Los recientes acontecimientos sobre el incendio ocurrido en la Galería Nicolini, en los centros comerciales Las Malvinas, en el Centro de Lima (22 al 29 de junio de 2017), en el que murieron calcinados por lo menos dos jóvenes trabajadores atrapados en uno de sus almacenes metálicos, nos muestran los límites del Estado peruano para prever y mitigar tales desastres. Comparando los hechos a los ocurridos 8 años atrás, tras el caso Bagua, podemos confirmar qué ineficientes resultan nuestras autoridades para entender y mitigar sus causas.
El caso Bagua o “Baguazo” ocurrido el 5 de junio de 2009, en el que fallecieron 33 personas (entre policías y civiles) y una fue desaparecida, nos recuerda las limitaciones de nuestras autoridades para gobernar comprendiendo la pluralidad cultural de nuestro país, evitando actitudes autoritarias centralista y la contradicción en sus propios actos gubernamentales. Las causas del Baguazo se encontraron en la publicación de normas contrarias a las comunidades originarias del país, en particular normas contra la propiedad y los recursos naturales de las comunidades amazónicas promulgadas sin respetar el diálogo o la consulta previa. Las protestas de estas comunidades fueron planeadas desde un año atrás, bajo conocimiento de nuestros gobernantes, y aunque se manifestó en una huelga que se iniciaría a fines del mes de marzo del año 2009, se tuvo cuando menos doce meses para comprender el daño ocasionado y prever la reacción que devendría de la población afectada.
En el caso de Las Malvinas, las causas del incendio y la muerte de los jóvenes calcinados, se asemeja al caso de Bagua. Por lo menos un año antes de los hechos del incendio nuestras autoridades municipales y el gobierno central tuvieron la oportunidad para prever la situación de peligro que se estaba produciendo. Locales apiñados, venta y almacenamiento de productos inflamables, almacenes clandestinos montados sobre la galería comercial a la vista de todos, explotación de jóvenes trabajadores que permanecían encerrados en dichos almacenes, entre otros hechos, muestran que nuestras autoridades debieron actuar corrigiendo esa situación.
Al igual que en el caso de Bagua, en el caso de Las Malvinas lo único que se exigía es que las autoridades cumplan con su función: en un caso, que los gobernantes no abusen de sus facultades legislativas, y en el otro, que las autoridades cumplan con fiscalizar los establecimientos que amenazan con el peligro.
Si bien las causas y los efectos de cada caso -el de Bagua y el de Las Malvinas – son diferentes, existen elementos comunes que nos llevan a esa comparación. En ambos existe la negligencia o ineficacia de nuestras autoridades gubernamentales, como hemos indicado, pero también existe la conveniencia de empresarios que sin sopesar los efectos humanos o culturales prefieren su cálculo lucrativo, sea éste formal o informal. Como en el caso Mesa Redonda o el caso de la discoteca Utopía, el caso de las Malvinas muestra la negligencia de nuestras autoridades y los intereses económicos de empresarios informales para evitar la fiscalización o control. Como en los casos del Aymarazo, Conga o Tía María, el caso Bagua muestra también la negligencia de nuestras autoridades y los intereses económicos de empresarios, esta vez formales, para evitar el control o respeto de normas de derecho ambiental o territorial de nuestras comunidades originarias.
¿Qué corresponde hacer?
Teniendo en cuenta los criterios y normas elementales de atención a la prevención de situaciones de desastres, la mejor solución es conocerlas, aplicarlas y cumplirlas. Hoy contamos con información y normas sobre gestión del riesgo de desastres que pueden ayudarnos a prevenir casos como los de Bagua y Las Malvinas. Por ejemplo, la ley 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD, obliga a nuestras autoridades nacionales, regionales y locales a planear la Gestión del Riesgo de Desastres:
“La Gestión del Riesgo de Desastres debe ser parte intrínseca de los procesos de planeamiento de todas las entidades públicas en todos los niveles del gobierno. De acuerdo al ámbito de sus competencias, las entidades públicas deben de reducir el riesgo de su propia actividad y deben evitar la creación de nuevos riesgos” (parágrafo “a”, del inciso 5.3, del artículo 5º de la Ley 29664)
¿Cumplimos con dicha disposición? ¿Cumplieron el año 2009 con un criterio semejante nuestras autoridades que atendieron casos como el de Bagua? ¿Cumplieron recientemente nuestras autoridades con dicha disposición para prever casos como el de Las Malvinas?
Tras 8 años del desastre de Bagua, nuestras autoridades siguen sin planear la reducción de riesgos de casos semejantes. No se logra entender a la población local, y no se promueve el diálogo como acción principal exigida incluso por normas constitucionales. Por otro lado, es lamentable que a pesar de desastres como el de las Malvinas nuestras autoridades sigan creando nuevos riesgos al incumplir con fiscalizar y corregir la situación de edificaciones que amenazan diariamente a visitantes, trabajadores e inquilinos.
FUENTE DE IMAGEN: gestion.pe
