desigualdades que nos impiden ser un país con futuro.
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