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Escrito por Beatriz Franciskovic Ingunza (*)

 

Introducción

Este caso debe servirnos de reflexión, ya que lo mismo ocurre en nuestro país. En muchos municipios, el Estado no asume el cuidado de los animales de compañía abandonados; por lo que dicha tarea recae en personas que, con sus propios recursos, convierten sus casas o terrenos prestados en refugios. Con el tiempo, estos espacios se saturan, los recursos escasean y los animales, rescatados para vivir mejor, terminan en condiciones de hacinamiento. La Sentencia T-153 de 2026 de la Corte Constitucional de Colombia aborda precisamente esta realidad y responde una pregunta clave: ¿quién debe hacerse cargo de los animales de compañía abandonados en un municipio?

La sentencia fue dictada el 29 de mayo de 2026 por la Sala Séptima de Revisión, integrada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y los magistrados Miguel Polo Rosero y Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien fue el ponente. En el presente comentario se exponen, en primer lugar, los hechos del caso y las decisiones de los jueces de instancia. En segundo lugar, el análisis de procedencia realizado por la Corte. En tercer lugar, las obligaciones que la Corte identificó a cargo de los municipios. Finalmente, se plantean algunas reflexiones sobre el alcance de la decisión.

Los hechos jurídicos relevantes 

En el municipio de Roldanillo, en el Valle del Cauca, funcionaba el refugio animal Coquena, el único hogar para animales de compañía callejeros y abandonados de esa localidad. Su representante legal, la señora Claudia Liliana Sánchez Bustamante, se había ocupado de él durante más de catorce años y cubría los gastos mediante rifas, ventas y la ayuda ocasional de la comunidad y de la administración municipal (párr. 22). El refugio albergaba a unos 400 perros y gatos, que consumían diariamente 100 kilos de alimento para perros y 16 kilos para gatos (párr. 19).

El 14 de mayo de 2025, el personero municipal de Roldanillo, Diego Fernando Franco Arcila, presentó una petición ante la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal del Valle del Cauca. Expuso los problemas del refugio, como el hacinamiento, la falta de ventilación y de presencia veterinaria y las filtraciones de agua, y solicitó mejorar su infraestructura, asegurar el suministro de alimentos e insumos y fortalecer el acompañamiento institucional (párr. 1). La respuesta de la Subsecretaría se limitó a informar sobre una visita al refugio, la atención de los animales y unas recomendaciones remitidas a la Alcaldía (párr. 2). Por considerarla incompleta, el personero interpuso una acción de tutela.

Durante el trámite, la propia Subsecretaría constató la gravedad de la situación. Los perros solo estaban vacunados contra la rabia; apenas 20 de los aproximadamente 200 perros no presentaban lesiones aparentes en la piel y los cuatro perros examinados mediante raspado cutáneo resultaron positivos para sarna sarcóptica, una enfermedad contagiosa que también puede transmitirse a las personas (párr. 62).

Las decisiones de instancia

El Juzgado Primero Penal Municipal de Roldanillo amparó el derecho de petición del personero, pero declaró improcedente la tutela en lo relativo al bienestar animal, porque consideró que existía otro medio, la acción popular. El Juzgado Penal del Circuito confirmó esa decisión y añadió que los animales no son titulares de derechos fundamentales y que, para protegerlos, existen la acción popular y la acción de cumplimiento (párr. 34).

Mientras el caso se encontraba en revisión, ocurrió un hecho decisivo. El Tribunal Superior de Cali dio por terminado el contrato de arrendamiento del predio donde funcionaba el refugio y ordenó su entrega a más tardar el 21 de febrero de 2026, por lo que Coquena quedó sin un lugar donde continuar operando (párr. 38).

La procedencia de la tutela

La primera cuestión que resolvió la Corte fue si el personero podía acudir a la tutela para proteger a los animales. La respuesta fue afirmativa, pero con una precisión importante. Según la Corte, la finalidad de la acción no consistía en reivindicar derechos fundamentales propios de los animales, “lo cual no corresponde al marco constitucional vigente”, sino en procurar el cumplimiento del deber constitucional de protección del ambiente y de los animales (párr. 61). Esta labor corresponde a los personeros, que ejercen funciones de Ministerio Público en el ámbito municipal (párr. 60).

La Corte vinculó, además, la protección de los animales con el derecho a la salud de las personas. La concentración de 400 animales en un espacio reducido, con vacunación mínima y malas condiciones sanitarias, no solo afectaba su bienestar, sino que también generaba un riesgo de transmisión de enfermedades para la cuidadora, los veterinarios y la comunidad (párr. 105).

Por último, la Corte consideró que la acción popular no era eficaz en este caso. Una sola persona no podía controlar la salud de 400 animales, había una emergencia sanitaria en curso y existía el riesgo de que algunos animales escaparan y se volvieran ferales, lo que extendería el foco de contagio (párrs. 110 a 112).

Como el refugio ya había tenido que entregar el predio, la Corte declaró la carencia actual de objeto respecto de las mejoras de infraestructura. Aun así, decidió pronunciarse sobre el fondo, porque la salud de la comunidad seguía en riesgo, estaba en juego el posible desconocimiento del precedente y se trataba de una línea jurisprudencial con pocas decisiones (párr. 125).

Las obligaciones de los municipios

El aporte central de la sentencia radica en la identificación de los deberes de los municipios respecto de los animales abandonados. La Corte recordó que la Ley 2054 de 2020 dispone que, mientras no exista un centro público de bienestar animal, los municipios deben apoyar a los refugios privados con aportes en especie y realizar al menos una jornada trimestral de adopción y otra bimestral de esterilización de los perros y gatos declarados en abandono (párr. 201). En síntesis, los municipios tienen el deber de establecer un hogar de paso o un centro de bienestar para los animales abandonados o callejeros, a fin de protegerlos y darles en adopción (párr. 208).

Al aplicar estas reglas al caso, la Corte concluyó que la Alcaldía de Roldanillo había incumplido sus obligaciones. Aunque entregó alimento, una volqueta de balasto y 20 hojas de zinc para el techo, no acreditó haber realizado las jornadas trimestrales de adopción, y la Corte consideró que la ayuda entregada fue insuficiente para proteger a 400 animales a cargo de una sola persona (párr. 223).

La Alcaldía alegó limitaciones presupuestarias. La Corte respondió que, aun si no hubiera recursos para construir un centro de bienestar animal, las jornadas de adopción no implicarían cargas presupuestales significativas. Y añadió que la omisión del municipio contribuyó a que la representante del refugio quedara a cargo de unos 400 perros y gatos, por encima de su capacidad material (párr. 224).

La responsabilidad no se limitó al municipio. La Corte reconoció que la Subsecretaría departamental cumplió sus funciones asistenciales, pues prestó servicios veterinarios y realizó seguimientos (párr. 228). Sin embargo, la Gobernación del Valle del Cauca, a través de su Secretaría de Ambiente, tenía el deber de coordinar y acompañar una situación que superaba el ámbito municipal, y no lo hizo (párrs. 229 y 230).

La decisión

La Corte amparó el derecho de petición del personero y declaró la carencia actual de objeto respecto del derecho a gozar de un ambiente sano. Además, la Corte formuló cuatro prevenciones, es decir, advirtió formalmente a las autoridades sobre las obligaciones que debían cumplir:

  1. A la Alcaldía de Roldanillo y a la Subsecretaría departamental, para que, mientras no exista un centro público de bienestar animal, realicen acciones de atención en salud y vacunación para los animales callejeros o abandonados, al menos una jornada trimestral.
  2. A la Alcaldía, para que realice jornadas trimestrales de adopción, entregue a los animales vacunados y desparasitados, y adelante los procedimientos para construir un centro público de bienestar animal.
  3. A la Gobernación, para que evalúe, vigile y dé seguimiento a esas acciones.
  4. A la Alcaldía, para que realice jornadas bimestrales de esterilización de los animales del refugio declarados en abandono.

La magistrada Meneses Mosquera firmó con salvamento parcial de voto, cuyo texto no se incluye en la versión consultada de la sentencia.

Análisis 

La sentencia muestra que es posible exigir judicialmente la protección de los animales sin necesidad de declararlos titulares de derechos fundamentales. La Corte fue clara al señalar que la tutela no buscaba reivindicar derechos de los animales, sino hacer cumplir los deberes que la Constitución y la ley imponen a las autoridades. Este enfoque, que parte de los deberes de los seres humanos y del Estado frente a los seres sintientes, permitió ofrecer una respuesta concreta a un problema real, sin entrar en el debate sobre la subjetividad jurídica de los animales.

Un acierto de la decisión ha sido vincular el bienestar animal con la salud humana. El hacinamiento de 400 animales enfermos no es solo un problema de los animales, sino también de la cuidadora, de los veterinarios y de toda la comunidad. Esta conexión no debe entenderse como si el animal solo importara en la medida en que afecta al ser humano, pues la propia Corte reconoce el deber de protegerlos por su condición de seres sintientes. Más bien, muestra que el abandono de animales también es un problema de salud pública que los municipios no pueden ignorar.

Quizá la idea más valiosa de la sentencia es la respuesta a la falta de presupuesto, el argumento más frecuente de los gobiernos locales. La Corte no exigió que el municipio construyera de inmediato un centro de bienestar animal, pero sí le recordó que existen medidas que apenas cuestan dinero, como las jornadas de adopción, y que no realizarlas también constituye un incumplimiento. Esta precisión es importante, porque impide que la falta de recursos se convierta en una justificación para no hacer nada.

El caso de Coquena refleja una realidad que se repite en muchos lugares. Ante la inacción de las autoridades, son personas particulares quienes, durante años, asumen el rescate y el cuidado de los animales abandonados con sus propios recursos. La Corte reconoció que la omisión del municipio contribuyó a que la cuidadora superara su capacidad. Es decir, el problema no fue solo la falta de apoyo a un refugio, sino que el Estado trasladó a una persona un deber que le correspondía.

La sentencia también tiene algunas limitaciones. Al haberse perdido el predio, la Corte no pudo dictar órdenes sobre el refugio y se limitó a formular prevenciones, que tienen menor fuerza que una orden directa. Además, la decisión no resuelve qué pasará con los 400 animales que quedaron sin lugar. Su eficacia dependerá, en buena medida, del seguimiento que realice la Gobernación y de la voluntad de la Alcaldía para construir, por fin, un centro de bienestar animal.

La Sentencia T-153 de 2026 recuerda que el cuidado de los animales abandonados no es un acto de caridad que pueda dejarse en manos de particulares, sino una obligación de las autoridades. Ojalá la mayoría de los municipios de nuestro país asuman sus atribuciones y realicen campañas de vacunación y esterilización, promuevan la adopción y cuenten con un lugar donde acoger a estos animales, y no puedan excusarse por falta de recursos para omitir lo que está a su alcance. Queda por ver si estas prevenciones se cumplirán, pero la sentencia establece una regla clara. Cuando un refugio colapsa porque nadie lo apoyó, la responsabilidad no recae solo en quien lo sostuvo, sino también en el Estado que no cumplió su deber.

 


 

(*) Sobre la autora: Doctora en Derecho y Ciencias Políticas por la UNMSM. Magister en Derecho Civil por la USMP. Abogada. Docente de la Universidad Científica del Sur.

 

Referencias

 

Corte Constitucional de Colombia, Sala Séptima de Revisión. (2026, 29 de mayo). Sentencia T-153 de 2026 (M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar, Expediente T-11.471.093). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2026/T-153-26.htm

 

Escrito por

Beatriz Franciskovic Ingunza

Doctora en Derecho y Ciencias Políticas por la UNMSM. Magister en Derecho Civil por la USMP. Abogada. Docente por la Universidad Científica del Sur.

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