Escrito por Gustavo Zambrano Chávez[1]
La situación de emergencia en el Perú frente al Covid 19 viene reflejando una respuesta gubernamental parcialmente adecuada que debemos apoyar. Pero sobre todo evidencia las aun existentes limitaciones para atender en los centros de salud nacional, y con la debida capacidad, a quienes se han contagiado.
En esa línea, si bien se está respondiendo por el mismo esfuerzo humano acostumbrado a trabajar en escazas condiciones, tales limitaciones -sobre todo herencias de anteriores gobiernos- demuestran cuáles fueron realmente las prioridades de quienes tuvieron el poder en sus manos en su momento. Esta situación se nota más en las regiones, sobre todo en zonas predominantemente indígenas, grupo humano que ha estado invisibilizado en las políticas públicas. Las dificultades para garantizar a los pueblos indígenas una atención en salud, no se limitan solo a la manera cómo se ha estado respondiendo, sino sobre todo a problemas estructurales de gestión cuyas políticas no han considerado esta realidad. Frente a ello, hay dos análisis que podemos hacer. El primero, cómo se viene afrontando la emergencia en zonas donde habitan pueblos indígenas a pesar de las limitaciones heredadas; y el segundo, qué se debería empezar a hacer de ahora en adelante sobre todo en estas zonas del país. Me gustaría centrarme solo en la segunda, ya que sobre lo primero bastante ya se escribe.
Para hablar sobre lo que se tendría que tener en cuenta, me gustaría revisar con ustedes algunas cifras. En el Perú hay 55 pueblos indígenas, 4 andinos y 51 amazónicos. El pueblo Quechua es el más numeroso, predominante en la zona Andina, seguido por el Ashaninka, concentrado en zonas de Selva Central, principalmente en el departamento de Junín. De acuerdo con cifras del último censo (2017), en el Perú el 25,8% de las personas de 12 años a más (casi 6 millones) se han autoidentificado como pertenecientes a un pueblo indígena. Son cinco (5) los departamentos con mayor porcentaje de personas que así se han autoidentificado: Puno (90.8%) Apurímac (87%), Ayacucho (81,5%), Huancavelica (80.9%) y Cusco (76.1%). En la Amazonía, Madre de Dios es el departamento con más población indígena (39,96%). De ese total nacional Lima es el departamento con mayor concentración de personas que se autoidentifican como indígenas de todo el país con un 22.5% (más de 1 millón de personas), seguido de Puno (14.3%) donde suman 857 mil 469 personas. Pero las concentraciones pueden ser mayores si afinamos la mirada; a manera de ejemplo, entre los distritos con mayor cantidad de personas que se han autoidentificado como pertenecientes a un pueblo indígena, tenemos el distrito de Turpo, en la provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac con el 99.9% de sus habitantes así autoidentificados, y los distritos de Santiago de Pupuja y Achaya ambos en la provincia de Azángaro, departamento de Puno, con el 98,9%.
Por otro lado y de manera complementaria, en el Peru se hablan 48 lenguas indígenas u originarias además del castellano: 4 andinas y 44 amazónicas. De acuerdo con el último censo, el 16% del total de hablantes de 3 años a más de edad aprendieron a hablar en alguna de esas 48 lenguas. De ese total, el 51,9% son mujeres y el 48,1% son hombres. El Quechua es la lengua más hablada con casi 4 millones de personas que la tiene como lengua materna (13,9% de la población nacional). La siguen el Aymara (450 mil), el Ashaninka (73 mil 500), el Awajun (56 mil 500), y el Shipibo-Conibo (34 mil). En Apurímac el 69,9% de la población habla una lengua indígena; la siguen Puno (68,9%), Huancavelica (64,5%), Ayacucho (62,7%) y Cusco (55,2%). Loreto es el departamento con mayor diversidad lingüística con 29 lenguas. Lima es el departamento con mayor número de hablantes de lenguas indígenas u originarias: más de 700 mil personas hablan quechua en Lima, estando la mayor concentración de sus hablantes en San Juan de Lurigancho (26% de la población de este distrito). Adicionalmente, el número de personas que tiene como lengua materna alguna lengua indígena ha aumentado en 465,368 personas, siendo el Shiibo-Conibo la lengua que más aumentó con 11 mil personas.
¿Por qué comenzar por acá? Principio de realidad. Una conclusión relacionada con la forma cómo se está atendiendo a las personas indígenas en esta emergencia, es que los servicios no están llegando como se espera deben de llegar. Ojo, los servicios no llegaban antes adecuadamente, y la situación de emergencia no ha cambiado esta situación, la ha agravado. La alta incidencia de enfermedades comunes lo demuestra, sobre todo en el caso de comunidades nativas. De acuerdo con el censo del 2017, la diarrera, los vómitos, la desnutrición y la anemia son las enfermedades más comunes en estas comunidades; de las 2 mil 703 comunidades nativas censadas, la población de 1 mil 539 comunidades presentó estas enfemedades, seguidas por la uta, la malaria, el paludismo, y el dengue (presente en 1 mil 124 comunidades). Luego, de llegar el servicio, la pertinencia cultural no siempre ha estado reflejada en la forma cómo éste se da. ¿Se ha incorporado de manera adecuada el enfoque intercultural en la cadena de valor del servicio? ¿Existe alguna evidencia que así lo demuestre?
El punto es que para responder a la pregunta sobre qué hay que hacer de ahora en adelante, debemos no olvidar estas cifras. Si ya tenemos data, hay que usarla. Si un cuarto de la población nacional se ha autoidentificado como indígena, es vital revisar si en efecto el aparato del Estado en todos sus niveles considera esta realidad y cómo. Si mantenemos estructuras mentales monoculturales en las decisiones de política publica, la realidad pluricultural nos estará exigiendo cambiar. Hay que verbalizar nuestra realidad: un cuarto de la población nacional ha dicho que se autoidentifica como indígena.
Por otro lado, si ya conocemos donde están las mayores concentraciones de la población indígena, tanto en distritos, provincias como departamentos, es necesario revisar marcos normativos para establecer cómo hacer gestión municipal y regional. Por ejemplo, es pertinente revisar las formas cómo se establece un presupuesto participativo, o dónde se destinan los recursos públicos a nivel municipal. Si se sabe dónde hay predominancia de lenguas indígenas, ¿se hace uso de la lengua indígena predominante en la atención pública? El trabajo de formar traductores e intérpretes no debe detenerse (debe destinarse más recurso público a ello); pero debe impulsarse que -sobre todo donde se evidencia que casi el 100% de las personas hablan una lengua indígena-, los servicios en efecto se brinden en esa lengua.
Por otro lado, y para concluir, las brechas socioeconómicas que tiene los pueblos indígenas no son recientes. Ese es el escenario donde se atiende la emergencia y a la vez donde hay que trabajar con pertinencia cultural para mejorar condiciones de vida. La pandemia y la cuarentena estricta están mostrando descarnadamente los problemas que siempre estuvieron ahí; y evidenciando que no se consideró la realidad indígena en el diseño y luego implementación del trabajo estatal. No se puede exigir atender la emergencia con miradas urbanas, y menos mantener estas formas de trabajar, cuando aun el 11% de las personas que no saben leer o escribir (sea su lengua originaria pero sobre todo castellano) y el 9% de personas que no cuenta con algún nivel educativo, son indígenas; donde el 26% de las personas indígenas no cuentan con acceso a agua dentro de su vivienda y el 40% no cuenta con acceso a desagüe; donde el 20% de las personas que se han autoidentificado como indígenas en la Amazonía y el 28,4% en la zona Andina no cuentan con seguro de salud. Estas son las situaciones que deben enfocarse de ahora en adelante con lentes que si tomen en cuenta la realidad cultural del país, al menos cada vez más.
Referencias Bibliográficas
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA INEI (2018) III Censo de Comunidades Nativas 2017 Resultados Definitivos Tomo I. Lima: Presidencia del Consejo de Ministros, INEI.
MINISTERIO DE CULTURA (2020) Base de Datos de Pueblos Indígenas, en https://bdpi.cultura.gob.pe última visita 03 de mayo del 2020.
[1] Especialista en derechos humanos y derecho ambiental, en particular en temas de pueblos indígenas vinculados a la gestión territorial, el manejo forestal, el cambio climático, la gestión de reservas para pueblos indígenas en situación de aislamiento, y consulta previa.