Escrito por Paul Villegas Vega(*)
La evaluación del Derecho ubica a quien realiza dicha actividad frente a estrategias para su desarrollo, observando entre las opciones el análisis de las normas, el análisis del desarrollo de actividades de las personas, o (sin pretender que este listado resulte absoluto) el análisis de la jurisprudencia. [1] Solo este punto de partida permite incorporar a la discusión los beneficios que le Derecho aporta al bienestar de la sociedad.
La referida discusión debe desarrollarse considerando la perspectiva que se tiene respecto del Derecho, reconociendo bien una aproximación lógica o bien una teleológica [2]. Los aportes de un Derecho que se base en la lógica no son menores por su colaboración en la construcción de un Derecho comprensible, que aporta a una lectura coherente de las normas aplicables. Sin embargo, el Derecho no se basa solo en la lógica, sino que los ejercicios de comprensión y análisis se realizan acompañados de juicios de valor. Así, la aproximación al Derecho, aunque coherente y ordenado, no podrá dejar de ser sobre todo aplicando una perspectiva teleológica, donde sean los juicios de valor los que acompañen a la búsqueda de una convivencia en sociedad con la mayor posibilidad de nivel de bienestar para la sociedad.
El Derecho público en toda situación considera los valores que inspiran su que hacer, allí en escenarios menores o mayores se tendrá que evaluar el impacto que pudiese presentarse para la sociedad. Y no es un escenario que haya pasado inadvertido para el caso de la explotación de los recursos naturales, pues ha sido en el tiempo que los diferentes países, de manera coherente con sus ordenamientos jurídicos nacionales y aquellas reglas que hayan aceptado desde el Derecho internacional, han realizado dicha actividad valorando los efectos (principalmente positivos, aunque hoy en día se tiene una perspectiva más amplia) que se generarían.
La vinculación con los recursos forestales la encontramos cuando se evalúan las acciones que se adoptan con el fin de aquella explotación sostenible. La regulación que alude a los recursos forestales se encuentra a nivel constitucional, legal y reglamentario, como en los niveles o espacios de gobierno nacional, regional y local. Se busca que la regulación permita la explotación de los recursos considerando el
impacto que genere dicha actividad frente a la población a la población, los propios recursos y los ecosistemas vinculados [3]. Será así como ella -la regulación-, aunque nutrida de diversa información (sin lugar a duda, interdisciplinaria), deberá aceptar los riesgos que la actividad suponga [4], incorporando limitaciones donde resulte necesario, habilitando determinadas conductas, entre otros. Desde esta breve reflexión sobre el Derecho público y los recursos forestales, se termina aludiendo a la sociedad, elemento indispensable y de referencia última para todo el ejercicio reflexivo y crítico que desde esta disciplina se elabora. Los aportes que se pueden incorporar al bienestar de la sociedad desde una adecuada -nótese el juicio de valor- explotación de recursos forestales podría aportar no solo a diversas metas que en políticas nacionales sectoriales se considere [5], sino que, en un plano de lenguaje más internacional, correspondería señalar que se brindarían aportes de manera transversal a los distintos objetivos de desarrollo sostenible.
Paul Villegas Vega
Barcelona, 4 de abril de 2025.
Referencias:
[1] La presente comunicación ha sido realizada en el marco de los proyectos de investigación: La aplicación de técnicas de intervención administrativa para el aseguramiento de la sostenibilidad de los recursos forestales en Perú, financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP; y, La regulación de riesgos derivados del cambio climático y las nuevas fórmulas para su justa distribución social. La transición hídrica como sector de referencia, financiado por la Agencia Estatal de Investigación adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación de España.
[2] Al respecto, revisar Triepel, H. (1974), Derecho público y política.
[3] Al respecto, revisar Esteve, J. (2023), Principios de Derecho regulatorio.
[4] A manera de contraste sobre la actividad de regulación vinculada a los recursos hídricos y los escenarios de transferencia entre cuencas, revisar Villegas, P. (2023), Los trasvases en tiempos de seguridad hídrica.
[5] A manera de ejemplo sobre las metas vinculadas a políticas sectoriales vinculadas a la prestación de servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento, revisar Torres, M.A. (2018), La creciente importancia de la reutilización de las aguas residuales urbanas en un entorno de escasez hídrica.
