Cambios en la legislación contra los delitos de trata de personas y de explotación | Carlos Romero

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Escrito por Carlos Romero (*)

El 30 de marzo del 2021 fue publicada la Ley 31146, que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley 28950, con la finalidad de considerar la trata de personas y las distintas formas de explotación como delitos contra la dignidad humana, y procurar una reparación civil integral y adecuada a sus
víctimas.

Surgió como una iniciativa legislativa de seis grupos parlamentarios, impulsada por el congresista Gino Costa (Partido Morado), con la asistencia técnica de CHS Alternativo. El 10 de diciembre del 2020 la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso formuló un dictamen favorable por unanimidad y el 8 de marzo del 2021 la ley fue aprobada también por unanimidad de 109 congresistas.

Posteriormente, el 29 de marzo del 2021 la ley fue promulgada por el presidente de la República en una ceremonia pública virtual, que contó con la participación de las presidentas del Congreso y del Poder Judicial, la fiscal de la Nación, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y los ministros de Justicia y Derechos Humanos y del Interior, así como por congresistas de distintos grupos parlamentarios y representantes de la sociedad civil.

Cuatro son los principales aspectos que desarrolla la nueva ley, a saber, la dignidad humana como bien jurídico protegido, la constitución en actor civil en los casos de niñas, niños y adolescentes víctimas, los criterios para la determinación de la reparación civil y la utilización de los bienes decomisados u objeto de extinción de dominio para el pago de la reparación civil.

1. La Dignidad como Bien Jurídico

Los delitos de trata de personas y de explotación en sus distintas formas afectan la dignidad humana, no sólo como principio que informa todo el sistema jurídico, sino como un bien jurídico susceptible de ser protegido de forma directa por el Derecho Penal, cuyo núcleo esencial se concreta en la prohibición de cosificación, instrumentalización o mercantilización de una persona al servicio de otro [2].  En efecto, si bien la dignidad «es un valor que se encuentra presente, con mayor o menor intensidad, en todos los derechos fundamentales, también posee un contenido específico y autónomo que no puede ser alcanzado totalmente por cada derecho independientemente considerado» [3].

La nueva ley incorpora un título específico en el Código Penal para los delitos contra la dignidad humana, con dos capítulos referidos a la trata de personas y a la explotación, que permitirá superar la anterior dispersión de estos en cinco capítulos distintos, a saber, la violación de la libertad personal, el proxenetismo, las ofensas al pudor público, la violación de la libertad de trabajo y los delitos contra la paz pública.

La importancia de la protección de la dignidad humana ha sido asumida por la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, en el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena de 1949, la Declaración y Programa de Acción de Viena que se aprobaron al término de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993 y el Plan de Acción Mundial para Combatir la Trata de Personas del 2010. Por su parte, en la legislación comparada cabe destacar que el Código Penal francés considera como infracciones contra la dignidad a la trata de personas y las manifestaciones de explotación sexual, laboral y de la mendicidad; y, en nuestro país, esta posición fue asumida como doctrina legal por la Corte Suprema de Justicia en su Acuerdo Plenario 06-2019/CJ- 116 del 10 septiembre del 2019.

2. La Constitución en Actor Civil

Solo cuando la víctima de un delito se constituye en actor civil será considerada parte en el proceso penal y, como tal, estará facultada para deducir la nulidad de actuados, ofrecer medios de investigación y de prueba, participar en los actos de investigación y de prueba, intervenir en el juicio oral, interponer recursos impugnatorios, intervenir en el procedimiento para la imposición de medidas limitativas de derechos y formular otras solicitudes en salvaguarda de sus derechos. También le permitirá colaborar con el esclarecimiento del hecho delictivo y de la intervención de su autor o partícipe, y acreditar la reparación civil que pretende [4].

Los defensores públicos especializados en víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y los abogados de los Centros de Emergencia Mujer del Ministerio del Mujer y Poblaciones Vulnerables patrocinan jurídicamente de manera gratuita a las víctimas de trata de personas y de explotación. Sin embargo, tienen dificultades para constituirse en actores civiles, sobre todo cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes, pues sus padres de familia o tutores se niegan a autorizar la solicitud de constitución como tales, sea por falta de información oportuna o por la propia naturaleza de este fenómeno criminal, donde el autor ofrece mejorar la situación económica de sus víctimas y sus familiares, amenazándolos o engañándolos. Así, por ejemplo, durante el primer trimestre del 2018 solo en el 3% de los casos de trata de personas que conoció la Defensa Pública lograron constituirse en actor civil y un año antes, el 2017, en el 2% [5].

La nueva ley facilita la constitución en actor civil de la defensa de las niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas y explotación, al permitir que los abogados de la Defensa Pública Especializada en Víctimas o de los Centros de Emergencia Mujer asuman su representación legal en el proceso penal y, en consecuencia, puedan constituirse en actor civil para hacer efectivo su derecho de acceso a la justicia, ejerciendo plenamente sus derechos procesales.

3. Los Criterios para la Reparación Civil

El Estado Peruano cumple con prever un mecanismo para la reparación del daño ocasionado a la víctima, a saber, la reparación civil como pretensión acumulada en el proceso penal, sin perjuicio de que la víctima decida recurrir directamente a la vía civil [6]. Sin embargo, en la práctica se incumple la obligación de procurar la reparación integral a la víctima, pues —como lo han constatado la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo [7] y la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico [8] — no se han establecido criterios para la determinación de la reparación civil que permitan predecir a los justiciables la indemnización que recibirán y los jueces fijan montos inadecuados en atención al bien jurídico afectado.

Luego de analizar cómo los jueces penales nacionales determinaron los montos indemnizatorios en casos de trata de personas, la Universidad del Pacífico identificó que imponen indemnizaciones «por todo concepto», que no motivan sus decisiones, que no existe una proporción adecuada entre el daño causado y la indemnización otorgada, y que carecen de parámetros para valorar los daños, sean estos patrimoniales o extrapatrimoniales [9].

La nueva ley procura una reparación civil integral y adecuada para las víctimas de trata de personas y de explotación en sus distintas formas, precisando cuatro criterios mínimos para su determinación, a saber, los salarios impagos; los costos del tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico; los costos de la rehabilitación física, social y ocupacional; y, la indemnización por la pérdida de oportunidades, empleo, educación y prestaciones sociales. De esta manera, el legislador asumió la recomendación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito expresada en el artículo 28 de su Ley Modelo contra la Trata de Personas.

4. Los Bienes Decomisados u Objeto de Extinción de Dominio

Otra dificultad para asegurar la satisfacción de los derechos de las víctimas de trata de personas y de explotación es la imposibilidad de ejecutar la reparación civil determinadas a su favor en la sentencia. Si bien los tratantes y los explotadores generan significativos ingresos, tienden a ocultar su patrimonio. Puede ocurrir, por ello, que los únicos bienes que formalmente integran su patrimonio sean objeto de decomiso o de extinción de dominio y pasen a la titularidad del Estado por constituir efectos o ganancias de la actividad criminal.

La nueva ley dispone que el producto de la subasta que realice el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) respecto de los bienes que constituyen efectos o ganancias de la trata de personas y la explotación que fueron objeto de comiso o de extinción de dominio, sea destinado al pago de la reparación civil de las víctimas de estos delitos cuando el condenado no cuente con patrimonio suficiente para afrontarla. Agrega que el procurador público, en este caso el que ejerce la defensa legal del Sector Justicia, deberá iniciar las acciones legales contra el condenado para recuperar lo pagado.

De esta manera, el legislador observó los Principios y Directrices Recomendados sobre Derechos Humanos y Trata de Personas de las Naciones Unidas, cuyo Principio 16 exige a los Estados que «consideren la posibilidad de que, en la medida de lo posible, los bienes decomisados sean destinados a dar asistencia e indemnizar a las víctima de la trata» y la Directriz 4.4 especifica que «el producto decomisado de la trata de personas sea utilizado en beneficio de las víctimas de ella».

En el mismo sentido, la Organización Internacional del Trabajo considera que: «El decomiso legal de activos puede ayudar a que se pague la indemnización. Por ejemplo, en Alemania, las autoridades de procesamiento penal pueden embargar temporalmente los activos de los infractores y, a partir del momento en que se emprende dicha acción, las víctimas disponen de un período de tres meses para presentar sus demandas. En los Estados Unidos, los tribunales pueden ordenar el decomiso de los bienes utilizados para facilitar un delito de trata, o derivados del producto del delito, y existen procedimientos para adjudicar a las víctimas los activos decomisados» [10].

Se advierte, pues, que la nueva Ley 31146 constituye una herramienta importante para que el Estado Peruano fortalezca sus acciones integrales contra los graves fenómenos criminales de la trata de personas y las distintas formas de explotación, cumpliendo los estándares internacionales en esta materia, sobre todo con un enfoque centrado en la víctima.

(*) Sobre el autor: Abogado por la Universidad de San Martín de Porres, magister en Derecho con mención en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y exbecario del Programa de Visitantes Internacionales «Crímenes Internacionales: Terrorismo, Narcotráfico y Trata de Personas» del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ha sido docente universitario de Política Criminal y fue el primer secretario técnico del Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas, que continúa como Comisión Multisectorial. Actualmente integra CHS Alternativo, organización que desde hace dos décadas promueve y protege los derechos humanos de las víctimas de trata de personas y de explotación.

Imagen obtenida de: https://bit.ly/3sNDZWN


[2] Alonso, Mercedes. ¿Protección penal de la dignidad? A propósito de los delitos relativos a la prostitución y a la trata de personas para la explotación sexual. En Revista Penal, Número 19, 2007, página 5.

[3] Montoya, Yván (2016). El delito de trata de personas como delito complejo y sus dificultades en la jurisprudencia peruana. En Derecho PUCP. Revista de la Facultad de Derecho. Número 76. Lima, página 406.

[4] Artículos 104 y 105 del Código Procesal Penal.

[5] Capital Humano y Social Alternativo (2020). VII Informe Alternativo. Balance de la Sociedad Civil sobre la Situación de la Trata de Personas en el Perú 2018-2019. Lima, página 103.

[6] El artículo 106 del Código Procesal Penal señala que «La constitución en actor civil impide que presente demanda indemnizatoria en la vía extra penal. El actor civil que se desiste como tal antes de la acusación fiscal no está impedido de ejercer la acción indemnizatoria en la otra vía».

[7] Defensoría del Pueblo y Capital Humano y Social Alternativo (2020). Abordaje Judicial de la Trata de Personas. Serie Informes de Adjuntía, Informe 001-2020-DP/ADHPD. Lima, Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, página 86.

[8] Universidad del Pacífico (2018). Amicus Curiae. Aportes Sustantivos y Procesales a la Persecución del Delito de Trata de Personas. Lima, Facultad de Derecho, página 76.

[9] Ibidem.

[10] Organización Internacional del Trabajo (2014). Intensificar la Lucha contra el Trabajo Forzoso. Informe IV (1). Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, página 53, numeral 177.

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Abogado, magister en Derecho con mención en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ex becario del Programa de Visitantes Internacionales «Crímenes Internacionales: Terrorismo, Narcotráfico y Trata de Personas» del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Fue el primer secretario técnico del Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas, que continúa como Comisión Multisectorial. Actualmente integra CHS Alternativo, organización que protege los derechos de las víctimas de trata de personas y las distintas formas de explotación.

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